MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy ha sido prolífico en materia legislativa desde que se instaló en el Palacio de La Moncloa, el 22 de diciembre de 2011. El afán reformador ha sido el santo y seña del mandato del dirigente conservador y se ha empleado a fondo para llevarlo a cabo. Lo ha hecho tanto en la cantidad de leyes promulgadas como, sobre todo, en la trascendencia de muchos de sus contenidos.

Las leyes aprobadas en tres años y medio por el Gobierno gracias a la mayoría absoluta del PP en las dos cámaras legislativas, el Congreso de los Diputados y el Senado, alcanzan la cifra de 210 textos, de las cuales 89 se han tramitado en los últimos doce meses, según datos aportados por el propio Ejecutivo en el resumen de actividades del último año. A esa cantidad hay que sumar diez proyectos que se encuentran en la recta final en el Senado y tres iniciativas en la Cámara baja, entre ellas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.

De este volumen legislativo una parte significativa ha suscitado grandes polémicas en el ámbito político por el calado de unas reformas marcadas por amplios y profundos recortes de derechos civiles y sociales para el conjunto de la sociedad española y también para diversos colectivos concretos. Muchas de esas reformas legales han generado continuas protestas y movilizaciones ciudadanas en la calle.

En paralelo, la oposición de izquierdas –en ocasiones también con el apoyo de formaciones de corte centrista– se ha comprometido a derogar muchas de las leyes aprobadas por el PP en el caso de conformarse una alternativa progresista. En algunos casos el compromiso ha sido unánime por parte de todos los grupos de la oposición en la actual legislatura; incluso con la firma de acuerdos por escrito. Es el caso de la llamada ley Wert, la Lomce –Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa— ; o de la Ley Orgánica de la protección de la Seguridad Ciudadana, la bautizada socialmente como ley mordaza.

¿Cuánto cuesta eliminar las reformas consideradas más reaccionarias por las formaciones progresistas? Un Gobierno progresista, con un respaldo parlamentario sólido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, necesitará al menos dos periodos de sesiones para ir revocando las leyes más contestadas de la era Rajoy y sustituirlas por textos nuevos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y eso con un trabajo parlamentario a pleno rendimiento y sin parar durante el verano del año que viene.

La tramitación de un proyecto de ley o de una proposición de ley requiere seis meses para cumplir los pasos reglamentarios

La tramitación de un proyecto de ley presentado por el Gobierno de turno o de una proposición de ley planteada por un grupo parlamentario -las dos iniciativas legislativas más comunes– requiere al menos un tiempo de seis meses para cumplir los pasos reglamentarios. Ese plazo, que supera un periodo ordinario de sesiones –entre febrero y junio y desde septiembre a diciembre– puede acortarse a tres meses si se acuerda un procedimiento de urgencia.

La mayoría absoluta del PP ha recurrido a este procedimiento en el último año para agilizar su producción legislativa, incluso en leyes polémicas. El pasado mes de julio liquidó en el Congreso de los Diputados en apenas una semana tres proyectos de ley entre el plazo de enmiendas, el trabajo de la ponencia y el debate y votación del texto legal en el ámbito de una comisión parlamentaria, habilitada con competencia legislativa plena en sustitución del pleno de la Cámara baja. En el Senado el ritmo será el mismo.

En el caso de que una iniciativa legislativa no concite el acuerdo que se desea puede “pararse el reloj” en el trámite del plazo para presentar enmiendas parciales al texto, que puede prolongarse por acuerdo de la Mesa de la comisión parlamentaria competente. Ha habido casos en los que este trámite se ha alargado durante más de un año, bien para dar tiempo a una negociación entre los grupos, bien porque se quiere aparcar en vía muerta la iniciativa legal. Pero este es el camino contrario si se quiere cambiar una legislación.

Vista general del Congreso de los Diputados. EFE

Lo más difícil, definir la nueva ley

Una cuestión importante a la hora de agilizar un cambio legislativo amplio consiste en definir el contenido del nuevo cuerpo legal, según fuentes parlamentarias consultadas por Público. No es lo mismo derogar, por ejemplo, la Lomce o la reforma del aborto y reactivar la legislación que estaba vigente con anterioridad que, además, sustituirlas por unas leyes nuevas. Promulgar una nueva ley de educación es, evidentemente, más complejo en términos políticos y mucho más lento en el trámite parlamentario.

No es lo mismo derogar la Lomce o la reforma del aborto y reactivar la legislación vigente con anterioridad que sustituirlas por unas leyes nuevas

En cualquier caso, el trabajo parlamentario para una nueva mayoría de izquierdas en las dos cámaras legislativas será arduo si se fija como objetivo prioritario eliminar del BOE la “producción” de las leyes conservadoras más reaccionarias durante esta legislatura dominada por el PP. Los primeros cambios legales podrían reflejarse al final del primer periodo de sesiones de la próxima legislatura, en torno a junio y julio, o incluso agosto, suponiendo que en febrero se constituyese el nuevo Ejecutivo.

Leyes para revocar la reforma del aborto, la eliminación del copago/repago farmacéutico en función de la renta, la revalorización de las pensiones, devolver las cotizaciones a la Seguridad Social a las personas cuidadoras de dependientes o aumentar la base reguladora de la prestación por desempleo, entre otras, podrían estar publicadas en el BOE en torno al verano del año próximo.

Otros cambios estructurales requerirían un mayor tiempo de tramitación, aunque provisionalmente podrían derogarse aspectos puntuales de alguna legislación vigente como, por ejemplo, los contemplados en la reforma laboral de 2012, en el Código Penal con la prisión permanente revisable o en la ley mordaza, según fuentes parlamentarias consultadas por este diario. “Hay asuntos, como el de la reforma laboral, en los que hay acuerdo en toda la oposición, pero un cambio completo lleva tiempo; aunque siempre se pueden eliminar aspectos como la precariedad de los contratos o la indemnización por despido”, explican a Público.

La mayoría simple, insuficiente para cambiar una ley orgánica

Para derogar o cambiar una ley vigente – también para promulgar una nueva - se requiere una mayoría parlamentaria simple, es decir, más votos a favor que en contra. Ahora bien, para hacer esto mismo en el caso de una ley orgánica -esto es, que tiene un rango superior sobre otras leyes de un mismo ámbito-. Es el caso de la ley mordaza, la Lomce, el Código Penal o la de estabilidad presupuestaria, por ejemplo.

Un Gobierno de izquierdas podría emplear el método del real decreto-ley para derogar las medidas de Rajoy

Pero un Gobierno tiene a su disposición un sistema todavía más rápido que la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia para legislar: usar el método del real decreto-ley. Para ello sólo tiene que justificar la urgencia para su promulgación y, de forma paralela, obtener una mayoría parlamentaria que lo autorice. En este caso, un Gobierno de izquierdas puede emplear este método para derogar aquellas medidas consideradas más lacerantes socialmente.

En esta legislatura, el Gobierno del PP, pese a contar con la segunda mayoría absoluta más amplia desde 1977, han usado ese método con gran profusión, sobre todo en sus dos primeros años en el poder. Entre 2012 y 2013 el Ejecutivo que preside Rajoy promulgó 61 leyes de las cuales 45 –un 73%- fueron por vía del real decreto-ley. La oposición se cansó de denunciar el abuso de este método por emplear su mayoría absoluta para eludir el debate parlamentario; la mayoría de esos reales decreto-ley no fue tramitada como proyectos legislativos tras su convalidación parlamentaria. Acabaron directamente en el BOE.