Publicado: 24.05.2014 08:00 |Actualizado: 24.05.2014 08:00

"Forzar a los jueces españoles a tomar decisiones contra los derechos humanos es una aberración"

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Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) entra pletórico en el salón donde se celebra el "I Congreso sobre jurisdicción universal en el siglo XXI" que organiza la fundación que lleva su nombre. La luz está en penumbra, ya que la entrevista se ha concertado en un receso del encuentro que reunía esta semana en Madrid a varias decenas de juristas internacionales y víctimas de las dictaduras de todos los rincones del mundo. El es el impulsor del congreso, y de la propuesta de extender la jurisdicción universal a nuevos delitos, como los medioambientales o los económicos. Sueña con que salga adelante el borrador que pulen los especialistas entre bambalinas y que se convierta en la Declaración de Madrid, que reemplazaría a la de Princeton de 2001. Esa es su aspiración. Y desmentir que haya organizado un congreso ad hoc para darle un golpe en toda la cara al Gobierno a cuenta de su recorte de la justicia universal, que no aceptan buena parte de los jueces de la Audiencia Nacional, sus ex compañeros.

¿Es la justicia universal absoluta o tiene que tener una conexión con un país?

La jurisdicción universal es un principio absoluto. Los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, en su propia definición y sentido, son crímenes de persecución universal. Pero después los Estados han ido formulando limitaciones, quizás confundiéndolo con el principio de jurisdicción universal restringido, que dimana de convenios internacionales -contra la criminalidad organizada, contra el blanqueo de capitales, contra la corrupción, contra el narcotráfico...- , aquellos en los que en base a la cooperación entre Estados se ha establecido esa persecución universal y en los que surge la necesidad de conexión con un país. ¿Qué ha ocurrido? Que han extendido este segundo criterio al primero porque intervienen cuestiones de interés político y económico.

Aún hay una especie de política de impunidad respecto de los crímenes más graves, tantos en los países en los que no hay democracia como aquellos en los que sí la hay o  aquellos países que tienen una posición de poder mucho menor que los dominantes. Esto quiere decir que si en España se está investigando el genocidio tibetano, como afecta a autoridades chinas, China ejerce su poder económico, político y diplomático. Y España cede. Eso es lo que ha sucedido. Hay más ejemplos, como es el asesinato selectivo de un líder de Hamas en 2009 donde murieron 14 personas más. O Guantánamo. En ese juego que domina la política y la economía, hay estados que ceden, y restringen y exigen vínculos.

El magistrado Jesús Andreu considera desmoralizador que la jurisdicción española haya sido limitada por intereses comerciales, que la justicia haya sido utilizada como moneda de cambio.

Es una visión económica, financiera y mercantilista que olvida algo principal: la jurisdicción no es una moneda de cambio, es un derecho fundamental de las víctimas conseguido a través de décadas de esfuerzos de la comunidad internacional y de los Estados frente a la barbarie. Y ahora, cuando realmente se tiene que demostrar que no sólo era una pose moralista sino que había verdadera intención de que los derechos universales de las víctimas se protegieran, volvemos al viejo esquema de que la Real Politik es lo único que prima.

Frente a eso yo creo que tenemos que rebelarnos. Y los jueces españoles lo están haciendo ahora, lo que me parece  legitimo, legal y necesario porque la ley española que entró en vigor el 14 de marzo de este año es un ataque en la línea medular de los derechos humanos y es inaceptable, porque nos pone por debajo de los estándares de los convenios internacionales que España ha ratificado y, por lo tanto, en un ámbito inconstitucional. Y está obligando a los jueces a tomar decisiones que no podrían ni deberían. El órgano legislativo democrático no puede abusar del poder que le da la Constitución para dictar normas contrarias a los derechos humanos, al propio Estado de Derecho y en contra de la Constitución, arrogándose la facultad de sobreseer y archivar los asuntos lo cual es un desprecio a la división de poderes. Nos encontramos que cada párrafo de la reforma parece destinado a alguno de los casos abiertos en la Audiencia Nacional. Y así no se puede legislar.

Curiosamente no se han archivado ninguno de esos casos, sino que la reforma solo ha servido para excarcelar ‘narcos' y limitar la mutilación genital femenina.

Eso demuestra la contradicción y la torpeza en la técnica legislativa y en la propia ideación de la norma. Si hubiese habido un debate previo, todos estos temas se hubieran puesto de manifiesto. Nosotros estamos analizando esta situación en el congreso que mi fundación organiza sobre jurisdicción universal, que no pretende ni siquiera ser una contestación al Gobierno. El Gobierno ha sido invitado y no ha querido venir nadie, como tampoco del PP, lo cual demuestra  el  nulo interés y lo poco que consideran que son los derechos de las víctimas y lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos. Este debate lo que pretende es poner de manifiesto estas contradicciones. Aquí no se trata de saber quién lleva razón y quién la pierde, sino de encontrar cómo protegemos de forma integral a las víctimas frente a los crímenes más graves que, de momento, son los que he definido antes pero que en un futuro próximo van a ser más.

¿Qué otros crímenes tendrían que ser perseguidos con la justicia universal?

Los crímenes contra la naturaleza, los crímenes económicos y financieros cuando afecten a intereses generalizados de personas y que tienen que ir definiéndose... Hemos planteado una serie de principios al final de este congreso, en cuya elaboración han participado los distintos técnicos y expertos para seguir pensando sobre cómo tiene que ser esa jurisdicción universal. Pero, claro, forzar a los jueces españoles a que tomen decisiones contrarias a los derechos humanos y a los principios universales de los que España es parte, es una aberración. Es someterlos a un verdadero estado de necesidad porque, por una parte, tienen la amenaza de que van a ir a por ellos -ojo con lo que hacéis- y, por otra parte, tienen que decidir de acuerdo a derecho; es decir, que esta ley es inconstitucional, no podemos aplicarla y tenemos que interpretarla en el sentido que están haciendo de protección de las víctimas y de la investigación.

Abre ahora el melón del futuro de la propia jurisdicción universal. Usted apunta a uno interesante, que son los crímenes económicos en esta gran crisis.

Sí, vamos a proponerlos como uno de los casos de jurisdicción universal absoluta. Es decir, aquellos crímenes contra la naturaleza y el medio ambiente, aquellos crímenes económicos que afecten a una generalidad de personas y que quebranten derechos básicos de los ciudadanos, como cuando afecten a productos básicos alimenticios, a la especulación sobre derechos fundamentales como el de la vivienda, el ámbito de la pobreza, la explotación irracional de recursos naturales que produce graves daños sobre las personas... Creemos que estos derechos tienen que estar protegidos por el principio de jurisdicción universal porque la globalización económica también produce un ámbito oscuro, delictivo, de aprovechamiento ilícito frente al cual no hay respuesta. La crisis económica que vivimos es bastante evidente: millones de personas resultan afectadas por el desarrollo de una política inadecuada, incorrecta, errónea, o intencionadamente viciada, y, sin embargo, no hay ningún tipo de respuesta desde el ámbito de la jurisdicción.  Algo tenemos que hacer, sobre todo, por ejemplo, ante el fraude alimentario con una especulación de alimentos básicos, como el arroz, que condena a la muerte a decenas de miles de personas.

¿Ese desafío tiene que crearse en un espacio, como puede ser el seno de la Unión Europea?

No todo se puede criminalizar, ni perseguir. Se trata de encontrar un ámbito territorial que vaya de lo local, regional y a nivel universal, para dar protección a esas víctimas. Lo que la comunidad internacional no puede hacer es permanecer inerme frente a esas grandes catástrofes y no tener respuestas. Nosotros queremos aportar ese punto de reflexión para que comience el debate. Creemos que este tipo de acciones debe tener una catalogación jurídico-penal para poder combatirlas eficazmente. Queremos poner el tema sobre la mesa.

¿Pero dónde se anclaría?

Estamos hablando del principio de jurisdicción universal absoluto. Es decir, la aplicación de reglas penales por cada juez en cualquier lugar del mundo siempre que haya un incumplimiento de los demás requisitos. En el marco de la jurisdicción universal, que la comunidad internacional ha adoptado como clausula de cierre cuando falle todo lo demás, también deben estar previstos estos delitos. Hasta ahora estaba el genocidio, crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra, están actos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, lavados de activos, trata de personas, piratería... ¿Y qué pasa con las grandes catástrofes humanitarias, que a veces son claramente intencionadas? Tiene que haber una respuesta.

¿Algún día se enjuiciará a los causantes de esta crisis económica?

A lo que espero es que haya respuestas judiciales. Las ha habido; en Estados Unidos ha habido respuestas contundentes contra algunos de los responsables de la crisis económica, financiera y bancaria. Todavía queda mucho por profundizar; vivimos aún en el mundo de los números y del discurso político para disfrazar todo lo que ha sucedido, pero hay que profundizar qué ha pasado, por ejemplo, en el sector bancario ¿porqué se hace necesario un rescate de 20.000 millones de euros? ¿Qué ha ocurrido en Bankia y en otras entidades bancarias? ¿Porqué esa barbaridad de las opciones preferentes que lleva a la ruina a miles de personas? No puede ser solo una cuestión de indemnización civil, hay que profundizar más. ¿Qué ocurre con la explotación de recursos naturales que lleva, por ejemplo, al asesinato en masa de 70 personas de una comunidad indígena en Brasil? ¿O qué ocurre con la extracción de recursos naturales que está en la base de otros crímenes mayores que se están sucediendo? Se persiguen crímenes mayores y no la causa de los mismos. Todo eso es lo que nos lleva a la necesidad de reflexionar y de trabajar en ese sentido.

Está reconocida la justicia universal en la violación de mujeres dentro de conflictos de guerra. Pero en el secuestro de más de 200 niñas de Nigeria, ¿se puede aplicar la jurisdicción universal?

Yo pienso que sí. Alguien me puede decir que me estoy contradiciendo porque he dicho que el jefe de Boko Haram puede venir a España y no ser perseguido. Es verdad, de acuerdo con la interpretación de la ley que ha dado el Gobierno, no se le puede hacer nada. Ahora bien, desde la interpretación que hay que darle a esa norma, de acuerdo con tratados internacionales, debería de plantearse la situación: allí hay torturas físicas y psicológicas, hay privación de libertad, entra en juego la protección de los menores, la imposición de cambio de ideología religiosa y una cadena de hechos más que, a todas luces, demuestran que si no hay una respuesta desde los distintos Estados frente a ese crimen execrable algo estamos haciendo muy mal. No nos vale un comino la ley que hace el Gobierno español si no hay una respuesta posible a esos hechos aberrantes, que no pueden entrar en la categória de cuando dice el ministro de Justicia que no somos los gendarmes del mundo.  No se trata de ser gendarme, no se trata de ponerse la chapa porque, si fuera así, ¿qué sentido tendría mandar a funcionarios españoles a ayudarles a investigar estos hechos en Nigeria? ¿Por qué no se hace en España? Si tu aceptas que vayan funcionarios, por lo menos que los dirija un juez o un fiscal; hay una cosa que se llama cooperación jurídica internacional. Los políticos tienen que explicar, y esto es un hecho fundamental que afecta a los valores esenciales de la democracia: proteger a las víctimas y a los ciudadanos y ciudadanas de este tipo de hechos universales. No renunciar a los espacios obtenidos, no ceder ante una presión. ¿Qué diríamos de un juez que cede a las presiones que le hacen? Diríamos que no es independiente y tiene que ir fuera. ¿Qué decimos ante las presiones de un tercer país sobre España? ¿Y qué decir cuando un responsable del Gobierno dice que el 20% de la deuda externa la tiene China? Estás reconociendo que ceden a la presión de un Gobierno extranjero en detrimento de las víctimas que son víctimas universales. Eso tendría que ponerse un nombre porque, si lo hace un juez, es un delito.

Los jueces siguen adelante, pero la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe incluso expresarse aunque sea un asunto que no estén instruyendo, incluidas a las asociaciones judiciales. ¿Asistimos a una involución?

Eso debe cambiar. Si va en ese sentido, es una involución. A los jueces, como a los fiscales y cualquier ciudadano, no les puedes restringir la libertad de expresión. El juez no puede hablar de los casos que lleva, porque pierde la imparcialidad y porque está formando prejuicios. Otra cosa es que se debe diseñar el sistema para ofrecer información. Vivimos en el mundo de la comunicación, porqué no establecer el mecanismo para que esa información se produzca y no se tenga que hacer a escondidas, filtrando cosas. ¿O es que nos hemos caído de un guindo? Los periodistas no sacan las cosas por arte de birlibirloque. Es porque alguien le da la información. Y yo vengo combatiendo desde hace mucho que esa información tiene que ofrecerse atendiendo a las propias limitaciones de la fase procesal. Hay que diseñarlo, hay que regularlo, y yo creo que se puede hacer. Montesquieu decía que los jueces son la boca muda que aplica la ley, claro, estoy de acuerdo, la boca muda del caso concreto que están resolviendo.

Cuando la guerra de Irak escribí un artículo en contra del presidente del Gobierno y del propio Gobierno por su postura y subí las escenario con mi hija a leer un manifiesto de 'no a la guerra'. Y me abrieron dos diligencias en el Consejo General del Poder Judicial. Y en aquel entonces se dijo que los jueces sí pueden hablar de los casos que no llevan. Eso fue un hito importante. Y ahora decimos que los no pueden hablar de nada, ¿porque? ¿se les tiene miedo? ¿Porque explican las cosas? ¿Porque estamos explicando? Yo creo que lo que tenemos que conseguir es explicar las cosas mejor, debatirlas mejor y a lo mejor nadie se preocupa de que un juez pueda opinar o no opinar.

¿España ha perdido prestigio internacional?

¿Cómo no va a perder prestigio internacional si el candidato a las elecciones europeas por el PP se dedica en una televisión pública a decir que no dice le dice las cosas que piensa a su oponente política porque es mujer? Eso, como marca España, es tremendo. Si además le ponemos criminalización de la protesta, persecución a los trabajadores que manifiestan su discrepancia y se les considera como delincuentes por participar en una huelga, si restringimos el derecho a decidir de las mujeres, si reducimos la jurisdicción universal dejando en la cuneta a quienes están reclamando judicialmente. Y mantenemos en las cunetas a más de 150.000 víctimas del franquismo, que todavía están esperando respuesta de las instituciones españolas y que la única respuesta que reciben es, o bien, no hay dinero, o ustedes son unos aprovechados que se acuerdan de esto cuando piden subvenciones...La marca España está muy maltrecha.

Si ahora decimos: qué bien, nos han concedido el AVE de Riad a La Meca. Tendríamos que ver en qué beneficia a los españoles; me gustaría saber cuántas familias que no tienen ya la asignación mínima van a ser beneficiadas. Si la marca España es decir hay muchos empresarios que salen fuera y hacen negocios en China, Latinoamérica, pero si después se cuenta el resto de la historia y se ve que van todavía con algunas pretensiones colonialistas, oiga, eso ya no cuela. Y si además tenemos que ver cómo desde Argentina se investigan los crímenes franquistas, la justicia española no hace otra cosa que guardar silencio por decisión del Tribunal Supremo, pues tampoco es muy edificante. Pero, en fin, las cosas pueden cambiar.

Baltasar Garzón siente ansiedad "y una vergüenza total" cuando ve pasar a colegios enteros de visita a la antigua Escuela Mecánica de la Armada, hoy convertida en centro de memoria de la dictadura argentina. Escucha cómo les explican ese pasado, y se pregunta: "¿Por qué no en España? ¿Realmente tenemos derecho a lastrar la memoria de nuestros hijos?" Le resulta incomprensible que le digan que se reabren viejas heridas. Pide reparación, que se reconozca el daño causado, una petición de perdón del Estado. Y, al igual que la Corte Suprema de Chile pidió perdón en el nombre del Estado, le gustaría ver al Tribunal Supremo haciendo la misma reparación simbólica.

También quisiera conocer una estadística: el número de programas educativos que desde el 1975 han incluido capítulos, asignaturas o textos "sobre la dictadura, la Guerra Civil, sobre la desaparición de 30.000 niños robados (sic), sobre las torturas, sobre la desaparición forzada de personas... ¿En cuántas escuelas se está explicando? ¿Qué programas de memoria tenemos los españoles para aprender? Te vas a Alemania, Francia o Argentina y los encuentras".

El exjuez considera que la ley de 1977 no es un sancta santorum, y que el edificio de impunidad construido a partir de ella caerá algún día. "No creo que ninguna sociedad se vaya a romper por hacer justicia a las víctimas", ante situaciones "de absoluta vergüenza" histórica: "La Transición no puede imponer una reconciliación cuando no ha habido siquiera una reflexión sobre su pasado", concluye.