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El generalato de la Guardia Civil intenta hacerse con la Dirección y los agentes avisan: "Saldremos a la calle"

La cúpula del cuerpo maniobra para colocar un militar como responsable político de la Guardia Civil por segunda vez en 30 años

El teniente general José Luis Ulla y el director general de la Guardia Civil en la primera legislatura de Rajoy, Arsenio Fernández de Mesa. Foto: Guardia Civil

CARLOS DEL CASTILLO

@CdelCastilloM

MADRID.- Desde que en 1986 el Gobierno de Felipe González desligara definitivamente a la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas, solo un militar ha ejercido su mando político. Fue el teniente general Arruche, al que Zapatero nombró director general en 2004. Solo se mantuvo dos años en el puesto, pero desde entonces los generales que integran la cúpula del cuerpo han transmitido en varias ocasiones su deseo de volver a controlar no solo sus funciones policiales, sino de extender su poder a la Dirección General para hacerse con el mando completo sobre los agentes, tanto político como operativo.

Esta petición por parte de la generalato suele ganar intensidad en los cambios de Gobierno, cuando la Dirección General queda vacante. Sin embargo, según ha podido saber Público, la maniobra cuenta esta vez con visos de fructificar, e incluso ha llegado a oídos de varios diputados de la Comisión de Interior del Congreso. "Sería un paso atrás muy grande para la democratización y la modernización de la Guardia Civil", advierte a este medio Juan Antonio Delgado, portavoz de Podemos en la citada Comisión.

El elegido para ocupar el puesto sería el teniente general José Luis Ulla, actual jefe de Personal y muy cercano al director general en la etapa de Jorge Fernández Díaz, Arsenio Fernández de Mesa. A diferencia de otras ocasiones en las que han intentado rehacerse con el mando, los generales se encuentran ahora en una posición reforzada, y su intención de devolver a un militar a la jefatura política podría estar más cerca que nunca.

"Sería un gran paso atrás para la democratización y la modernización de la Guardia Civil", advierte Juan Antonio Delgado, portavoz de Podemos en Interior

Cabe recordar que la primera legislatura del PP al frente del Gobierno estuvo marcada por el proceso de remilitarización del cuerpo y que el segundo equipo de ministros de Mariano Rajoy tiene un perfil aún más tecnocrático que el primero. Además, el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no tiene experiencia en la política nacional, mientras que Fernández de Mesa ya ha sido un político muy permisivo con los deseos de los generales que, por ejemplo, todavía no han aplicado su orden general para la implantación de turnos de trabajo en el cuerpo, a pesar de que la emitió hace dos años.

Las asociaciones de agentes coinciden en la necesidad de que el puesto sea ocupado por un civil de marcado perfil político. "Un militar no va a tener la capacidad dialogante, ni el bagaje, ni la perspectiva para lidiar con los verdaderos problemas", explica Alberto Moya, secretario general de AUGC, la agrupación mayoritaria entre los guardias civiles.

"Los militares estamos acostumbrados a que nos ordenen y cumplimos, pero el director general no puede limitarse a cumplir órdenes, tiene que pelearse para conseguir que la Guardia Civil esté donde tiene que estar", explica en este caso Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales. "Lo mejor es que sea un político, en este ámbito hay que jugar en primera división", enfatiza.

"Nos movilizaremos desde el primer minuto"

"Hablamos del PP y de un Gobierno que está acostumbrado a mandar sin escuchar. Si cometen el error de colocar a un general como director general se van a agigantar los pasos hacia la militarización y los guardias vamos a seguir retrocediendo en derechos", asevera Moya, que ya avisaba en este medio de los peligros de ese proceso: "Si en un momento dado la Policía no es suficiente, lo que no puedes hacer es sacar al Ejército a la calle. La Guardia Civil puede hacer ese trabajo porque la obediencia debida militar está por encima de las garantías de derechos humanos que se podrían vulnerar".

Por eso, asegura que su organización no va a quedarse de brazos cruzados. "Van a dar una patada al avispero. En la Guardia Civil existe un conflicto larvado y si se toma esa decisión va a explotar. Nos movilizaremos, saldremos a la calle al día siguiente", dice el presidente de la AUGC, que agrupa a más de 30.000 afiliados entre los 65.000 agentes del cuerpo.

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