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El Gobierno de Ignacio González entorpece la investigación del 'caso Gürtel'

Un funcionario de la Consejería de Presidencia alega "órdenes superiores" para eludir un requerimiento del juez sobre 70 contratos públicos con empresas de Correa entre 2004 y 2006

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El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González, está poniendo trabas a las investigaciones del juez Pablo Ruz y de la Policía sobre la trama Gürtel y los contratos públicos que las empresas de Francisco Correa firmaron con las consejerías madrileñas. Así lo refleja el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incorporado a la causa, que denuncia que la Consejería de Presidencia se ha negado a cumplimentar correctamente el requerimiento del instructor sobre 70 contratos objeto de investigación. Un subdirector de ese departamento alegó que seguía 'órdenes de cargos superiores a él'.

A lo largo de la investigación, la Intervención General del Estado y la Policía han constatado que más de cien contrataciones de eventos de la Comunidad de Madrid, por importe de 3,1 millones de euros, con las empresas de la órbita de Correa, se fraccionaron irregularmente para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación mediante concurso que se exigen a partir de determinada cuantía.

En el marco de estas investigaciones, que ya están en su recta final, el pasado 27 de septiembre el juez Ruz requirió a la Consejería de Presidencia para que, en el plazo de cinco días, remitiera al Juzgado los datos de contratación y facturación con una serie de empresas del grupo Correa, Rafael y otras citadas en el exhorto, de 70 actos celebrados en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2006.

A partir del 9 de octubre, diversas consejerías hicieron llamadas a la UDEF para hacer llegar la documentación requerida, a lo cual se contestó que enviasen la documentación a través de la Consejería de Presidencia, ya que era a este organismo a quien se dirigió el requerimiento.

Después del 10 de octubre, la Consejería de Presidencia se puso en contacto con los agentes para remitir la documentación solicitada, a lo que los investigadores responden que debían remitir 'toda la documentación de las diverass consejerías', señala el informe de la UDEF. A ello contestaron que únicamente enviarían la documentación de su consejería.

La Policía pidió entonces hablar con un responsable de la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia, siendo el interlocutor un subdirector de área de ese organismo. Se le insistió en que era ese departamento el que debía mandar toda la documentación, ya que el requerimiento estaba dirigido a ellos y además hay actos que, siendo competencia de otras consejerías, han sido abonados por la de Presidencia. En caso de no tener facturas u órdenes de pago, deberían enviar una certificación negativa motivada al respecto.

El subdirector contestó que la forma de cumplimentar el requerimiento --enviar desde Presidencia sólo la documentación de su Consejería-- había sido 'ordenada por cargos superiores a él', a los que informaría de la postura de la Policía. La conversacion quedó registrada, según destaca la UDEF, en el Libro Oficial de Telefonemas. El actual consejero de Presidencia es Salvador Victoria, mano derecha de Ignacio González.

Posteriormente, la Consejeria de Presidencia hizo llegar al Juzgado información sobre tres de los actos de la lista de 70 que fueron contratados por ese organismo con las empresas sobre las que se consultaba, en 2005 y 2006.

Se trata de la organización del acto público de la firma de un convenio con Valencia, por 5.186,63 euros, con la empresa Servimadrid Integral; el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano de la Comunidad de Madrid, por 11.093,85 euros, con la empresa Lata Latina; y una firma de convenios para alumnos de la academia de polícia de la Comunidad, por 11.794,58 euros, con Servimadrid Integral. La Consejería, en su contestación, señala que del primer y del último de los tres actos ya había enviado la documentación a la Audiencia en 2009.

En el informe se anexan también las contestaciones enviadas tanto por la Consejería de Sanidad como por la de Educación, Juventud y Deporte. La primera de ellas dice sobre dos actos que no guarda ninguna factura aunque sabe que los actos se celebraron; sobre otros 13, de los que tampoco tiene documentación, que debieron sufragarse por las empresas adjudicatarias de las obras en hospitales a las que se referían.

Sí envía los datos de cuatro contrataciones con las empresas requeridas, realizadas en el periodo de 2004-2006 (siendo consejero Manuel Lamela). La principal fue una por 30.000 euros, en un contrato negociado con publicidad para organizar eventos, al que se invitó a tres empresas, Easy Concept (de Francisco Correa), Over Marketing y Marketing Promoción y Publicidad. Se concedió a la última. Los otros dos fueron a Servimadrid Integral (por por un total de más de 10.800 euros) y a Down Town Consulting (4.423 euros).

Los datos de tres actos cuya documentación remite la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, todos ellos con la empresa Ilusiona Comunicación, pone de manifiesto los fraccionamientos de facturas que denunció la Intervención del Estado. Por la presentación de la Vuelta Ciclista a Madrid, el 8 de mayo de 2006, se pagaron tres facturas distintas a una la misma empresa por importes de 7.440, 5.220 y 6.780 euros. 

Asimismo, por el mismo acto de recepción a un equipo de la ONCE que había ganado el campeonato de Europa en silla de ruedas, se pagaron a Ilusiona Comunicación dos facturas distintas por 4.930 y 7.070 euros, respectivamente.