Publicado: 26.06.2014 08:00 |Actualizado: 26.06.2014 08:00

Gallardón consigue lo imposible: poner de acuerdo a Cospedal y Sáenz de Santamaría

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

La guerra abierta entre las número dos de Mariano Rajoy en el Gobierno y el Partido Popular ha alcanzado una tregua: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal —respectivamente— se han unido para mostrar su oposición a la contrarreforma de la ley de aborto. Con ello, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consiguió lo que hasta ahora parecía imposible: ponerlas de acuerdo en algo. Y ambas, a su vez, han influido en la decisión del ministro de incluir finalmente el supuesto de malformación fetal entre los permitidos para la interrupción voluntaria del embarazo.

Las diferencias entre la vicepresidenta del Ejecutivo y la secretaria general del PP han sido evidentes casi desde el inicio de la legislatura. Durante estos dos años y medio, la gestión del caso Bárcenas, el debate sobre la financiación autonómica y el relevo de liderazgos en Andalucía y Euskadi han provocado grandes encontronazos entre ambas. Recientemente, el varapalo recibido por los conservadores en las elecciones europeas —donde perdieron 2,5 millones de votos— volvió a evidenciar la falta de coordinación entre Moncloa y Génova. 

Pero Gallardón ha conseguido que ambas remen, por una vez, en la misma dirección. Pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, que denunció que las mujeres del PP no se rebelaran contra una ley que supone la vuelta un lejano pasado, ahora parece que, al menos de puertas para dentro, algunas sí que lo hicieron. 

El pasado diciembre, cuando el titular de Justicia llevó al Consejo de Ministros su anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, Sáenz de Santamaría ya eludió responder sobre su opinión particular al respecto. Poco después, las restricciones de Gallardón al aborto libre —de estar permitido por la ley de plazos hasta las 14 semanas de gestación se restringe sólo a casos de violación y riesgo para la salud física o psicológica de la madre—  se encontraron con la oposición de barones como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el extremeño José Antonio Monago, entre otros miembros del partido. Rajoy pidió entonces silencio al respecto y que las críticas se debatieran de forma interna y no en los medios de comunicación. Y así se hizo, según confirman tanto fuentes del partido como del Gobierno.

Así, desde Génova han confirmado esta semana que recomendaron al Ejecutivo "que se volviera a leer" el texto presentado ("las leyes no las hace un solo ministro, las hace todo el Gobierno", insistieron) y desde el Grupo Popular en el Congreso también reconocen que el Ejecutivo de Rajoy "conoce perfectamente" su posición. Y es que la mayoría de los diputados conservadores se conformaban con que la ley volviera a ser como la de 1985, es decir, con tres supuestos entre los que se incluía la malformación fetal como posibilidad para interrumpir el embarazo.

Después de tanta recomendación interna y, tras haber recibido las mismas indicaciones por parte del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, Gallardón ha dado el brazo a torcer, aunque sin querer reconocerlo del todo. Así, la malformación fetal estará incluida en la normativa que volverá a presentar al Consejo de Ministros el próximo mes de julio, pero no como un supuesto propiamente dicho, sino que, tal y como avanzó El País y ha confirmado Público, se incluirá como una de las causas que, sí o sí, suponen peligro para la salud psicológica de la madre. 

Fuentes de Justicia aseguran que, en realidad, esto ya "se daba por hecho", pero ante la insistencia del partido y buena parte del Ejecutivo han decidido retocar el texto para que quede más claro. El proyecto de ley final llegará a Moncloa el próximo julio y, de ahí, pasará al Congreso —donde esperan que "el Gobierno lo haga bien", según fuentes parlamentarias— con el fin de que la nueva ley entre en vigor a finales de año. Así evitarán también que la polémica reforma pueda influir en los comicios autonómicos y municipales de 2015. Porque, con o sin malformación fetal, la ley Gallardón nunca gustará a quienes la consideran un retroceso en los derechos de las mujeres