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Gallardón escucha a Rouco y recupera su contrarreforma de la ley del aborto

El ministro de Justicia asegura que "muy pronto" cambiará la ley de plazos por una de "indicaciones" en la que hasta el riesgo para la vida de la madre deberá acreditarse. "Será una constatación, no

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En los nueve meses que han transcurrido desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció, en una entrevista con el diario La Razón, que restringiría la Ley del Aborto, los globos sonda del Gobierno sobre este tema se han ido apagando poco a poco.  La nueva normativa iba a llegar, en principio, a finales de verano; luego, en Navidad y hasta hoy no se ha vuelto a tener noticia al respecto. Pero el ministro ha retomado esta cuestión este lunes, curiosamente, en un Foro organizado por el mismo periódico donde soltó la exclusiva que sólo contentó a los grupos provida. Según sus palabras, su ya denominada por feministas y opositores 'contrarreforma' llegará 'muy pronto' y no sólo volverá a antes incluso de 1985 (año en el que se despenalizó el aborto en tres supuestos) eliminando la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal, sino que también se dudará del riesgo para la vida de la madre. 

Gallardón ha respondido, así, a las últimas presiones de la Iglesia. Este nuevo anuncio llega justamente el mismo día en que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, lamentó que 'los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes'. Hace tan sólo una semana, además, tuvo lugar una manifestación en la que los grupos provida soltaron gallinas delante del Ministerio de Justicia para pedir a su titular que no fuera 'cobarde' y cumpliera sus compromisos de derogar la Ley del Aborto. 

Hoy Gallardón les ha respondido y ha afirmado que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un 'sistema de indicaciones', en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. 'No será una mera declaración, sino una constatación', ha añadido. El ministro ha expresado su malestar con la actual Ley del Aborto y ha adelantado que 'muy pronto' se presentará la nueva normativa para resolver un 'asunto de esta gravedad' habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados. Según ha recordado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el nasciturus es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. 'Es un sistema de indicaciones, no de plazos', ha dicho.

Gallardón: 'El peligro sobre la salud de la madre no debe ser entencido como un pretexto' En esta línea, ha avanzado que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un 'pretexto' y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se 'cumpla y acredite'. 'En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea sólo una mera declaración, sino una auténtica constatación', ha remachado. El titular de Justicia también ha aludido a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y ha adelantado que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es 'incompatible' con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas .

'La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad', ha señalado. El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad, Ana Mato. Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.