Ni 'franquismo', ni 'dictadura' y ni siquiera 'régimen'. El Gobierno ha evitado cualquier referencia al mandato de Francisco Franco y a la represión ejercida por éste a la hora de hablar del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que, precisamente, exigía a España que dejara de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones y los crímenes cometidos durante y por el franquismo, y le reclamaba una investigación 'exhaustiva e imparcial' para aclarar lo ocurrido. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ni siquiera reconoce que entre los años 1936 y 1975 se produjeron esas desapariciones en España.

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu presentó una batería de preguntas (ver PDF) al respecto el pasado 18 de noviembre, apenas cinco días después de que el mencionado organismo de la ONU hiciera públicas sus observaciones y formulara una serie de recomendaciones a España para que su legislación y práctica cumplieran con lo establecido en la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas. 

Entre la veintena de cuestiones que planteó entonces el parlamentario de la coalición independentista se requería al Gobierno explicaciones expresas sobre las medidas concretas que iba a adoptar para dar cumplimiento al mandato de la ONU. Inarritu quiso saber qué iniciativas pondría en marcha el Ejecutivo 'para que los autores de las desapariciones durante la dictadura franquista sean enjuiciados' y 'sancionados' en el caso de resultar culpables. También preguntaba si el equipo que preside Mariano Rajoy 'impulsará una ley que establezca una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo'.

El miércoles llegó a manos de Amaiur la respuesta del Gobierno (ver PDF), en la que el Ejecutivo evita cualquier mención a esas dos cuestiones. En el texto, al que Público ha tenido acceso, tan sólo se dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho llegar las observaciones del Comité de la ONU 'a todos los ministerios concernidos'. También se atribuye a los jueces y tribunales cualquier actuación al respecto, ya que 'se encuentran sometidos al imperio de la ley' que 'determina que su intervención en diligencias de investigación se ajustará a lo dispuesto en los preceptos correspondientes de las normas procesales'. 

Sin reconocer en ningún caso que durante el franquismo se produjeron desapariciones forzadas —tal y como estableció el mencionado organismo internacional— el Gobierno se refiere a distintas leyes vigentes para argumentar que ya se persiguen esos crímenes y que las víctimas ya están amparadas por la justicia española.

Iñarritu también preguntaba al Ejecutivo si tenía intención de colaborar con la magistrada María Servini de Cubría de Buenos Aires en su investigación sobre crímenes internacionales cometidos en España durante la Guerra Civil 'y la posterior represión franquista'. Y en este caso sí, el equipo de Rajoy opta por responder al parlamentario, si bien en ningún momento reconoce que existiera tal represión. 

El Gobierno sostiene que en ese caso concreto 'el Ministerio de Justicia ha dado trámite y respuesta a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido sobre el particular'. Y anuncia que el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón 'dará trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial se reciban siempre y cuando éstas se adecuen a lo prescrito por los respectivos convenios internacionales'.