Publicado: 05.11.2013 09:09 |Actualizado: 05.11.2013 09:09

La Fiscalía recaba documentos sobre el espionaje de la NSA

La fiscal encargada de la Sala de Criminalidad Informática quiere comprobar si EEUU incumplió la legalidad española y estudiará la existencia de elementos para abrir una investigación penal.

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Elvira Tejada, fiscal de la Sala encargada de Criminalidad Informática, está recabando información en relación al presunto espionaje cometido por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) a millones de ciudadanos en España.

El pasado 29 de noviembre, el fiscal general Eduardo Torres-Dulce autorizó a la Fiscalía de Delitos Informáticos a abrir diligencias tras las últimas revelaciones aparecidas en medios nacionales e internacionales en relación al presunto espionaje de la NSA a decenas de líderes mundiales -entre ellos la canciller Angela Merkel - y a millones de ciudadanos españoles, franceses o italianos. 

Así, la fiscal ha pedido un informe técnico a la unidad policial adscrita a su departamento y ha solicitado al diario El Mundo la copia de los documentos sobre el acceso de la NSA a metadatos de millones de comunicaciones en nuestro país. Tejada ha solicitado al periódico "a los efectos de análisis y valoración jurídica" las copias de dos documentos : el gráfico Spain-last 30 days y el manual Boundless informat, que describe el sistema empleado por la NSA para interceptar llamadas.

La legislación española exige una autorización judicial para interceptar este tipo de datos

La Fiscalía determinará así si se ha cumplido o no la legislación española, que establece la necesidad de obtener una autorización judicial para interceptar datos como la identidad de emisor y receptor de la llamada, la fecha, la hora o la duración de esta comunicación, y estudiará si existen elementos para abrir diligencias de investigación penal o para poner los hechos en manos de la Audiencia Nacional.

En conversación con dos juristas expertos en la materia, Público ya adelantó que en caso de probarse las escuchas estas supondrían un delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal, que contempla condenas de entre uno y cuatro años de cárcel por este tipo de hechos delictivos.

Estas mismas fuentes confirmaron que, en caso de que el espionaje se efectuara en suelo nacional -desde una embajada, piso franco, base militar o cualquier otro enclave-, serían los juzgados de Plaza de Castilla los responsables de su seguimiento, pero si las escuchas se hubiesen realizado desde el otro  lado de las fronteras Españolas sería competencia de la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes insistieron también en la dificultad de sentar a EEUU en el banquillo de acusados en el caso de probarse las escuchas, prácticas criticadas por la UE de manera moderada, y que no han paralizado las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para firmar un Tratado de Libre Comercio.

Hoy, cuatro meses después de que comenzasen a trascender los hechos, la Unión Europea apenas ha emitido críticas aisladas, Margallo ha vuelto a alabar la importancia de las relaciones con EEUU tras mencionar una posible rotura de la "confianza" entre España y Estados Unidos, y la delegación enviada por el Parlamento Europeo a Washington no ha despejado una sola de las incógnitas en relación al presunto espionaje masivo.