Publicado: 22.12.2015 19:35 |Actualizado: 22.12.2015 19:35

La Generalitat recurrirá la reforma exprés del Tribunal Constitucional

El PP promovió una modificación legislativa para conceder al TC la capacidad de sancionar y suspender de sus funciones a Artur Mas si incumple las sentencias

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El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, a su llegada a la reunión semanal del Govern. EFE/Toni Albir

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, a su llegada a la reunión semanal del Govern. EFE/Toni Albir

BARCELONA.- La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Tribunal Constitucional (TC) impulsada por el Ejecutivo del PP para que se pueda suspender de sus funciones a Artur Mas si incumple las sentencias.

El PP promovió en septiembre una reforma legislativa para conceder al TC capacidad sancionadora y abrir la puerta a la posibilidad de que el alto tribunal pueda multar o incluso suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat y a cualquier persona o autoridad que vulnere sus sentencias.



"La broma se ha acabado", avisó a los soberanistas el presidente del grupo del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, el pasado 1 de septiembre, en la presentación de una propuesta de reforma que se acabó aprobando el 16 de octubre.

Tras la reunión de este martes del Govern, Munté ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, ante lo que considera un "cambio cualitativo importante en las funciones encomendadas a la institución" y que "puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado".

Para el Govern, la reforma "vulnera las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación con el principio de legalidad y excede la definición del ámbito de jurisdicción del TC que ha hecho la Constitución".

El gobierno de la Generalitat también ha decidido recurrir al TC la ley de seguridad nacional del Estado por vulneración de competencias catalanas.

Según el ejecutivo en funciones que preside Mas, la ley deja fuera del diseño de la estrategia de seguridad nacional a los gobiernos que, como el catalán, tienen competencias concurrentes en materia de seguridad pública.