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Catalunya El Gobierno lanza un órdago a Puigdemont y le invita a debatir el referéndum en el Congreso

La vicepresidenta comparece de forma excepcional tras el Consejo de Ministros para recordar al president catalán que el Parlamento es "el cauce democrático" para debatir las propuestas "que afectan a la soberanía nacional"

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La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Administración Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al inicio de la rueda de prensa. | EFE

Una contraoferta. Eso es lo que ha hecho el Gobierno frente a la agenda que el presidente de la Generalitat ha impulsado para explicar su propuesta de referéndum. Carles Puigdemont dará este viernes y el lunes sendas conferencias en Barcelona y Madrid, aunque el Ejecutivo pretende que defienda su postura en las Cortes generales.

"Es la forma de dialogar siguiendo las reglas democráticas", defendió Soraya Saénz de Santamaría, que compareció tras el Consejo de Ministros única y exclusivamente para presentar su oferta al Govern. "Dado que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, son las Cortes el lugar idóneo para debatir", continuó la vicepresidenta nombrada por Mariano Rajoy para liderar la llamada Operación Diálogo en Catalunya.

Preguntada sobre si ha habido contactos previos entre los jefes del Ejecutivo central y catalán, Sáenz de Santamaría negó que se haya producido ninguna reunión y cerró la puerta a que pueda haberla. "El Gobierno no puede negociar un referéndum porque la Constitución no lo permite", insistió. "Con un debate público en el Parlamento también ganamos en eso: en que todo el mundo sepa dónde está cada uno", agregó.

La número dos del Ejecutivo insistió una y otra vez en que tanto el Congreso como el Senado -no cerró la puerta a que el debate pueda producirse en la Cámara alta y, dijo, "con la mayor agilidad posible"- son la única oportunidad para que el referéndum soberanista sea debatido "siguiendo las reglas democráticas". Además, recordó algunos "antecedentes" de casos similares, como el del 8 de abril de 2014, fecha en la que los nacionalistas catalanes -CiU [ahora PDCAT], ERC e ICV- comparecieron en la Cámara baja para pedir la transferencia de competencias para poder celebrar la consulta soberanista.

El resultado en aquel entonces fue un "no" rotundo del Hemiciclo en el que Rajoy tiró de la 'política del miedo' para amedentrar a los catalanes con su salida de la Unión Europea y de la OTAN, entre otras cuestiones. En aquel entonces, el PP tenía aún mayoría absoluta pero, aun así, no estuvo solo. También el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba rechazó la consulta soberanista y, con ella, el derecho a decidir de los catalanes sobre Catalunya.

Previsiblemente, si Puigdemont acepta el órdago, el resultado de la partida no será diferente. Los autodenominados "partidos constitucionalistas" (PP, PSOE y Ciudadanos) siempre han ido de la mano en su defensa de la unidad de España, han recurrido juntos ante el Tribunal Constitucional los pasos hacia la desconexión del Parlament y han defendido su "no" al referéndum. De hecho, la propia Soraya Sáenz de Santamaría admitió que el Gobierno ha mantenido "una interlocución constante y fluida" tanto con sus socios de C's como con los socialistas -"especialmente con el PSC", apostilló-, a quienes han mantenido "puntualmente informados" de su oferta a Puigdemont.

Necesaria reforma constitucional

Sin embargo, aunque el gesto supone un paso adelante y diferenciado del habitual inmovilismo de Rajoy, el Gobierno esconde una carta bajo la manga: Puigdemont no tendrá que negociar sólo la celebración de un referéndum en Catalunya, sino que eso implicará, necesariamente, un debate sobre la reforma de la Constitución al completo.

"Si se vota y sale adelante en el Congreso, se celebrará el referéndum?", preguntaron los periodistas en la rueda de prensa de Moncloa. "Si el señor Puigdemont consigue que el referéndum sea un mecanismo constitucional...", respondió Sáenz de Santamaría, que insistió en que la propia Constitución marca los mecanismos a seguir para reformarla. Entre ellos, la necesaria aprobación de los cambios en la Carta Magna por una mayoría de los dos tercios de ambas Cámaras: Congreso y Senado. En la primera, PP, PSOE y C's son suficientes para tumbarla. En la segunda, el PP tiene mayoría absoluta.

Así las cosas, todo apunta a que el Gobierno juega con la mano que, a priori, parece ganadora. "Que Puigdemont traiga su propuesta y la negocie con los grupos parlamentarios, que es la forma democrática de hacerlo", insisten otras fuentes del Ejecutivo, no sin cierta ironía. De hecho, recuerdan el intento del exlehendakari cuyo 'Plan Ibarretxe' no logró salir adelante en el Congreso.

No obstante en el Gobierno de Mariano Rajoy nadie quiere aún adelantar acontecimientos. Lo primero es conocer, dicen, la respuesta de Puigdemont. "El Gobierno siempre le ha instado a seguir los cauces democráticos para presentar su propuesta. No creo que tenga inconveniente para debatirla donde se debe. Es una oferta difícilmente rechazable", opinó Sáenz de Santamaría. "¿Está dispuesto?", concluyó.​