MADRID.- Ya se sabía que el Gobierno en funciones se mantenía erre que erre en su oposición a someterse al control del Congreso de los Diputados. Pero, al igual que hizo en la anterior legislatura, de nuevo lo ha comunicado oficialmente a la Cámara baja a través de su presidenta, la popular Ana Pastor. El motivo concreto ha sido anunciar que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, no comparecerá en la sesión plenaria del próximo martes día 27.

Para ese día por la tarde está convocado un pleno de la cámara con un único punto del orden del día: la comparecencia de De Guindos para explicar el polémico nombramiento del exministro José Manuel Soria para ocupar un puesto de director ejecutivo en representación de España en el Banco Mundial en Washington. Soria, tras el revuelo político organizado en torno a su nombre, renunció al puesto a petición del Gobierno.

La presidenta Pastor ha comunicado el escrito que ha recibido de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en la que se comunica que el ministro De Guindos no acudirá al llamamiento de la Cámara. El pleno monográfico fue acordado por la mayoría de la Junta de Portavoces –sólo votó en contra el PP– aunque la presidenta se resistió durante unos días a la convocatoria del cónclave parlamentario.

Finalmente Pastor fijó el pleno para el martes día 27, pero una vez que el Gobierno y el propio De Guindos accedieron comparecer ante la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, instancia ante la que el ministro en funciones explicó el pasado miércoles, en un formato constreñido por las normas reglamentarias, su versión del nombramiento de Soria. La excusa fue que había pedido comparecer a petición propia con la intención de informar sobre el cumplimiento del déficit macado por Bruselas en un escenario sin presupuestos del Estado para 2017.

La negativa, ahora ya oficial, del Ejecutivo en funciones a someterse al control de la cámara, con el reiterado argumento de que es un Congreso de los Diputados que no le ha concedido la confianza, pone de nuevo el conflicto de atribuciones abierto en la legislatura pasada entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones. Esta polémica está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el anterior presidente de la cámara, el socialista Patxi López, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

Fuentes parlamentarias han informado a Público de que la Junta de Portavoces “rellenará” en su reunión de mañana el orden del día de ese pleno para que “no sea una jornada perdida", aunque se pondrá de manifiesto la crítica generalizada ante la “silla vacía” del Gobierno en funciones.

Para ese primer pleno “ordinario” de la legislatura, cuyo calendario ha sido aprobado por la Mesa en su reunión de este martes aunque debe ser ratificado por la Junta de Portavoces, el grupo parlamentario socialista pretende introducir a debate la aprobación de crear una comisión de investigación sobre la actuación presuntamente delictiva del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en relación al proceso soberanista en Catalunya.

Este escándalo, desvelado por Público a finales de junio al difundir unas grabaciones entre el ministro en funciones y el director de la Agencia Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, realizadas en el despacho del responsable ministerial días antes de la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N, ha provocado un considerable revuelo político del que el Gobierno en funciones no ha dado explicaciones. Incluso la Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia presentada por instancias soberanistas.

La creación de esta comisión de investigación está apoyada por el resto de los grupos parlamentarios, por lo que fuentes de la Cámara baja dan por hecho que se creará de forma inmediata “con el propósito de que pueda comenzar a trabajar rápidamente”. La decisión de incluir este punto en el orden del día del primer pleno de la Cámara baja que se celebrará la semana próxima depende de la Junta de Portavoces que se reunirá este miércoles.

También deberá decidir si se comienza a tramitar de forma urgente, por el sistema de “lectura única”, una proposición de ley registrada por UPN, formación del grupo mixto que concurrió con el PP a las elecciones, para modificar la ley electoral y reducir una semana la campaña electoral en el caso de que haya una disolución automática de la legislatura el próximo día 31 de octubre si no ha habido una investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno. De esta forma, se evitaría tener que ir a votar el 25 de diciembre, día de Navidad, y adelantar la jornada electoral al domingo anterior, el día 18 de diciembre.