Una reforma en apariencia sencilla pero de profundo calado se convertirá en la primera ley de la XIV legislatura, más allá de la cadena de decretos-ley avalados por las Cortes Generales durante la pandemia. Y todo apunta a que llevará el nombre de su impulsor, un diputado que es además el abogado defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont: Jaume Alonso-Cuevillas.

La 'ley Cuevillas' limita a 12 meses el plazo máximo de las investigaciones penales en España, prorrogables plazos sucesivos de seis meses. Es una alternativa intermedia entre mantener el plazo de seis meses que hay ahora -prorrogable hasta 18 meses- o derogarlo y volver a la situación anterior a 2015, cuando las instrucciones penales se eternizaban durante años.

Esta reforma fue aprobada el pasado 25 de junio por la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena y ha sido enviada al Senado. De no ser modificado el texto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado sin tener que volver al Congreso de los Diputados.

La nueva ley pone 'las pilas' a jueces y fiscales al limitar el tiempo que pueden tener abierta una causa, y beneficia además a los abogados y sus defendidos porque ese plazo es una frontera para evitar una eterna pena de banquillo.

Hay detractores, como la Unión Progresista de Fiscales que alerta de las "consecuencias nefastas" de esta norma porque se mantienen "los mismos problemas de impunidad. Un plazo de doce meses no es suficiente para una instrucción compleja", destaca su presidenta Teresa Peramato quien además resalta que la reforma no lleva aparejada inversión alguna en más recursos con el fin de cumplir ese plazo límite.

La 'ley Cuevillas' supone un cambio radical de criterio del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Cuando llegaron al poder, ambos partidos pactaron la derogación de la reforma del PP de 2015 que modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y limitó a seis meses la investigación penal (prorrogable hasta 18 meses).

Así figuraba el pasado 17 de junio cuando intervino Cuevillas durante el debate sobre la proposición de ley que había presentado Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para derogar esa modificación del PP.

Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, confiesa que le pilló de sorpresa. No esperaba que el Ejecutivo aceptara su propuesta, porque imaginaba que aprobarían la derogación plena de la reforma del PP.

Tomó la palabra y, a medida que avanzaba, veía cómo asentían los portavoces de los partidos en el poder. Es más, percibían cómo muchos diputados de otros partidos parecían estar de acuerdo, aunque defendieran posiciones políticas contrarias.

‘Ni impunidad, ni pena de banquillo’

Ni carta blanca a la impunidad ni eternizar la pena de banquillo durante años. En ese equilibrio se movió Jaume Alonso-Cuevillas en su intervención. El diputado proponía mantener las investigaciones penales dentro de unos plazos más amplios y no regresar a la ausencia de límite alguno que había antes de 2015.

Por citar, citó San Agustín. No como santo -aclaró- sino como profundo estudioso del proceso penal. San Agustín dijo que el proceso penal es una pena en sí mismo, resaltó. Eso es algo que todos los abogados de provincias como él lo sabían.

Todos los abogados han sentido la "desesperación", explica Cuevillas a Público, de tener que defender a un cliente imputado y que es excluido al término de una larga instrucción. Este sufrimiento, estigmatización social y coste económico es la famosa ‘pena de banquillo’ de la que alertó en su intervención.

A su regreso a Barcelona a bordo de un AVE recibió la llamada de un asesor del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Durante el fin de semana pactó el texto final de una enmienda transaccional junto a Jaume Asens, abogado como él, de la confianza de Pablo Iglesias y diputado de En Común Podem.

UPF pide al Gobierno que se lo replantee

El giro dado por el Gobierno pilló de sorpresa a los operadores jurídicos, que se esperaban una derogación. "Derogación absoluta" es lo que piden los fiscales progresistas, que expresaron en una reunión en Justicia su "disgusto, decepción" por este giro y piden un replanteamiento de esta reforma, sostiene Peramato.

Peramato destaca que la UPF "comparte el criterio de que las investigaciones penales no pueden prolongarse hasta el infinito, lo que no es de recibo es que se pretenda resolver con una reforma como ésta un problema que nada tiene que ver con los plazos de instrucción sino con la falta de medios personales y materiales; esta es la reforma qué necesita la justicia en el sistema actual procesal".

Otras asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia defienden el mantenimiento del sistema de plazos y reclaman mejoras para superar las lagunas y atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, sometido a un juez de garantías y con unos plazos definidos.

Al otro lado del espectro ideológico, como es la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, se defiende un límite de plazos de instrucción porque la justicia exige agilidad. "No tiene sentido una sentencia 15 años después", añaden fuentes internas.

El problema reside en las causas complejas, que duran seis años de investigación porque abarcan redes internacionales de blanqueo y son defendidas por despachos potentes. "Una comisión rogatoria internacional, si insistes, se cumple. Y frente a la voluntad de las partes de retrasar el proceso, existe el impulso del instructor y de la Fiscalía". Quien así se expresa es un juez de instrucción de larga experiencia que concluye: "Hay que moverse y dar menos conferencias".

La ‘Ley Berlusconi' o 'de la impunidad’

El Gobierno del PP fijó en el año 2015 un plazo máximo de sólo seis meses, prorrogable hasta 18 meses, y sin dotar de medios humanos y materiales para poderlo cumplir. La consecuencia fueron famosos carpetazos de casos de corrupción política, como los que beneficiaron al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (la desaladora de Puerto Lumbreras y Pasarelas).

Fiscales, jueces, procesalistas, operadores jurídicos y partidos políticos bramaron contra esta reforma, que modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y dejaba un hueco a la interpretación.

Fue tildada como la 'Ley Berlusconi' o 'Ley de impunidad' porque no llevaba acarreada un aumento de medios humanos y materiales y, por lo tanto, beneficiaba el archivo de las causas de corrupción y con complejas redes de blanqueo.