El Gobierno ha confirmado esta mañana que va a estudiar 'toda la legislación' sobre escraches después de conocerse la sentencia de la jueza Isabel Valldecabres sobre la concentración de protesta de unas 200 personas realizada ante el domicilio de la vicepresidenta y que Valldecabres considera 'un mecanismo de participación democrática'. El ministro de Justicia ha confirmado este punto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, como la propia número dos del Ejecutivo, su respeto y su discrepancia con la decisión judicial.

Alberto Ruiz-Gallardón ha evitado pronunciarse sobre si la Fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ya que ésta actúa 'con autonomía', ha aclarado el ministro. Sin embargo, sí ha aclarado que la posición del Ejecutivo es la de la Fiscalía, que en su día entendió que sí se habían violado las leyes españoles con el escrache. Además, según Gallardón, tanto nuestra legislación como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 'garantizan que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión', como la que el Gobierno entiende que se ejecutó en el domicilio de su número dos.

Sáenz de Santamaría ha explicado que 'por supuesto, acata la sentencia' sobre el escrache frente a su casa en Madrid 'porque ése es el Estado de Derecho', aunque en su opinión, 'los derechos no son ilimitados' desde el momento en que afectan a 'los derechos de los demás', en este caso, del entorno familiar de la portavoz del Gobierno o de sus vecinos, cuya actividad, ha dicho, es ajena a sus 'responsabilidad públicas'. Además, ha recordado que 'hay cantidad de instituciones públicas para manifestarse delante de ellas' sin entrar en el 'terreno familiar y personal'.

Una de las opciones que tiene el Ejecutivo para endurecer la prohibición de este tipo de protestas es aprobar sanciones administrativas contra los escraches, según las fuentes consultadas.