El juez Baltasar Garzón aprovechó ayer la comparecencia en la Audiencia Nacional del presidente y representante de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Mirena Beriziartua, para imputarle un delito de colaboración con la organización terrorista ETA-Batasuna, cometido a través de la financiación que desde su partido presuntamente se hace de las actividades de la formación ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.

Según la defensa de ANV, ejercida por uno de los abogados que habitualmente defiende los asuntos de Batasuna, Iñigo Iruin, la imputación de personas concretas es un paso imprescindible para acordar la suspensión de actividades de ANV, como solicitan la fiscal Dolores Delgado y los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia. Junto a Beriziartua, Garzón imputó ayer a la apoderada Alazne Arocena y al secretario general de ANV hasta el pasado mes de octubre, Antxon Gómez.

Tomar el testigo

No obstante, la Fiscalía solicita la suspensión de actividades, prevista en el artículo 129 del Código Penal para las asociaciones ilícitas, por la trayectoria seguida por la formación, indicio suficiente, en opinión del Ministerio Público, para suspender sus actividades. Así, argumenta que desde el fin del alto el fuego declarado por ETA, ANV 'toma el testigo' y asume la labor institucional desarrollada por Batasuna, lo que se constata tras la operación desarrollada en octubre contra la actual Mesa Nacional del partido ilegalizado.

La fiscal defendió durante la vista que no hay por qué diferenciar el terrorismo político del religioso. Citó para ello las sentencias del Tribunal Supremo que han castigado el adoctrinamiento y reclutamiento de mujahidines. Argumentó que ANV 'nutre' las acciones terroristas, no por no condenar los atentados, sino por justificarlos, al compararlos con 'los presos de ETA en cárceles españolas'. Ante el juez insistió en que no se persiguen ideologías, pero sí el justificar el terrorismo, porque lo fomenta.

Según Iruin, este criterio supone 'un nuevo paso en el vaciamiento progresivo del concepto de organización terrorista, que se hace cada vez más amplia y extensiva'.

En cuanto a los indicios utilizados contra ANV, Iruin explicó que no se ha acreditado ningún pago a Batasuna, salvo unas tarjetas de crédito a nombre de sus responsables Arnaldo Otegi, Joseba Permachy Pernando Barrena. Aseguró que en el caso de que se compruebe algún pago no superará los 5.000 euros.

Vías de financiación

En su auto, Garzón señala que investiga la integración o colaboración de ANV con la organización terrorista ETA-Batasuna. En concreto explica que se indagan 'las presuntas vinculaciones de personas y estructuras integradas o pertenecientes a dicha organización y las de ANV', así como 'los mecanismos y vías de la posible financiación de ETA, Batasuna, Ekin, Segi o Gestoras, y sus miembros, algunos de los cuales podrían haber dirigido y diseñado' los medios necesarios para hacerlo.

El juez acusa, en su resolución, a los tres nuevos imputados y a los que anuncia que se producirán de haber 'dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna'.