Publicado: 05.02.2014 07:41 |Actualizado: 05.02.2014 07:41

El Gobierno de Cospedal primero firma el despido y luego negocia

El responsable de la Función Pública aseguró en julio que es una "práctica habitual" modificar los puestos de la comunidad antes de hablar con los sindicatos. Lo dijo en el juicio que condenó al Gobierno regi

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Atado y bien atado. Así tenía la Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, su plan para acabar con 672 puestos de trabajo en agosto de 2012. La grabación de la vista que se celebró en julio en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), a raíz de los recursos que presentaron los sindicatos de la región contra el mencionado plan, demuestra que la Junta se negó a respetar los tiempos de la negociación colectiva y que, además, lo hace habitualmente.

El consejero de Presidencia, Leandro Esteban, firmó la orden que supuso la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y, por tanto, la destrucción de esos puestos y el despido de cientos de personas, incluso antes de empezar a negociar con los sindicatos. Según explicó el todavía director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, durante el juicio, esa es la "práctica habitual" de la administración regional.

Escucha aquí la grabación del juicio del pasado 23 de julio:

La Junta parecía tener asumido que no iba a mover ni una coma del borrador que presentó a los sindicatos el 20 de ese mes, tal y como estableció en su sentencia del pasado 27 de enero el TSJCM. El Alto Tribunal condenó entonces a la administración autonómica a recuperar esos 672 puestos y a readmitir así a unos 400 funcionarios interinos que ocupaban plazas en agosto de 2012—el resto estaban vacantes—, atendiendo a los recursos que habían presentado UGT y STAS Intersindical.

El audio de la sesión que celebró la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCM al que Público ha tenido acceso y cuya veracidad ha sido corroborada cotejándolo con la parte recurrente, revela que durante el juicio la magistrada Raquel Iranzo, presidenta de la sala, preguntó a De la Fuente cuándo había firmado la mencionada orden Leandro Esteban. Ella quiso saber si la rúbrica se produjo nada más terminar la fallida reunión con los sindicatos del 20 de agosto, en la que no hubo margen de negociación. "Tres o cuatro días antes", respondió él, para después explicar que "todas las órdenes de Relación de Puestos de Trabajo se firman con anterioridad" a hablar con los representantes de los trabajadores.

"No podemos estar pendientes cinco días de que lo firme" el consejero, añadió el responsable de los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha. "Es preferible que lo firme antes y cuando ya lo tengamos firmado ya poner la fecha. Eso es lo habitual (sic)", prosiguió.

La magistrada no pudo entonces evitar la sorpresa. "¿Es habitual que se firme una orden que todavía no está negociada?", le preguntó a De la Fuente. Y él insistió en que "todas las órdenes de Relación de Puestos de Trabajo se han hecho así durante este mandato y anteriormente". El director general del Gobierno de Cospedal remarcó que "ha sido siempre así" y que, por ello, él no iba a valorar la idoneidad del sistema a pesar de estar dentro del Ejecutivo autonómico. "Yo si está bien o está mal no entro ahí", afirmó.

Tras su declaración, el TSJCM concluyó en su sentencia que la Junta cometió una "infracción del ejercicio de la facultad negociadora de los sindicatos", lo cual "implica una violación del derecho a la libertad sindical" que consagra el artículo 28 de la Constitución. Por ello declaró nulas las disposiciones recurridas por los sindicatos y, además, condenó al Gobierno autonómico a "reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando". Según los sindicatos consultados por este diario, los interinos afectados serían unos 400, ya que el resto de plazas si bien figuraban en la Relación de Puestos de Trabajo estaban vacantes.

El Gobierno de Cospedal, que ha recurrido la decisión, deberá ahora readmitirles "con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos que correspondan". Es decir, que la administración castellano manchega deberá pagar a los funcionarios que despidió lo que hubieran cobrado de no haberse producido su cese.