El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado este martes en el Pleno del Senado que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano.

Gallardón respondía así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez sobre si el Gobierno 'sabe ya lo que quiere hacer con los Registros Civiles'.

En su intervención, el titular de Justicia explicó que el Gobierno presentará en breve una propuesta para encomendar la gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.

Precisó que en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.

'Será un registro civil público, gratuito, universalmente accesible, más cómodo y cercano para el ciudadano', destacó el ministro, al tiempo que añadía que no se destruirá ningún puesto de trabajo como consecuencia de la reforma.

 El Registro Civil de España está digitalizado y costó a las arcas públicas un total de 130 millones de euros. Los libros digitalizados se remontan desde 1870 hasta la actualidad.

El Ministerio planea que los funcionarios que hay ahora en los Registros Civiles será distribuidos entre los juzgados, siempre y cuando estén en las comunidades autónomas cuyos medios materiales gestiona el ministerio. Los sindicatos temen que provoque el despido de unos 3.500 interinos que trabajan ahora en los juzgados y que serán desplazados por los funcionarios de los registros.

Los registradores de la propiedad y mercantiles está regulados por la legislación hipotecaria. Cada uno tiene su propia empresa y contrata a sus  empleados, que no dependen del Estado ni tienen vinculación alguna.

El ministro anunció que los registradores mercantiles asumirán el Registro Civil, tratándolos como una profesión al margen de los de la propiedad, cuando forman el mismo cuerpo.

 Los registradores de la propiedad y mercantiles tienen una estrecha relación con el Gobierno actual. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, como lo son también dos hermanos suyos. Además una nuera de Alberto Ruiz-Gallardón es también registradora.

La digitalización de los registros civiles, que costó 130 millones de euros, se llamó Inforeg y duró casi cuatro años. El Ministerio de Justicia ha estado trabajando de forma discreta en un proyecto llamado Futureg que supone la unificación de todos los registros en un único programa. Ahora, anuncia que los registradores mercantiles realizarán una plataforma digital y que será gratuita para el erario público.

La idea de Gallardón expuesta en el Senado es que los registradores tengan un historial por cada español, con su vida jurídica integrada en él.

Otro de los debates es el coste que supondrá para el ciudadano. El ministro de Justicia ha anunciado que será gratuito, pero se desconoce cómo se financiará. Para hacerse una idea, la defunción de una persona supone la necesidad de que sus allegados obtengan entre 10 y 15 certificados de defunción, ya que estos documentos son necesarios para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil, los distintos servicios de agua, luz, gas...

 El ministro defendió en el Senado que los registradores mercantiles tienen carácter de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario.

Según explicó, este colectivo pasará a denominarse 'registradores civiles y mercantiles' y ha sido elegido por el Gobierno para gestionar el Registro Civil frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales.

En concreto, dijo, por su experiencia en las funciones registrales, por su 'capacidad' para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital, así como por su 'conformidad' con una de las 'líneas rojas' establecidas por el Ministerio, como era la gratuidad de los trámites para la ciudadanía.

Los sindicatos temen el despido de 3.500 interinos de los juzgados, que serán desplazados por los funcionarios de los Registros También ha pesado que los registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles y los de la propiedad son distintas.

En la actualidad, los registradores mercantiles llevan los registros de las personas jurídicas y, en el futuro, pasarán a asumir también los de las personas físicas.

Nada más realizar el anuncio, el ministerio de Justicia difundió un comunicado con los detalles sobre esta privatización del Registro Civil.

El Ejecutivo sostiene que busca acabar con el colapso y las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros, que están llegando a dar citas para 2019, y que representan el 44% de las quejas que se presentan contra la Administración de Justicia.

Justicia garantiza que la base de datos del Registro seguirá perteneciendo al EstadoEn el comunicado, el Ministerio sostiene que, para evitar tales disfunciones, considera 'indispensable dar un paso más en la informatización de los datos y aparcar el papel. Por eso los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción)'.

'El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública -añade la nota- tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado'.  

'Ello hará posible -agrega- que el 85% de las certificaciones expedidas cada año, unas tres millones, sean innecesarias y se evite el traslado físico de los ciudadanos a los registros'.

Al difundirse el sorpresivo anuncio de Gallardón, la víspera de la posible imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'', el sindicato Comisiones Obreras emitió un anuncio urgente para convocar una huelga en la Administración de Justicia en toda España, si el ministro no retira su decisión anunciada en el Senado.

CC.OO.  acusa al ministro de Justicia de 'haber actuado y seguir actuando de forma cínica y desleal, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación  para tratar de forma seria y con objetividad sobre los Registros Civiles, como con la sociedad española, privándola de un servicio público en que millones de datos del ámbito personal pasarán a manos privadas, de mantener Gallardón esta decisión inaceptable'.

Este sindicato acusa al ministro de 'privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio Ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización' sin coste ni pérdida de puestos de trabajo'. La realidad, a juicio de este sindicato, 'es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos'. 

El anuncio de Gallardón pilló de sorpresa a parte de los registradores de la propiedad y mercantiles de España.

A última hora de este martes, el Colegio de Registradores difundió un comunicado en el que denunció que el ministro no les había consultado, criticó que el ministro de Justicia no conociera su profesión y denunció la falta de consenso hacia un colectivo, el suyo, que había colaborado sin coste para el país con la tramitación de medio millón de expedientes de nacionalización que aparecieron perdidos en un 'zulo' del Ministerio de Justicia.

'El Colegio -dice el comunicado- lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos'.

'La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general', concluye el comunicado que recuerda que rechazaron en abril de 2013 la asunción del Registro Civil.

El Colegio acusa al ministro de Justicia de desconocer su profesión y las consecuencias de esta decisión.  'Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia'.