Publicado: 21.11.2013 07:00 |Actualizado: 21.11.2013 07:00

El funcionario acosado por Interior pide un euro de indemnización por daños morales

El Juzgado 5  de lo Contencioso de la Audiencia Nacional admite el recurso de Jaime Nicolás, que también ha presentado dos impugnaciones contra decisiones de Fernández Díaz.

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Un euro. Es la indemnización simbólica que pide Jaime Nicolás, el funcionario al que Interior ha evitado dar ocupación en los últimos 18 meses, en la demanda contencioso-administrativa que ha presentado en tutela de sus derechos al trabajo, al honor y a la integridad moral y dignidad personal. La demanda ha sido admitida por el Juzgado 5 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

La peripecia de Jaime Nicolás ha sido ampliamente difundida por este diario. Administrador civil del Estado y letrado del Constitucional, hasta su cese en 2012 fue el director de gabinete y mano derecha del entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Tras el relevo, a Nicolás Muñiz le correspondía regresar al Ministerio del Interior, trámite que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente, fue destinado a la secretaria de Estado de Seguridad como vocal asesor y asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Ha estado mano sobre mano 18 meses hasta que el pasado 25 de octubre presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por violación de sus derechos fundamentales.

Tal como Público dio cuenta con posterioridad, hace diez años Jaime Nicolás mantuvo un enfrentamiento con el ‘guía espiritual' del ministro del Interior, miembro del Opus Dei como él y, por aquel entonces, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). El conflicto con Jaime Rodríguez Arana, al que Muñiz denunció por plagio por apropiarse de sus trabajos, terminó con su destitución y truncando una carrera política que parecía prometedora.

Además de la demanda, Muñiz ha iniciado otras acciones en la vía administrativa. Ha impugnado la paralización del expediente de acoso que Interior tendría que haber instruido tras su denuncia, así como una insólita resolución de Alejandro Sánchez,  director de gabinete del secretario de Estado de Seguridad por la que suspendía el traslado a otro departamento del funcionario acosado al no desistir éste de acudir a la vía judicial para defender sus derechos.