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Independencia de Catalunya El fracaso de la política provoca más de medio centenar de procesos judiciales abiertos sobre Catalunya

El Constitucional y el Supremo abordan la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del 155; la AN el delito de sedición; el TSJ de Catalunya las normas aprobadas para el 1-O y la independencia, mientras que los juzgados investigan las agresiones del referéndum del 1 de octubre.

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Seu del Tribunal Constitucional.

La judicialización de la política ha llegado a su máximo extremo. El fracaso de la política provoca más de medio centenar de procesos judiciales abiertos sobre Catalunya. Y la cifra sigue creciendo.

El Tribunal Constitucional y el Supremo abordan la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del 155. Por su parte, el TSJ de Catalunya investiga al Govern y a la Mesa del Parlament por aprobar leyes contra la prohibición expresa del TC, mientras los juzgados penales en Catalunya investigan las agresiones del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el máximo tribunal de garantías.

Además, la Fiscalía presentará este lunes una querella por rebelión contra Puigdemont, su gobierno y la mesa del Parlament por tramitar esta declaración de independencia. Su objetivo es acumular todas las causas contra estas autoridades en el Tribunal Supremo.

Esta es una guía rápida para no perderse en las causas abiertas hasta ahora:

Tribunal Constitucional: DUI y 155

El TC ha admitido a trámite el recurso presentado por los parlamentarios del PSC contra la tramitación de la DUI con la que el Parlament ha proclamado -por 70 votos de 135- la República de Catalunya. El TC ha dado un plazo de tres días para que las partes presenten alegaciones.

Por otro lado, el Gobierno va a recurrir al TC esta declaración de independencia.
El máximo tribunal de garantías constitucionales debe resolver cuatro recursos de amparo interpuestos contra la Declaración Unilateral de Independencia en contra de lo dispuesto por el propio TC, así como contra la tramitación por el Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con las que el Gobierno asumirá las competencias del Govern y ejercerá sus competencias.

En concreto, el TC debe resolver el recurso de amparo presentado por senadores del PDeCat y ERC contra la tramitación del 155, al tiempo que otro recurso planteado por un abogado de Barcelona al respecto.

Tribunal Supremo: rebelión, 155 y control de Hacienda

La Fiscalía presentará este lunes una querella por rebelión contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, su gobierno y la mesa del Parlament por tramitar la Declaración Unilateral de Independencia.

Su objetivo es presentarla ante el Tribunal Supremo ya que el Estatuto considera que el alto tribunal es competente para resolver los pleitos contra las autoridades autonómicas si los hechos excedente su territorio.

El Tribunal Supremo tiene además que resolver tres recursos planteados ante su Sala III, que se ocupa de los litigios con las administraciones (la Sala de lo Contencioso-Administrativo).

En concreto, el recurso planteado por la Generalitat contra la tramitación en el Senado del artículo 155 de la Constitución.

Otro recurso ha sido interpuesto contra esta misma medida por el presidente del Govern, Carles Puigdemont, y cada uno de sus consejeros por supuesta violación de derechos fundamentales.

Esta misma Sala debe juzgar el recurso de Unidos Podemos/En Comú Podem-En Marea contra la intervención de las cuentas de la Generalitat por el Ministerio de Hacienda. Se trata de una certificación semanal que la administración autónoma debe enviar para probar que no ha dedicado dinero público ni ayudas del Estado para la independencia o el referéndum.

TSCat: querellas contra el Govern y Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) ha abierto dos instrucciones contra autoridades autonómicas, al ser su Sala de lo Civil y Penal la encargada de juzgarlas porque están allí aforadas.

Estas querellas podrían enviarse al Supremo si este tribunal admite a trámite la querella de la Fiscalía por supuesta rebelión contra estas mismas autoridades, ya que se trata de un delito mayor -hasta 30 años de prisión- y absorbe a los menores.

En el TSCat la magistrada Mercedes Armas instruye una causa contra los miembros del Govern, con Puigdemont a la cabeza por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta causa comenzó con la convocatoria de un concurso para licitar las urnas del 1-O, a la que se sumó después la querella de la Fiscalía contra el Govern por aprobar las normas del referéndum suspendido por el TC y convocarlo.

También en el TSJCat la magistrada María Eugènia Alegret instruye la causa abierta en julio contra Carmen Forcadell, presidenta del Parlament, y los miembgros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. A esta causa se suman también la tramitación de la Ley de Transitoriedad -prohibida por el TC-, el referéndum del 1-O suspendido y la creación de una Sindicatura Electoral.

Audiencia Nacional: sedición

El Juzgado Central de Instrucción número 3 mantiene una causa abierta por el supuesto delito de sedición, tras la querella presentada por la Fiscalía. Permanecen en prisión preventiva en esta causa los líderes soberanistas de la Asamblea Nacional Catalana y Òmium Cultural, JOrdi Sànchez y Jordi Cuixart, mientras que es investigado el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Se investigan las protestas de Barcelona del 20 y 21 de septiembre, cuando una Comisión Judicial quedó bloqueada por una muchedumbre en la vicepresidencia de Economía mientras practicaba un registro y no pudo abandonar el edificio hasta la madrugada al tiempo que en la calle se destruían tres vehículos de la Guardia Civil. Un detenido no pudo asistir al registro de su despacho.

Juzgados de Instrucción

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona abrió una causa en enero de 2017 a raíz de las declaraciones del exmagistrado y líder de ERC Santiago Vidal, quien explicó en unas conferencias que la Generalitat había creado un estado paralelo, con los datos fiscales de los catalanes y que tenía ocultos 400 millones de euros en el presupuesto.

Este juzgado investiga desde entonces la organización y la logística del referéndum soberanista. Fue este el juzgado que ordenó el pasado 20 y 21 de septiembre las 14 detenciones y los registros que provocaron que una "masa hostil" -según la Fiscalía- bloqueara la Comisión Judicial hasta el punto que la letrada del juzgado tuvo que ser evacuada por un tejado y se sintió humillada por la multitud, según su declaración.

Por su parte, la Fiscalía continúa investigando a 700 alcaldes soberanistas por su participación en el 1-O. Esta investigación aún no está judicializada, ya que la Fiscalía dispone de 6 meses para presentar o no denuncia contra alguno de ellos.
Además, los juzgados en Catalunya instruyen más de medio centenar de causas por las agresiones ocurridas durante el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC y declarado después ilegal.

Estas son las causas penales abiertas en las distintas provincias catalanas.

Provincia de Barcelona

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias previas por: Denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en colegios abiertos para votar; denuncias por lesiones contra la policía y denuncia de la Generalitat de Catalunya contra las actuaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil ha llevado a cabo por todo el territorio catalán durante todo el día.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès ha abierto diligencias previas por tres denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar el referéndum suspendido el 1-O.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma de Gramenet ha abierto diligencias previas por una denuncia de un particular contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar.

El Juzgado de Instrucción 4 d’El Prat de Llobregat ha abierto diligencias previas por dos denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granollers investiga la denuncia de un particular por uso de datos personales para el referéndum.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró ha abierto diligencias previas por: revelación de secretos por denuncia de un particular por uso de sus datos, así como una denuncia de un particular contra los Mossos por inactividad en el colegio de votación.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Rubí ha abierto diligencias previas por una causa por desobediencia y lesiones a raíz de una detención. El detenido pasó a disposición judicial y se acordó su libertad provisional.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa ha abierto diligencias previas por una denuncia por lesiones contra la Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gavá investiga 4 denuncias por inactividad Mossos presentadas por particulares.

El Juzgado de Instrucción número 5 de l’Hospitalet de Llobregat ha abierto diligencias previas por lesiones contra la Policía Nacional.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilanova y la Geltrú investiga dos dennuncias de particulares por acceso a la aplicación web de votación y otra más por inactividad de los Mossos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró ha abierto 8 diligencias previas por delito de lesiones; 1 diligencias previas por desobediencia contra Mossos; otra por revelación secreto; otra por atentado contra Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Terrassa investiga una denuncia particular por revelación de secreto por uso de sus datos personales.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Berga tramita dos denuncias de ciudadanos por obtención de sus datos personales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Martorell investiga la denuncia de un ciudadano por uso de datos personales.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell investiga por desobediencia una denuncia de particular contra los Mossos por inactividad.

Provincia de Tarragona

El Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell investiga una denuncia contra los Mossos por inactividad el 1-O y dos denuncias contra la Generalitat por permitir la votación.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga ocho casos de lesiones.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Reus investiga una denuncia por por desobediencia por inactividad de los Mossos, así como otra por uso de datos personales.

El juzgado de Gandesa investiga dos causas: una denuncia contra Mossos por inactividad y mantiene una causas secreta en relación a la actuación de los Mossos el 1-O, de tal manera que acordó la entrada al 112 de Reus.

Provincia de Lleida

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell abrió diligencias por desobediencia a las medidas acordadas por la magistrada instructora de la sala Civil y Penal en el marco de la querella presentada por Fiscalía contra el Gover. El auto de la magistrada Armas, del TSCat, dictado el viernes 29 de septiembre indicaba que se debía “impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos –o aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum” y “requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado de dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan”).

El Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida investiga cuatro querellas presentadas por particulares por varias actuaciones policiales.

Por los mismos motivos ha abierto diligencias el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell en relación con los espacios designados en Lleida como colegios electorales por la Generalitat.

Provincia de Girona

El Juzgado de instrucción número 1 de Sant Feliu de Guíxols investiga la denucnia de un particular por lesiones por las cargas de Barcelona. El atestado se ha remitido al juzgado número 7 de Barcelona.

El Juzgado de instrucción número 3 de Figueres investiga la denuncia de un particular por uso de sus datos personales y otra denuncia contra la alcaldesa por decisiones relacionadas con el 1 octubre.