Publicado: 08.10.2015 18:11 |Actualizado: 08.10.2015 18:26

El Gobierno liquida los presupuestos sin máculas de la oposición en el Senado

La mayoría absoluta del PP solo admite una enmienda al subgrupo catalán de Unió y otras tres corregidas a los “independentistas” de Convergéncia entre las 3.400 planteadas

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:
Los senadores de la oposición protestaron la semana pasada por la ausencia de Rajoy. EFE

Los senadores de la oposición protestaron la semana pasada por la ausencia de Rajoy. EFE

MADRID.- La tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 presentado por el Gobierno el pasado 4 de agosto en el Congreso de los Diputados ha entrado este jueves en su recta final. Y lo hace sin apenas despeinarse tras finalizar los debates de las enmiendas de la oposición –un total de 3.385– en la comisión de Presupuestos de la Cámara Alta.

El Gobierno tan solo ha admitido la inclusión de una única enmienda al texto que salió del Consejo de Ministros. Ese mérito ha correspondido a los senadores de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), integrados en el grupo parlamentario de CiU, al introducir en los PGE una nueva medida relativa a los genéricos farmacéuticos que beneficia a los usuarios y es del agrado del sector.

La mayoría absoluta de los populares también ha aceptado introducir otras tres enmiendas, pero en estos casos con modificaciones de puño y letra del propio PP, es decir transaccionales. Una, también sobre el sector farmacéutico, de Unió, y otras dos de los “independentistas” de Convergència Democràtica de Catalunya, ambas de carácter menor y aspectos técnicos.



Nada más. En esta ocasión el Gobierno y la mayoría absoluta que dispone el PP en ambas cámaras parlamentarias han superado el récord alcanzado en las cuatro ediciones anteriores de los PGE, cuando la admisión de enmiendas alcanzó una media entre seis y siete para cada ejercicio económico, todas ellas con transacciones introducidas por el propio PP. Hasta ahora la oposición había logrado “meter” unas 25 enmiendas de un total de 20.000 desde 2012.

En esta ocasión el listón ha sido más bajo todavía. En el Congreso de los Diputados la mayoría absoluta fue inflexible: de un total de 4.327 enmiendas tan solo fueron incorporadas al texto gubernamental las 106 planteadas por el propio PP; las restantes 4.221 fueron a la basura. En el Senado se han planteado 3.463 enmiendas, de las cuales 78 han sido del grupo popular.

De la intransigencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, da idea el hecho de que incluso ha rechazado 68 enmiendas presentadas por los diputados del Partido Aragonés Regionalista (PAR), integrados en el propio grupo parlamentario popular en la Cámara Alta. En definitiva, descontadas las cuatro mencionadas con anterioridad, 3.381 enmiendas han acabado en saco roto. Entre una y otra cámara parlamentaria, la oposición ha presentado un total de 7.605 enmiendas que han pasado sin pena ni gloria por los diarios de sesiones.

Al proyecto de PGE para 2016 tan solo le queda un último trámite para poder ser modificado. Será el próximo día 13 durante la sesión plenaria en la que se debatirán y votarán de nuevo aquellas enmiendas que mantengan vivas los grupos de la oposición. Fuentes parlamentarias aseguran que la mayoría absoluta del PP garantiza que no habrá variación sobre el texto que se ha alumbrado hoy en la comisión.

Antes de acabar en el BOE, los quintos presupuestos presentados en la actual legislatura por el presidente Rajoy –un hecho sin precedentes desde 1978– deberán pasar finalmente por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo día 20 de octubre, donde ya no hay opción de introducir enmiendas; tan solo ratificar los cambios introducidos en el Senado esta semana.

Cumplida esta formalidad el presidente del Gobierno tiene las manos libres para disolver el Congreso de los Diputados y el Senado, dando por finalizada la X Legislatura, y convocar las elecciones generales. Una cita que el propio Rajoy ha fijado para el 20 de diciembre; en consecuencia, firmará el decreto de disolución y convocatoria el lunes 26 para ser publicado al día siguiente en el BOE, cumpliéndose así el plazo establecido legalmente de 54 días que deben mediar entre ambas fechas.