Publicado: 12.12.2013 11:02 |Actualizado: 12.12.2013 11:02

Gallardón niega que su cadena perpetua sea "inhumana o populista"

La oposición asegura que introduce medidas que "criminalizan" las conductas del descontento social. Amaiur: el Gobierno "necesita buscar nuevas ETAs y kales borrokas y crear nuevos enemigos en todas las movilizaciones sociales para

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Los grupos de la oposición han sido unánimes en su crítica contra el nuevo Código Penal, que introduce "de forma eufemística la cadena perpetua", no endurece los delitos de corrupción pero sí medidas que "criminalizan" las conductas del descontento social. "Fernández y Gallardón son un peligro para los derechos civiles", ha dicho el diputado de ERC Joan Tardá.

Así se han expresado distintos parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV o formaciones del Grupo Mixto en su defensa de las enmiendas de totalidad en las que piden devolver al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el proyecto de ley del Código Penal. Los diputados han vertido críticas contra la prisión permanente revisable por ser "incompatible" con la reinserción del reo, el "humanismo" y los principios básicos del derecho penal de las sociedades "modernas, dignas y civilizadas".

Además de tildar de "populista" y "autoritario" el nuevo texto penal, los grupos han advertido de que España ya cuenta con uno de los códigos más duros del entorno europeo, con una altísima población reclusa y con bajos índices de criminalidad.

Varios diputados han destacado que "no hay nada contra la corrupción", mientras que han sacado a colación la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o la próxima regulación del derecho de huelga para denuncia que el Gobierno busca "acallar las voces discrepantes".

Llamazare:"Es la reforma de la venganza, es autoritaria y un intento de acallar las voces discrepantes"

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha acusado al Gobierno de tejer un "entramado legal" para "criminalizar" el descontento social castigándolo como una infracción administrativa o un delito. Tras recordar la purga a los inspectores de la Agencia Tributaria o los policías que investigan la corrupción, Villarrubia ha lanzado un mensaje al ministro de Justicia: "Debe saber, señor ministro, que esta reforma también durará lo mismo que el Gobierno del PP, bastante poco". El PSOE ya presentó recursos de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, considera también que el Gobierno hace "un traje a medida" en la Ley de Seguridad Ciudadana y en el Código Penal para todos aquellos que "han hecho escraches, han impedido desahucios o han participado en movilizaciones sociales".

"Es la reforma de la venganza, es autoritaria y un intento de acallar las voces discrepantes", ha proseguido Llamazares, que ha reprochado que Gallardón plantee "de forma eufemística poner en marcha la cadena perpetua" cuando ningún país europeo contempla una reclusión de 40 años o una revisión en los plazos propuestos por el proyecto de ley.

Ciu, el PNV, BNG, ERC y Compromís se han unido a las críticas, mientras el diputado de Amaiur Sabino Cuadra cree que el Gobierno "necesita buscar nuevas ETAs y kales borrokas y crear nuevos enemigos en las mareas, en el 15M y en todas las movilizaciones sociales para aplicarles un traje penal".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado que su reforma del Código Penal conlleve un endurecimiento de las penas e incluya figuras "inhumanas" o "populistas". En este sentido, ha defendido la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable (como denomina a la cadena perpetua) y ha recordado que constituyó un "compromiso" electoral del Partido Popular.

En el Pleno del Congreso de los Diputados, el titular de Justicia ha defendido este proyecto de ley frente a las enmiendas de totalidad planteadas por el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC, Compromís-Equo, CC, Amaiur, BNG, quienes coinciden en su crítica contra una de sus medidas estrella, como es la prisión permanente revisable al considerarla "degradante" y perseguir un "claro objetivo electoral".

La oposición ya había criticado que su duración indeterminada y su posible colisión con el principio de reinserción hacen dudar a los grupos de su constitucionalidad al entender que su "eufemístico nombre enmascara una cadena perpetua" contraria a la "dignidad humana".

No es el único aspecto criticado por la oposición, que cuestiona la libertad vigilada y alerta de que la permanencia de enfermos mentales en centros psiquiátricos puede llegar a ser "ilimitada".

 La oposición sobre la prisión permanente revisable: Su "eufemístico nombre enmascara una cadena perpetua" contraria a la "dignidad humana"  En la tribuna del Hemiciclo, Gallardón ha defendido el rigor y la constitucionalidad que ha presidido su reforma del Código Penal, avalada por los informes del Consejo de Estudio, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyas sugerencias se acogieron en el proyecto.

Además, ha asegurado que se equivocan quienes creen que es la actualidad y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulando la 'doctrina Parot' las que han impulsado esta reforma. "Este compromiso lo asumimos en el programa electoral", ha recordado.

Pese a enfatizar que "el mero paso del tiempo no garantiza la reinserción", Gallardón ha asegurado que, con todo, este texto desarrolla una "reinserción real, constatable y con garantías" al permitir a los jueces -- una vez cumplida una parte mínima de la condena-- revisar la situación personal del condenado y estudiar si constituye una amenaza para la sociedad.

"Negar que tiene un carácter democrático sería tanto como decir que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza o Dinamarca no son países democráticos porque aplican figuras semejantes para un mayor número de delitos", ha expuesto.

En este contexto, Gallardón ha mostrado su "preocupación" cuando los grupos vierten una "grave acusación" como tachar de "inhumana" la prisión permanente revisable ya que "ignoran" que fue avalada por el Tribunal de Estrasburgo.

El ministro ha añadido que en la actualidad no existe esta revisión periódica ni para penas máximas de hasta 40 años, ni en casos de acumulaciones de condenas. "Lo que determina la inhumanidad de una pena es su falta de horizonte de libertad", ha agregado.

A su entender, es necesario que la sociedad española tenga la confianza de que habrá un reproche suficiente y justo hacia quienes atenten contra la convivencia. "Son las víctimas las que han sufrido en nuestro país un dolor perpetuo y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para corregir esa injusticia", ha dicho, para pedir a los grupos que reconsideren el "grave" error de denominar esta pena como "cadena perpetua".

El ministro ha recordado que el proyecto de ley, aprobado el pasado 20 de septiembre en el Consejo de Ministros, reserva la imposición de la prisión permanente revisable a los casos más graves y puede ser revisada tras un periodo de cumplimiento de entre 25 y 35 años en la cárcel.

Para el ministro, es necesario que la sociedad tenga la confianza de que habrá un reproche suficiente y justo hacia quienes atenten contra la convivencia

Esta pena se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad con homicidio. Además se reserva para casos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos que hayan sido cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.

En su defensa, Gallardón también ha apostado por defender la ampliación de la libertad vigilada, negando que tenga una duración "ilimitada" y explicar que contará con un plazo mínimo de tres años y un máximo de cinco años, prorrogables.

Tras recordar que hasta ahora se aplicaba a delitos sexuales, ahora se amplía a determinados supuestos de prostitución y corrupción de menores o incumplimientos relevantes de las medidas de seguridad. Gallardón ha concluido que el juez de vigilancia penitenciaria podrá decidir periódicamente si mantiene o altera esta medida de seguridad en virtud de las condiciones de peligrosidad.

Durante el debate de las enmiendas de totalidad, el ministro ha defendido el proyecto de ley, que aprobó el pasado 20 de septiembre el Consejo de Ministros, y la constitucionalidad de la prisión permanente revisable al poder ser revisada tras un periodo de cumplimiento de entre 25 y 35 años en la cárcel.

Esta pena se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad con homicidio. Además se reserva para casos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos que hayan sido cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.

El nuevo Código Penal fija una duración mínima de tres a cinco años para la libertad vigilada, una medida de seguridad que será revisada periódicamente por el juez ante la peligrosidad y riesgo de reincidencia del condenado. Además, permite a los tribunales españoles perseguir a los clientes de prostitución infantil en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residentes.

El nuevo Código Penal permite perseguir a los clientes de prostitución infantil en el extranjero

La reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos.

También tipifica como delito el matrimonio forzado y la inutilización de los dispositivos electrónicos utilizados en el control del cumplimiento de la pena o aumenta el reproche para la comisión de incendios graves, sobre todo si afectan a zonas protegidas.

El Gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.

Agrava el atentado contra la autoridad, castiga la firma de contratos de servicios no útiles o a precios "desorbitados" con perjuicio para las arcas públicas y permite sancionar con un año de cárcel o multa al representante legal o administrador de un partido político que no adopte medidas de vigilancia o control para evitar la comisión de delitos.

La propuesta contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde seis a dos años para el representante legal o administrador de "hecho o de derecho" de "cualquier" persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida para evitar estas actividades delictivas.

El paquete integral de medidas contra la corrupción está siendo llevado directamente por Presidencia, de ahí que el nuevo tipo de financiación ilegal de partidos políticos no haya sido incluido en este proyecto de ley.