Publicado: 09.12.2013 07:45 |Actualizado: 09.12.2013 07:45

"El Gobierno ha criminalizado la protesta y la pobreza"

El sociólogo y politólogo catalán advierte de que la sociedad ha cambiado "los derechos por el consumo" y denuncia que la derecha impulsa la "manipulación del temor y la incerteza ante el futuro" y la izq

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El sociólogo y politólogo Albert Sales es profesor de las universidades Pompeu Fabra y de Girona. Investigador de ámbitos como la pobreza y las violaciones de los derechos humanos y laborales en el seno de las empresas transnacionales, impulsa desde el año 2005 la Campaña Roba Neta en Catalunya. Activista social, se muestra muy crítico con el capitalismo contemporáneo y con la merma de derechos que acompaña a las políticas de ajuste impulsadas por la Troika.

En España hay un aumento progresivo de los índices de pobreza. Según sea Europa o el gobierno español, se dan cifras diferentes.

El baile de cifras se produce porque Eurostat da un 27% de pobreza y el Gobierno, a través del INE, lo deja en un 21,6%. Este índice mide el nivel de vida de los países y se calcula a partir del 60% de la mediana de los ingresos. No sabemos a qué se debe esta diferencia en los datos. De todas formas, es una cifra muy elevada, que no sólo indica pobreza, sino también desigualdad. Este dato marca un empobrecimiento de la población, ya que el umbral de la pobreza también desciende. Si hubiese un empobrecimiento general, igualitario, la población que estuviese bajo este umbral mantendría el mismo porcentaje y no ocurre así. Hay un grueso importante de la población que se va descolgando del nivel de ingresos medio aunque éste descienda. Y claro, las élites continúan aumentando sus ingresos.

¿Cómo entra una reforma penal en una coyuntura así?

Encaja muy bien. Entra dentro de la gestión neoliberal de la pobreza. Es una trayecto político que conduce al empobrecimiento más absoluto de las capas más vulnerables de la población, y que tiene que ser contrarrestada con otra cosa. Si tenemos bolsas de marginalidad, un crecimiento importante de la pobreza, tenemos dos formas de intervenir. La vía social, ahora mismo considerada inútil y sin sentido, o la contención a través de la vía penal. La reforma de Gallardón se ha interpretado como una criminalización de la protesta social, pero también es una criminalización de la pobreza a través de un endurecimiento de las penas y una banalización de éstas. Se busca transmitir a la sociedad que nuestro sistema penal es muy blando, con el uso del tópico que los criminales entran por una puerta y salen por otra.

Eso pasa más en las élites.

De hecho, es donde pasa. Con datos en las manos, esa creencia no se sostiene. La gestión neoliberal estigmatiza la pobreza. Pasamos de un estado del Bienestar, el welfare state al workfare state, donde las prestaciones sociales están condicionadas a la inserción en el mercado laboral. Una situación completamente irreal con las tasas de paro estructural que tenemos. Si los universitarios no encuentran ya trabajo, ¿qué puede hacer la gente sin estudios y sin formación para integrarse en el mercado laboral? Los que no asumen esta disciplina del workfare comienzan a ser tratados por la vía penal. Llega un momento que el sistema necesita condenar por la vía rápida, limpiar el espacio público de individuos problemáticos. Nos encontramos así en una situación como la actual. Desde que el PSOE reformó el Código Penal se da un endurecimiento continuo de las penas, además, por lo general muy focalizadas en la gente más pobre.

España es, tras Polonia, el segundo país de la Unión Europea en número de población reclusa, con 153 presos por cada 100.000 habitantes, según datos de 2010. ¿Es un reflejo de una decisión política o de una inseguridad real?

Sí, y eso que en España no se ha dado un aumento de la delincuencia. No ha aumentado desde los años 90 y eso contando con los pocos instrumentos de medición que se tienen por la falta de voluntad política en crearlos. Aun así, los criminólogos tienen muy claro que la delincuencia no se ha incrementado, esto es un hecho categórico. En cambio, y hasta hace apenas dos años, la población reclusa ha crecido de forma espectacular en los últimos 20 años.

¿La política penitenciaria viene entonces marcada por cierto alarmismo?

Los partidos de izquierda, en Catalunya IC-Verds y la CUP, sí que han mostrado públicamente su rechazo a este tipo de discursos populistas que, sin datos, es complicado de contrarrestar. Además, es un ámbito muy marcado por las vivencias personales, no sólo por las propias, sino también, y en gran medida, por las que llegan a través de los medios de comunicación. Nos encontramos en medio de noticias espectáculo que dejan una percepción de inseguridad muy sesgada. La sensación que tiene mucha gente es que antes no pasaban estas cosas, y sí que pasaban, pero antes las noticias de sucesos no eran más que una sección, un complemento de los informativos. Ahora, las cadenas de televisión las explotan de forma constante. Las noticias han dejado de ser un servicio público para ser un programa más. Se amplifican sucesos típicos que se dan en todas las sociedades y se acaban convirtiendo en vivencias.

Uno de los aspectos más criticados de la reforma del Código Penal emprendida por el gobierno Rajoy es la criminalización de las protestas.

La criminalización de la pobreza y de la protesta son dos fenómenos paralelos. Es la represión contra todo lo que se sale de la sumisión al discurso dominante y del poder, que busca implantar la precariedad, mientras los que se quedan fuera se convierten en cabezas de turco y pueden ser reprimidos. Es un camino ya andado por las ordenanzas municipales. Si convertimos las ciudades en parques temáticos destinados al turismo, es lógico que se quiera eliminar lo molesto, como todas aquellas personas que usan el espacio público de una forma que no se ajusta a lo deseado. Se aparta así a los sin techo, a los inmigrantes, a los manifestantes, a cualquiera que proteste y no se adapte.

¿Es una línea de actuación política en consolidación?

Es una línea no democrática, iniciada en los Estados Unidos en la década de 1980. Se podría definir como populismo punitivo, o quizás también como autoritarismo democrático. Se señalan culpables con una visión electoralista, se busca movilizar el voto de una manera visceral. Es una línea de actuación que funciona muy bien, porque vivimos en medio de múltiples inseguridades. No hay un programa político capaz de dar una respuesta al entorno, hay incertidumbres económicas, profesionales, familiares... una situación creada por el mismo programa neoliberal y que propone solucionar al menos la inseguridad en la calle con más policía. Se manipula el temor, la incerteza ante el futuro. Lo impulsa la derecha, pero la izquierda mayoritaria asume este discurso sin complejos.

La Policía Nacional cuenta con cerca de 3.000 antidisturbios para todo el Estado, mientras los Mossos d'Esquadra cuentan con unos 1.400 agentes realizando labores de este tipo. ¿Se necesitan tantos?

En Catalunya hay una gran represión, quizás porque Barcelona siempre ha sido un polo de movilización social importante. Hay un recorrido histórico que da miedo a algunos y la Generalitat ha apostado por la represión, sino no se puede entender que Felip Puig, siendo conseller d'Interior, dijese que la gente debía recuperar el miedo a manifestarse y a la policía. Para ellos, por definición, cualquiera que proteste es un enemigo del orden público.

Quizás es por eso no se da una movilización importante...

Hay una dificultad para articular un discurso alternativo que encaje todas las piezas. La sensación es que la gente se mueve dependiendo de si le toca o no le toca. No hay, de momento, un programa de unidad, pero si se está trabajando por crear alternativas.

¿El consenso social que parecía buscar Europa desde el final de la II Guerra Mundial dónde se encuentra hoy? ¿Se mantiene una conciencia de la clase obrera?

El consenso está roto. Desde las políticas públicas no se apuesta por la cohesión social. La apuesta es por la contención de la marginalidad. Antes, la gran preocupación de gobiernos e instituciones era la inclusión social, la inserción. Trabajar para conseguir crear un ambiente en que todos se sintiesen partícipes. Este discurso es tratado ahora como una cosa del pasado. Cuando está comprobado que la cohesión social genera crecimiento económico. Esta idea de la cohesión ha sido abandonada por una política de redistribución de la riqueza hacia arriba. El Estado no tiene ninguna preocupación por la aceleración de la pobreza, por las cada vez mayores bolsas de marginalidad que están creando con los que se descuelgan de las clases medias, que parece que son las únicas que existen ahora. Tenemos muy claro que si se recupera el crecimiento económico, eso no significará que se haya salido de la crisis. Los índices de pobreza se han incrementado muchísimo. La crisis ha servido para imponer unas políticas de contención de la marginalidad, guiadas por la criminalización de cualquier protesta y una exclusión social cada vez más marcada.

Parece que los derechos sociales y laborales se han convertido en un problema para recuperar el crecimiento.

Hemos cambiado los derechos por el consumo. Se vive a partir de la inyección de crédito. Esto distancia aún más a amplios sectores de la población que no puede pero sí quiere consumir. Del cambio de sensibilidad por esta situación a la movilización personal y colectiva hay un paso muy grande. En el actual momento, se tiene la percepción de que quien participa en alguna concentración y recibe un golpe es porque se lo ha buscado. Se ha pasado de luchar contra una situación, a luchar contra unas personas, además desde una perspectiva de desprecio, recuperando teorías sobre la underclass. Se usa el concepto nuevo pobre contra este pobre de siempre, se separan las causas y así se divide. Este sector no suele tener voz ni capacidad asociativa, y cuando se les ataca se erosionan los derechos de todos. Se habla mucho de los nuevos pobres, a los que parece que la crisis les ha afectado como un tsunami, como si fuese un simple accidente, una casualidad, pero se habla muy poco de los que ya eran pobres cuando estalló esta crisis. Recibieron el primer impacto y han quedado en una situación muy vulnerable. Se encuentran totalmente desprotegidos sin las pocas ayudas públicas que recibían para sobrevivir. Se han perdido ayudas públicas y las entidades que los atienden están desbordadas y funcionando con mucha menos financiación

¿Qué credibilidad pueden tener las críticas al estado del bienestar hechas por políticos investigados y encausados por supuesta corrupción o sospechosos de connivencia con ella?

Vivimos también en una crisis de legitimidad brutal. No se daba tanto descontento ciudadano desde la dictadura franquista pero, de momento, no se traduce en nada. Uno de los pasos más importantes que han dado en la liquidación del estado social y de derecho es la privatización de la ayuda, la caridad ya no es un derecho, sino una opción de las personas. Se basa en la voluntad de los que tienen, y esto, sucede también en dejar pasar fundaciones privadas para hacer tareas que antes realizaban las administraciones públicas. Con todo el respeto a su trabajo, pero los Bancos de Alimentos, por citar sólo una de estas entidades, forman parte de esta gobernabilidad neoliberal.

El recurso a la caridad, a la iniciativa privada, se da mientras siguen saliendo cifras de malnutrición infantil. ¿Deberían existir programas públicos de ayuda para evitar este tipo de situaciones?

Tendrían que existir programas garantizados por el Estado para evitar este tipo de casos. Esta situación socava los propios principios liberales del estado de Derecho, del estado democrático. Se está acabando con uno de los pilares de la democracia que es la igualdad de oportunidades. Si alguna cosa legitimaba el estado era esta igualdad. Hoy día se ha convertido en un principio totalmente falso. La movilidad social ascendente es cada vez más limitada, es casi imposible que el hijo de una familia pobre consiga salir de esa pobreza alguna vez en su vida.

En relación a iniciativas a favor del comercio justo o como la campaña Roba Neta que apoya a los trabajadores de la confección y que denuncia las condiciones laborales en Asia, y en general, en los países menos favorecidos por la globalización. ¿Tiene sentido que Europa se dedique ahora a unas políticas económicas relacionadas con este modelo asiático?

La competencia económica en el mundo globalizado es eso. En apenas 10 años, entraron 1000 millones de trabajadores nuevos. Se ha destruido la capacidad industrial de Europa y sectores como el textil han sido arrasados. La función de Europa en la economía mundial está en plena reconversión. Ya no somos consumidores y creadores de tecnología punta, ya no se generan bienes de equipos. La burbuja inmobiliaria ha hecho vivir a España fuera del lugar que le tocaba realmente por el tipo de producción industrial que mantiene, con una economía orientada a servicios y turismo. Con camareros y hoteleros y sin fábricas es difícil que se implante el modelo asiático. Los trabajadores en España se han convertido en un proletariado de servicios, fragmentado, con mucha rotación laboral y poca capacidad de movilización.

En una coyuntura de empobrecimiento como la que comenta, ¿se puede hacer un consumo responsable?

El consumo no puede ser una actividad de ocio. Debemos aplicar una reducción y una racionalización del consumo. La proliferación de centros comerciales supone una destrucción del espacio público que se privatiza. Al final, parece que cualquier actividad que se realice en el ámbito público debe generar una rentabilidad para el sector privado. En este sentido, los recursos públicos destinados a la policía y el turismo sirven sólo a la iniciativa privada.

La movilización en las redes sociales es muy alta pero sus efectos son poco visibles en la calle, en la sociedad.

Es una especie de autoconsumo, son los mismos siempre. No se puede dejar la cuestión de la movilización sólo en la red. Aunque si que han cambiado cosas, ya no sirve el relato del poder, está en cuestión, aunque de aquí a que se materialice esta protesta tan diversa aún queda. Creo que se debe dejar la actitud de resistencia y pasar al contraataque. Todos los movimientos que hay ahora son de resistencia, se debe crear una nueva actitud en la izquierda. Ahora hay más coordinación entre los diversos colectivos, pero falta más movilización.