El Gobierno ha justificado la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles en que sus costes de explotación 'dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado' y para las cuentas de las comunidades con las competencias transferidas ya que sus gastos pasarán a ser sufragados por los propios registradores.

Así lo expone en la memoria justificativa y de impacto económico, a la que ha tenido acceso Europa Press, del decreto ley ‘ómnibus' que aprobó el Consejo de Ministros el viernes y que será convalidado mañana en el Congreso, modificando un total de 26 normas, entre las que se incluye la reforma del Registro Civil.

El Ejecutivo se felicita de que con su atribución a los registradores mercantiles se aprovecharán las infraestructuras materiales y el personal del que dispone este colectivo, 'sin coste alguno para la Administración ni para los ciudadanos', según el informe económico al que ha accedido Europa Press.

El Registro Civil está informatizado desde los documentos de 1870 hasta hoy, un proceso que ha costado al erario público un total de 130 millones de euros.

El ministerio lleva tiempo trabajando discretamente en un programa para interconectar todos los registros civiles que denomina Futureg, trabajo que ha elabodado con un reduido grupo de registradores mercantiles y al margen de los funcionarios y los operadores jurídicos. El Real Decreto atribuye a los registradores mercantiles esta competencia y deja para un reglamento posterior la fórmula de su financiación, aunque asegura que será un servicio gratuito para el ciudadano.

El informe destaca que esta privatización conllevará un 'notable ahorro de costes' para las Administraciones como consecuencia de la interconexión de datos y precisa que 'no existen alternativas distintas a las formuladas que permitan alcanzar' estos objetivos.

En este sentido, precisa que su traslado a otros funcionarios dentro de la Administración de Justicia se encontraría con varias 'dificultades'. Entre ellas, el mantenimiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, concursos de personal y traslado y nuevos inmuebles destinados a estas oficinas.

'Supondría consumir valiosos recursos de la Administración de Justicia, imprescindibles en dicho ámbito', prosigue el documento, que añade que los registradores sufragarán los gastos de este servicio público y para ello se crea legalmente una corporación de derecho público que financiará la contratación del sistema 'mediante cuotas proporcionales al número de operaciones realizadas'.

El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón defiende que los registradores mercantiles son funcionarios públicos dependientes jerárquicamente a Justicia, según el artículo 274 de la Ley Hipotecaria, y garantiza que el 'nivel de calidad' del servicio será homogéneo en todo el país.

Además, la medida tendrá además un impacto positivo para las personas con discapacidad porque su configuración electrónica evitará desplazamientos y también para el medio ambiente por cuanto se ahorrará en papel.

El Registro Civil tiene 150 años y el Gobierno ha decidido adjudicarlos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que tienen rango de funcionarios por la Ley Hipotecaria pero cuyos registros son empresas privadas, con contratados privados por lo que se da el caso de que más de un registro ha realizado despidos colectivos de sus empleados.

Los más 3.500 funcionarios que trabajan ahora en el Registro Civil serán distribuidos en los juzgados -allí donde la gestión de la Justicia esté en manos del ministerio de Gallardón-, de tal forma que desplazarán a otros tantos interinos que ahora trabajan en los tribunales. Se calcula una pérdida de unos 4.000 empleos con esta medida.

 El Registro Civil custodia la vida jurídica de los 46,5 millones de españoles. Nacimientos, incapacidades, muertes... Son documentos que registran los datos más privados e ineludibles de la persona. Es diferente respecto del registro de una propiedad o de un mercantil, para lo cual un propietario o una empresa los registras con el fin de tener una custodia jurídica de su bien y paga por mantener esa custodia.