La Fiscalía tiene previsto solicitar a Bélgica la extradición del presidente catalán cesado Carles Puigdemont cuando el juez del Supremo Pablo Llarena dicte el auto de procesamiento contra los principales líderes del procés, posiblemente el próximo mes de marzo.

Fuentes del ministerio público confirman que la extradición será tramitada, bien bajo la acusación del delito de rebelión o por el de sedición, tras el análisis de las pruebas que ahora se recaban en el Supremo durante la fase de instrucción.

intención es que Puigdemont sea juzgado por el Supremo a la vez que el líder de ERC y diputado Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forno y los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión provisional.

De los 28 políticos investigados, no todos serán procesados por Pablo Llarena sino que el auto de procesamiento se concentrará en los principales líderes del 'procés' independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017 que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Las mismas fuentes confirman que ninguno de los investigados puede juzgado por ambos delitos y la Fiscalía deberá concretar de qué delito les acusa: o bien los líderes del ‘procés’ cometieron un alzamiento público y violento para derogar la Constitución y declarar la independencia -como dice el tipo penal de la rebelión- o bien fue un alzamiento público y tumultuario de una sedición.

vez el juez LLarena dicte el auto de procesamiento, la Fiscalía solicitará al Supremo que se incluya a Puigdemont y sus cuatro consejeros huidos en esta resolución con el fin de activar la euroorden que el magistrado dejó suspendida al asumir la instrucción y que había sido dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La Fiscalía sólo pedirá la extradición de Puigdemont a través de la euroorden por estos delitos graves, ya que los otros delitos que se investigan - malversación y desobediencia- están subsumidos en los de rebelión y sedición.

La fase de instrucción culmina con el auto de procesamiento, que el juez Llarena tiene previsto dictar en marzo.

El auto de procesamiento es una resolución judicial motivada y provisional donde se declaran las personas encausadas, y se les comunican a cada una los hechos que fundamentan una imputación, para que pueda defenderse con todas las garantías procesales, y se incluyen también los indicios recabados y su calificación jurídica.

El proceso de extradición a España durará un máximo de tres meses, de tal manera que la fase intermedia de la instrucción se tramitará en verano. El juicio comenzará en el Tribunal Supremo en octubre o noviembre y la sentencia se promulgará en diciembre, según el calendario del Supremo que fue adelantado por Público.

Lo nunca visto

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha considero este jueves que no debería existir “una intolerable asimetría: que en un supuesto enjuiciamiento, hubiera unos encausados por graves penas y una persona, que podría ser el protagonista sustancial, acusado de una pena inferior".

En sus 35 años de vida profesional como juez “nunca habíamos asistido a una circunstancia de esta naturaleza: he visto huidos y prófugos, pero nunca a un fugado de quien se sepa exactamente dónde está, y no solamente eso, es que nos anuncia sus movimientos".

En un desayuno de Europa Press, Sánchez Melgar ha recordado que Puigdemont no puede ser juzgado en rebeldía, porque esa previsión existe solo para delitos castigados con menos de dos años de cárcel.

En su discurso, Melgar ha defendido la independencia de la Fiscalía, “desanclando” su dependencia del Ministerio de Justicia. Esto es, con un presupuesto propio y un régimen administrativo propio para no depender del ministerio, en consonancia con los criterios del informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), sobre España.

También ha reclamado una policía judicial diferenciada del resto de las fuerzas de seguridad para la “lucha sin cuartel” contra la corrupción y un mejor diseño de la figura del agente infiltrado.

Sánchez Melgar ha apuntado también que la Fiscalía no va a pedir "de momento" la ilegalización de ANC y Òmnium. Al ser preguntado qué tendría que ocurrir para ilegalizar ambas organizaciones civiles, Sánchez Melgar ha respondido que son asuntos que afectan a procesos concretos y no se puede realizar así una información de futuro de actuaciones sobre las que la Fiscalía "no ha tomado una posición concreta".