MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto impulsar la próxima semana el envío de una comisión rogatoria a Francia con el fin de acceder de forma masiva a todas las pruebas que existen en los depósitos judiciales del país vecino sobre ETA, para esclarecer la veintena de asesinatos sin autor conocido que aún no han sido juzgados y que no han prescrito.

El objetivo del ministerio público es identificar a los autores e instigadores de estos asesinatos que quedan por resolver, para luego analizar todas las pruebas que existen y clasificarlas según los autores y los atentados.

Entre los asesinatos a esclarecer están los últimos crímenes cometidos por ETA, cuando una bomba lapa causó la

La juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert transmitió la oferta gala a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional durante su visita a este órgano judicial del pasado 16 de septiembre. Le Vert ha investigado a ETA desde 1986 y desde el año 2008 es vicepresidenta encargada de la instrucción en el Tribunal Superior de París, el más importante del Francia.

El objetivo es que la Fiscalía acceda no sólo a documentos puntuales según cada atentado, como ha ocurrido hasta ahora, sino a la totalidad de las pruebas que existen en los depósitos judiciales de Francia sobre la organización terrorista ETA.

Francia se ha ofrecido a enviar documentos, armas, balas, restos de explosivos, archivos informáticos, muestras genéticas, huellas, recibos… Todo el material probatorio que existe en el país vecino y que fue incautado a los terroristas y las sucesivas direcciones de ETA.

La Fiscalía tiene previsto destinar dos equipos de trabajo formados por especialistas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Queda por determinar si dichos equipos se desplazarán a Francia para realizar sus trabajos o bien todas las pruebas serán enviadas a España por las autoridades judiciales galas.

Construir el puzzle final

“Ese puzle hay que construirlo”, sostienen en fuentes del ministerio público que explican cómo, hasta ahora, Francia extraditaba a los terroristas pero las pruebas se quedaban en sus depósitos. En la mayoría de las ocasiones, los miembros de ETA eran entregados por Francia para ser juzgados en España por sus crímenes, pero la documentación se quedaba en sus depósitos judiciales.

Sólo en algunos casos puntuales las pruebas eran entregadas por Francia. Así, la Audiencia Nacional obtuvo documentación clave, como los famosos ‘papeles de Sokoa’ de 1987, pero a partir de fotocopias compulsadas.

Ahora, Francia ofrece el estudio de la totalidad de todas las pruebas incautadas con el fin de que los especialistas españoles las estudien en detalle y esclarezcan los casos no resueltos y construir ese puzzle sobre los autores de los asesinatos y sus instigadores.

Imagen de una pintada en Bilbao, en 2006, contra la jueza francesa Laurence Le Vert y el juez español Fernando Grande-Marlaska. AFP / Rafa Rivas

Hasta la reforma del Código Penal de 2010, los asesinatos prescribían pasados 20 años. Esa veintena de crímenes que no han prescrito, pero que han sido archivados por ausencia de autor conocido, será el primer objetivo de los especialistas para cruzar las pruebas con los datos existentes en España.

El pasado mes de abril, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se dirigió a la Fiscalía General del Estado para instar al ministerio público a analizar los crímenes de ETA aún sin resolver, tras admitir a trámite una queja presentada por el colectivo Dignidad y Justicia, que tiene contabilizados 377 crímenes de ETA sin resolver, un 44% del total.

En cambio, la oficina de Paz y Convivencia del Gobierno cifra en 220 los crímenes de ETA sin aclarar. Y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) refiere de más de 300 casos.
 
En el caso de que, al final, Francia remita todas sus pruebas sobre ETA a España, la idea que baraja el ministerio público es permitir que la documentación sin valor probatorio o de los casos que hayan prescrito sea accesible a asociaciones de víctimas, historiadores y autoridades.