Responde, pero no a lo que se le pregunta. Así ha reaccionado el Gobierno de Mariano Rajoy a una petición de UPyD en la que la diputada y líder de la formación magenta, Rosa Díez, le instaba a explicar por qué el Ministerio del Interior había mantenido en su puesto a un alto funcionario sin darle trabajo durante 18 meses. 

La pregunta parlamentaria hacía referencia a la primera sentencia dictaminada por la Audiencia Nacional en el caso de Jaime Nicolás Muñiz, que había denunciado por acoso laboral al titular del departamento, Jorge Fernández Díaz. En aquel entonces, el tribunal desestimó la demanda del funcionario al no considerar los hechos como mobbing por no haber sido violentos. La jueza sí reconocía, en cambio, que 'no se justifican situaciones como la analizada [...] con inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a la dignidad profesional'. Lamentaba, además, el despilfarro que supone pagar por nada un sueldo público, 'más aún en la situación de crisis actual'.

Díez, tras hacer referencia a tal sentencia, pidió explicaciones al Gobierno, a través de un escrito al Congreso registrado con fecha de 24 de febrero, sobre el porqué de la creación de su puesto (vocal asesor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado -GIESE-) sin haberlo dotado de contenido y sobre cómo pensaba depurar responsabilidades. También recordaba que la actuación del Ministerio suponía 'relegar' a Nicolás Muñiz, funcionario de nivel 30 desde hace 25  años y que, además, era un gasto innecesario. '¿Considera el Gobierno que la creación de puestos laborales sin contenido alguno en esta situación económica es aceptable?', era una de las preguntas directas remitidas al Ejecutivo.

La (no) respuesta llegó, también por escrito, el pasado 20 de marzo. 'En relación con las distintas cuestiones formuladas se informa que la sentencia de referencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el interesado'. Así zanja el tema el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que no aclara los motivos de la inactividad de Muñiz a pesar de estar reconocida en la sentencia que él mismo cita.

Es más, la respuesta del Gobierno casi deja entrever que, de haber podido, no habrían recontratado al alto funcionario. 'La creación de un puesto de igual nivel y similar retribución en favor de aquellos funcionarios que, procediendo de la situación administrativa de servicios especiales, soliciten el reingreso al servicio activo, viene impuesta por el ordenamiento jurídico vigente', esgrime el Ejecutivo. Una vez más, ni una palabra sobre el hecho de no haberle dado trabajo durante un año y medio. 

Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional ha reconocido el bossing (acoso recibido directamente por parte de los jefes) sufrido por Nicolás Muñiz a pesar de haber desestimado otra vez su recurso sólo por motivos técnicos de plazo. UPyD estudia ahora la posibilidad de repreguntar al Gobierno de Rajoy al respecto.