Madrid.- De seguir así, el magistrado Santiago Vidal tiene visos de convertirse en el primer mártir del proceso soberanista catalán. La Fiscalía acaba de pedir para él su expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave al redactar el borrador de una supuesta constitución catalana.

El expediente fue abierto por el Promotor de la Acción Disciplinaria, Jesús Fonseca-Herrero, una figura de nueva creación del PP que concentra todo el poder de disciplina sobre los jueces y que está atribuido al Consejo General del Poder Judicial por la Constitución.

Fonseca-Herrero le abrió expediente por redactar un texto en el que propone una Catalunya independiente, republicana, sin ejército, con doble nacionalidad y con el castellano como lengua cooficial. El Promotor remitió el expediente al propio Vidal y a la Fiscalía para que hicieran alegaciones.

El magistrado fue interrogado por el Promotor y argumentó que la constitución catalana la había elaborado como ejercicio intelectual junto a unos amigos, que no había cobrado por ello ni tampoco se trataba de un encargo. Además, aportó documentación para probar que lleva más de 10.000 sentencias dictadas como juez y en las que siempre ha respetado la Constitución y el ordenamiento jurídico.

La Fiscalía ha respondido en la misma línea que el Promotor. Considera que el juez incurrió en una conducta muy grave y pide su expulsión de la carrera judicial por dos causas: vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico y por no haber respetado el régimen de incompatibilidades que tienen los jueces. Ambas conductas están tipificadas, respectivamente, en los artículos 417.14 y 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se da la circunstancia de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, asesoró al Gobierno del PP en reformas legales cuando ejercía como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En concreto, redactó el texto sobre el actual CGPJ, que reduce sus competencias y la crea la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria.

Una vez recabadas las respuestas, Fonseca-Herrero debe remitir el expediente a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que es la que decidirá el destino del magistrado antes del 9 de abril, que es cuando se cumplen los seis meses de plazo legal para culminar un expediente disciplinario contra un juez.

La Comisión Disciplinaria deberá decidir si Vidal incurrió en una conducta muy grave y, en su caso, si considera que debe ser expulsado de la carrera judicial. En este caso elevaría el expediente al pleno del órgano constitucional. Esta Comisión no apartó a Vidal de sus funciones a Vidal mientras se tramita este expediente.

En su pliego inicial, que le fue notificado a Vidal el pasado 2 de enero, el promotor proponía como posible sanciones la suspensión de empleo y sueldo durante tres años, su salida forzosa del territorio catalán o su expulsión definitiva de la carrera por las dos infracciones muy graves de las que se le acusa, opción esta última que es la que apoya la Fiscalía.