BARCELONA. - La Generalitat investigará de oficio a las empresas eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables, según ha dicho hoy el conseller de Empresa, Jordi Baiget, que se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social.

Baiget ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a la iniciativa y ha apelado a la "responsabilidad social" de las eléctricas para que se hagan cargo de los suministros de las familias sin recursos.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlament en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos.

Baiget ha mantenido una conversación telefónica con el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, en la que, según ha dicho, han coincidido en la necesidad de reunirse para tratar el caso relacionado con la muerte de una anciana de Reus por un incendio causado por una vela tras cortársele el suministro de luz.

El conseller ha anunciado el acuerdo para crear un grupo de trabajo con la administración y las entidades del que salga una propuesta de bono social de la tarificación eléctrica para familias vulnerables para plantear al Estado, al considerar que el que se aplica "no es un verdadero bono social", y ha afirmado que quien tendría que asumirlo son las compañías suministradoras.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha pedido a la Generalitat que se multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible, pero el Govern no se ha comprometido y ha dicho que se está pendiente de la información para ver si se acaba incoando expediente sancionador.

"Información sesgada"

La abogada y familiar de la mujer muerta en un incendio en Reus (Tarragona), Àngels Alegre, ha acusado al Ayuntamiento de dar información "sesgada" de su expediente personal para justificarse.

En declaraciones a los medios, Alegre ha explicado que al revelar datos de su situación personal "se ha vulnerado el derecho a la intimidad" y por eso han presentado una instancia en los servicios sociales del consistorio para pedir que se abstengan de dar cualquier información personal.

Para la abogada, se ha producido una tragedia en la que se cortó la luz a una anciana sin previo aviso, "es aquí donde está el problema", por lo que pide que las informaciones se centren en estos hechos.

Asimismo, ha explicado que la anciana tenía asignada una profesional de los servicios sociales que debía hacerle seguimiento. Ha lamentado que desde el Ayuntamiento no les llamaron para ofrecerles ningún tipo de ayuda tras la muerte, y que ha sido la familia quien se ha encargado de todos los trámites para el entierro.

En la instancia, la abogada critica que se está produciendo una filtración desde el consistorio de detalles de su situación personal que nada tienen que ver con el accidente mortal producido. "Es del todo reprobable que el Ayuntamiento se quiera excusar dando información ajena al propio suceso trágico del incendio y del corte de luz por parte de la compañía eléctrica, en principio prescindiendo de la legalidad", valora.

Para la letrada, "es indigno e inhumano que el alcalde de un municipio utilice información personal de una persona muerta para querer justificarse". Por eso, consideran la actuación del ayuntamiento "ilegal, brutal, cruel, despiadada e incívica", y le pidan que deje de dar información porque es una intromisión ilegal.

Relata como el martes, la bisnieta "estuvo en Reus, se hizo cargo de su bisabuela, la lloró, le pagó el entierro y se fue, sin hacer ruido, sin dar información (y tiene mucha), sin decirle al consistorio donde ha fallado, sin hablar ni dar ningún detalle de la vida de su estimada Rosa. Lo mismo pide a este consistorio", prosigue el texto.