La medida de prisión provisional en causas de gravedad está por encima del derecho de participación en las elecciones. Esa ha sido la posición de la Fiscalía en las comparecencias ante el Tribunal Supremo del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, siete exconsejeros y los líderes independentista Jordi Sànchez y Jordi Ciuxart, quienes en su mayoría son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre convocadas en Catalunya.

Consuelo Madrigal, exfiscal del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, han sido los miembros del ministerio público que han asistido a estas comparecencias y han pedido que permanezcan en prisión provisional el exvicepresident Oriol Junqueras, los otros siete exconsellers, además de los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En una nota hecha pública el Ministerio Público destaca que, “ante la gravedad de los hechos investigados” ha solicitado el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes.

"La Fiscalía en su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno. En todo caso, considera que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", explica la nota.

En esta petición ha coincidido con el partido de derechas Vox, que ejerce la acusación popular.

La Fiscalía ha destacado que no han cambiado las circunstancias por las cuales la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a todos ellos a prisión. Este caso fue acumulado el pasado viernes en el Tribunal Supremo por el magistrado Pablo Llarena, quien investiga la participación de todos ellos en los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Catalunya del 27 de octubre, junto con la Mesa del Parlament.

La respuesta, el lunes

Tras las comparecencias, Llarena ha anunciado que resolverá si salen o no de prisión el próximo lunes a las 9 de la mañana, cuando dicte un auto que será entonces comunicado a los procuradores de cada investigado. El lunes a medianoche arrancará la campaña de las elecciones del 21 de diciembre.

Uno a uno, cada político ha explicado al juez “a su manera”, según fuentes presentes en la declaración, que en el futuro de Catalunya actuarán dentro de los límites legales de la Constitución y de los cauces democráticos.

Los diez políticos han expresado su acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el cual el Govern fue cesado el 27 de octubre y se celebrarán las elecciones en las que participan todos ellos excepto Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación, y Jordi Cuixart, líder independentista de Òmnium. Eso sí, desde la discrepancia jurídica y política.

Estos reconocimientos se han producido a preguntas de los abogados defensores. Los abogados de los exconsellers de PDCat han descartado el riesgo de fuga y su arraigo familiar, además de que no existe riesgo de reiteración delictiva porque están cesados y comparecen a las elecciones.
Por su parte, los exconseller de ERC han acatado el artículo 155 de la Constitución desde la discrepancia jurídica y política y han resaltado que la carta magna es “interpretable, flexible”, como sostienen en su escrito.

Candidatos al 21-D

Las defensas han resaltado que la mayoría son candidatos a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pero la Fiscalía considera que la medida cautelar de prisión está por encima de este derecho a la participación política que esgrimían debido a la gravedad de los delitos que se investigan.

Todos ellos han intentado rebatir las causas por las cuales la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los mandó a prisión por el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de fuga al valorar que la otra mitad del Govern cesado por el Gobierno central con Carles Puigdemont a la cabeza, viajó a Bruselas.

Respecto al riesgo de reiteración delictiva, los exconsejeros han insistido en que ya no ejercen el poder, así que no existe riesgo de que vuelvan a declarar la independencia. De ahí que hayan insistido en que en el futuro actuarán dentro del marco legal.

En cuanto al riesgo de fuga, han incidido en que comparecieron cuando fueron citados por la Audiencia Nacional, a pesar de la alta probabilidad que tenían de ser encarcelados como así ocurrió.

Han sido rápidas las comparecencias del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turul, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó.

Después de cuatro horas y media de declaraciones, todos ellos han salido en distintos furgones en dirección a las prisiones de Estremera (los exconsellers), Alcalá de Henares (las mujeres exconselleras) y Soto del Real (Sànchez y Cuixart).
Ni Junqueras ni Romeva han respondido a las preguntas de la Fiscalía, frente a Borrás y Forn –ambos del PDCat- que han sido los únicos que han contestado a todas las partes.

No dejan entrar a la defensa de Nuet

Se da la circunstancia de que Llarena dictó un auto el miércoles en el que citaba a los políticos encarcelados para este viernes y convocaba a todas partes de la macrocausa.

Pero los abogados del miembro de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet han visto cómo un funcionario les ha impedido el paso a las comparecencias.

Por ello, la defensa de Nuet ha presentado un escrito de queja ante el Tribunal Supremo porque no han podido asistir a estas comparecencias. Los letrados Enrique Santiago y Enrique Leiva denuncian además que han tenido conocimiento de que Borràs había presentado un escrito para declarar sobre el fondo de la causa.

En el escrito, solicitan de Pablo Llarena que explique la razón por la cual no se les ha dejado asistir a una diligencia de investigación y que el Supremo pague el desplazamiento este viernes de Leiva desde Barcelona.