Publicado: 10.09.2014 07:00 |Actualizado: 10.09.2014 07:00

El Gobierno cierra filas ante la ONU y recurre a la Ley de Memoria Histórica que dejó sin fondos

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Cierre de filas total y absoluto. Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de "erróneo", otras de "inexacto", así como ha acusado al relator de la ONU de "olvidar" reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que "el mayor triunfo de sus pretensiones" ya se había logrado: "la consolidación de la democracia". Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.

Así, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativo para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.

El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de que "el olvido y el perdón" eran la única vía para "la reconciliación". "La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática", ha señalado Menéndez.

Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más". Cabe destacar que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es "erróneo de raíz".

"Está justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición", señala Bonilla, que explica que confrontar "razones jurídicas con razones políticas", como ha hecho la representante española, es "negar el Estado de Derecho".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado en un comunicado como "lamentable" la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. "Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver", ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

El viernes será el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre. La delegación tenía como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.

Sobre este último informe se pronunció el lunes Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El ministro de Justifica señaló que el Gobierno "discrepa claramente" con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.