Publicado: 11.06.2014 14:02 |Actualizado: 11.06.2014 14:02

La Fiscalía pide endurecer la pena de cárcel al exalcalde de Jerez

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La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que aumente hasta seis años la condena a cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Cádiz impuso al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco por colocar en empresas municipales a dos compañeros del Partido Andalucista que, según se consideró probado, no hicieron ningún trabajo. La mera confirmación de la sentencia ya supondría que el exalcalde iría a la cárcel.

El Tribunal Supremo ha celebrado una vista pública para estudiar los recursos presentados por Pacheco, que fue considerado autor de los delitos de prevaricación y malversación en los nombramientos, y también por los otros dos condenados, los exasesores andalucistas José López y Manuel Cobacho, a los que se les impuso sendas penas de más de dos años de cárcel.

Cabe recordar que Pacheco, que fue alcalde de Jerez durante 24 años, fue apartado del Ayuntamiento en junio del año pasado cuando el PP aprobó su cese como concejal al aplicar la Ley Electoral que impide que un concejal condenado a inhabilitación continúe en el cargo, sin que sea obligatorio que la sentencia que le condenó sea firme. La fiscal ha argumentado el aumento de la pena hasta los seis años al considerar que Pacheco -que era teniente de alcalde en el momento de los hechos- y los dos asesores también cometieron un delito de falsificación de documento mercantil en los contratos, algo por lo que no fueron condenados de instancia.

Así, ha mantenido que esos contratos fueron el modo en el que se encubre la forma de captar los fondos municipales. "Los contratos son el medio para prevaricar y malversar", ha mantenido la representante el Ministerio Público. Además, la fiscal ha pedido que, de no ser contemplada una condena por falsedad documental y al haber sido la prevaricación un medio para la malversación, la pena de cárcel que se imponga sea de cinco años y tres meses y no cuatro años y medio como le impuso la Audiencia provincial.

La Fiscalía ha expuesto, como recogen los hechos probados, que cuando los dos compañeros de partido del entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento no fueron contratados como asesores políticos éste consiguió, con diferentes fórmulas, que se entregue dinero de las arcas municipales por vía de esas empresas a los exasesores. Además, ha recordado que los contratos "no respondieron a causa alguna" y que "no se hizo ningún trabajo".

Por su parte, la defensa de Pacheco, que ha pedido la absolución, se ha quejado de que la sentencia no limita cada uno de los delitos sino que hace un totum revolutum para dar en entender que es una "dinámica concertada" entre los tres condenados y ha mantenido que el dirigente andalucista no era consciente de que estuviera prevaricando sino que era el gerente el que daba las órdenes de contratación, no el exalcalde.

"¿Cómo se puede llegar a decir que eran conscientes de que se estaba contratando ilegalmente si no era él el que redactaba el contrato y si había una persona para ello y no le advirtió?", se ha preguntado el letrado, que también ha expuesto las declaraciones de testigos a los que no les consta que, según los estatutos, hubiera que acudir a una bolsa de trabajo ofrecer esos puestos de trabajo. Además, ha dudado de los argumentos sobre si los contratados hicieron su trabajo o no por las diferentes afirmaciones sobre reuniones entre ambos o si el asesoramiento no era para lo que habían sido contratados. "Si han trabajado no puede haber malversación, como mucho podrá hablarse de contratación inidónea", ha mantenido.

Al hilo de si los contratados o no desempeñaban alguna función, la acusación ejercida por el Ayuntamiento jerezano, que ha pedido que se confirme la sentencia, ha mantenido que el supuesto asesoramiento de López a Pacheco, por el que el primero cobraba 4.000 euros mensuales, se producía "cuando ambos hacían footing por la mañana" y que los contratos "no solo no eran idóneos ni necesarios" sino que muestran una "palmaria, flagrante y evidente ilegalidad".

"Cuando Pacheco pierde el poder municipal pretende que las personas de su alrededor sigan viviendo de las arcas públicas y por eso les contrata, sin que preste ninguna obra o servicio", ha mantenido el abogado del consistorio, que también ha dicho que "no hace falta ser perito en derecho para ver la ilegalidad" de las contrataciones, alguna de las cuales se hizo hasta de forma verbal.

Sobre el supuesto desconocimiento que tendría el dirigente andalucista del proceso, el letrado del consistorio ha recordado que Pacheco "no es una persona cualquier" sino que había sido "alcalde desde el 79, licenciado en derecho y con un profundo conocimiento de la función pública".Por último, la defensa de López ha indicado que éste simplemente hizo las labores para las que se le contrato y por lo que se le remuneró; mientras que la de Cobacho ha señalado que lo de su defendido fue "un contrato laboral" que estuvo "ajustado a pleno derecho". "Fue una persona contratada de forma laboral y ajena al procedimiento de contratación que sí iba a trabajar y sí prestaba servicios", ha incidido.