La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace el recurso de amparo del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, que cumple una condena de seis años y medio de prisión desde octubre de 2009, que finaliza en abril de 2016 si el TC no le ampara. El Ministerio Público no cree las alegaciones de Otegi y del resto de condenados por el 'caso Bateragune', que se definieron como pacifistas frente a las posturas de ETA.

En su escrito, la Fiscalía defiende la sentencia de la Audiencia Nacional que les condenó --después corregida a la baja por el Supremo--, aunque admite que fue 'anárquica' al mezclar hechos probados y valoraciones jurídicas. Sin embargo, cree que acertó al llegar a 'la conclusión de que los allí acusados pertenecían en calidad de grupo político a la banda ETA en el sentido de querer implantar en Euskadi y Navarra un Estado independiente del Estado español, socialista y revolucionario sin que para sus objetivos renuncien en ningún momento al uso de las armas y sin que en su trayectoria se haya condenado la violencia, ni en grupo ni individualmente'.

También dice el fiscal que la falta de una 'condena expresa de la violencia' ubica a los condenados 'al otro lado de la legalidad'. La Fiscalía indica que existe una 'pluralidad de indicios' para apoyar las condenas impuestas y menciona la documentación incautada y las comparecencias de prensa de los condenados.

En opinión del fiscal, tanto la sentencia del TS como la de la Audiencia Nacional mantienen un correcto 'esquema argumentativo' que lleva a dar por probada la autoría de todos los acusados. Apoya la conclusión del alto tribunal de que el grupo de acusados 'lejos de su pretensión de grupo neutro' mantienen 'vinculación con las ideas violentas de ETA' por lo que su actuación obedece a una estrategia típica de la banda 'de desdoblamiento de funciones, asumiendo la lucha armada y delegando la faceta política en grupos satélites, relacionados con la izquierda abertzale'.

La Fiscalía mantiene la misma postura respecto a los otros cuatro recurrentes de la condena por el 'caso Bateragune': el exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez de Usabiaga, Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García.

Otegi permanece en prisión desde octubre de 2009 y Diez Usabiaga también se encuentra actualmente en la cárcel, aunque logró un permiso para asistir a su madre que le concedió el juez Baltasar Garzón en abril de 2010 y no volvió a un centro penitenciario hasta noviembre de 2011.

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebajó de 10 a 6 años y medio la pena impuesta a Otegi y Díez Usabiaga por el delito de pertenencia a organización terrorista que les había puesto previamente la Audiencia Nacional, al considerar que no deberían haber sido condenados en grado de dirigentes.

Por otra parte, la Sala también redujo de ocho a seis años de cárcel la condena al resto de los acusados en la causa de 'Bateragune' Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el exresponsable de Haika en Alava Arkaitz Rodríguez.

El Tribunal Constitucional rechazó el pasado mes de junio suspender la condena impuesta a los condenados. El fiscal defendió entonces denegar la suspensión de la condena por la 'trascendencia social' de los delitos por los que fueron condenados y también por ser la prisiones impuestas 'superiores en más de un año a la pena fronteriza de 5 años, lo que les sitúa fuera de los beneficios' de la medida solicitada.