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La Fiscalía incluye a Aguirre en la 'red de decisión' para financiar irregularmente al PP

Granados y Beltrán motaron una red opaca para cubrir 5 millones de excesos en las campañas de 2007, 2008 y 2011.

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Beltrán Gutiérrez y Esperanza Aguirre. EFE/Archivo

Las fiscales Anticorrupción del caso 'Púnica' incluyen a Esperanza Aguirre entre las personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" para financiar irregularmente al PP en la campañas de 2007, 2008 y 2011. Según la Fiscalía, esta red puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas de los conservadores, que se acercaron a los 5 millones de euros. 

Las fiscales, que también incluyen a Ignacio González, hablan en concreto de la "coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de Fundescam" ─entre los que estarían el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría─. En el mismo párrafo añade a "los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid".

Entre los más activos, el informe señala a Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Así se señala en un informe por el que el pasado 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción resume los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular a partir del estudio de la contabilidad 'b' hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, obrante en el sumario de Púnica. Los fiscales puntualizan que "el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó estos importes".

Según esta información, del estudio de dicha contabilidad B se deduce que en la campaña de 2007 el exceso de gasto fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros en 2011 de 1.556.000 euros "sin contar con los gastos abonados desde la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

Por todo ello, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá concluyen que en las tres campañas analizadas "el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad Autónoma de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal". Todo ello es indiciario de delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.

En otro documento previo elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) unos meses antes, el pasado mes de septiembre, se detalla cómo el Partido Popular Madrid recibió aportaciones irregulares por un importe total de 376.000 euros (entre ellos 100.000 euros de la patronal madrileña CEIM o 60.000 del Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández) para subvencionar la campaña de las elecciones municipales de 2007, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.

Dentro del dispositivo electrónico incautado por los agentes aparecían subcarpetas con archivos contables con información relativa a la campaña de 2007, entre ellas una bajo el epígrafe de "aportaciones especiales". Concretamente, se localizó en una cuenta corriente de la Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) los abonos exactos relacionados con las elecciones del año 2007 bajo las citadas denominaciones de "remanentes" y de "aportaciones especiales".

Los principales documentos en los que se centra la Fiscalía son la libreta con anotaciones manuscritas de Francisco Granados intervenida, así como los dos 'pen drives' intervenidos a Gutiérrez en su domicilio, entre sus pertenencias, en febrero de 2013.

Añade la Fiscalía, cuyos análisis son acogidos por el juez Eloy Velasco en documentos posteriores, que tras el análisis de dichos archivos ha podido identificar que los proveedores reales de los servicios acordaban facturar "a quienes se les indicara desde la gerencia del partido", desglosando además los importes para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas "y la otra parte fuera opaca".

Por lo que se refiere a los circuitos de financiación irregular, los archivos de Beltrán Gutiérrez revelan según las fiscales los canales de financiación irregular con los que se sufragaban los gastos electorales que el partido ocultaba. Entre otros, la Fundación Fusdescam, que según subrayan "fue un instrumento muy activo de financiación irregular del partido, desviando las subvenciones públicas que recibía la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido".

Otro de los sistemas de financiación irregular de los excesos electorales en el capítulo de gastos se instrumentalizó por el sistema de recompensa a donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Así, la Policía Judicial ha identificado varias adjudicaciones en favor del grupo de Arturo Fernández -Grupo Cantoblanco-, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011.

Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías -entre cuyos implicados figuraría según otros informes policiales la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- y servicios "presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas", posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe.

Este canal permitió que determinados proveedores de gastos electorales del partido como Back, RVS, CROMA 21 o Digital Plane S.L. fueran recompensados como adjudicatarios directos de contratos sin concurrecia por unos importes globales de 317.673 euros, 319.047, 22 euros y 115,177,99 euros "cuando por prestaciones casi continuadas en el tiempo entre los años 2007 al 2014 y de la misma entidad debieran haber sido procedimientos negociados".

Además, y con fecha de 9 de marzo, la UCO entrega un informe al juez en el que analiza la "abundante" documentación incautada en el domicilio y despacho del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez "constatando la existencia de una contabilidad B que supone una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y, con ello, un grado aceptable de pluralismo político".