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El Gobierno no espera a que Catalunya tenga un nuevo Govern para empezar a negociar la financiación autonómica 

El Ministerio de Hacienda pone de plazo hasta principios de diciembre para que las comunidades aporten sus valoraciones y sugerencias al borrador de informe sobre la modificación del sistema de financiación autonómica. 

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El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya./ EFE

La negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica arrancará antes de que Catalunya tenga un nuevo Govern. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha iniciado los trabajos para revisar este sistema justo cuando la Generalitat se encuentra intervenida y a las puertas de unas elecciones decisivas. El plazo para participar en la primera fase de debate termina a principios de diciembre, de manera que el Ministerio de Hacienda recabará información de todas las regiones menos de Catalunya, que supone el 20% del PIB español. Aunque la revisión de esta ley (vigente desde 2009) debería haberse realizado a los cinco años de su aprobación, parece que la prisa apremia ahora al Ejecutivo, que no ha querido ampliar sus plazos para esperar a la celebración del 21-D y a la formación de un nuevo Govern.

"Les debe importar poco lo que piense el Parlament de Catalunya o lo que piense el futuro Gobierno catalán sobre la financiación autonómica", espetó el pasado lunes Josep Vendrell, de En Comú Podem, al secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya. Para este diputado, que ha registrado varias preguntas al Gobierno sobre este asunto, el gesto del Ministerio de Hacienda es "una prueba más del desprecio del Gobierno por la sociedad y las instituciones catalanas".

El Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) es el órgano encargado de desarrollar los trabajos preparatorios de la revisión del sistema de financiación y donde, según el secretario de Estado de Hacienda, "ha de tener lugar el grueso de la negociación técnica del modelo".  Este cónclave, formado por miembros de la Administración General del Estado y representantes de las comunidades, pidió a las autonomías que valorasen las propuestas de un borrador de informe (elaborado por una comisión de expertos) antes de debatirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un trabajo que comunidades y ciudades con estatuto de autonomía tendrán que hacer, como tarde, a principios de diciembre porque Fernández de Moya anunció, el pasado 13 de noviembre en la Comisión de Hacienda, un plazo máximo de tres semanas.

La Generalitat se negó a nombrar representantes tanto en la comisión de expertos como en el comité técnico

"No esperan ni a que se constituya el nuevo Gobierno catalán. No esperan ni a que haya elecciones en Catalunya. De hecho, su ministerio aplicó ya en el mes de septiembre el 155 sin tener la aprobación del Senado. Lo hicieron ustedes directamente", acusó Vendrell a Fernández de Moya en dicha comisión, donde recordó que la intervención del Gobierno en Catalunya está provocando que entidades sociales del tercer sector hayan visto bloqueados sus programas, subvenciones o ayudas. 

La representante del Grupo Popular, Ana María Madrazo, recordó a Vendrell que Catalunya fue la única comunidad que se negó a nombrar representantes tanto en la comisión de expertos como en el comité técnico. Un "error", según el diputado, que "no puede ser excusa para que el Gobierno margine a Catalunya" del proceso de revisión del modelo cuando "ha tenido, históricamente, un papel destacado en las sucesivas reformas" del sistema de financiación de las comunidades autónomas. "La República catalana no es real; este debate, sí lo es", explica a Público.

Acuerdo con el PSOE

Para En Comú Podem, el mensaje del Gobierno del PP es claro: "No les importa la posición que pueda tener la Generalitat sobre la reforma del sistema de financiación y tampoco parece interesarles la posición del conjunto de los grupos parlamentarios con excepción del PSOE y de Ciudadanos". El secretario de Estado insistió en su comparecencia en la necesidad de pactar el nuevo modelo con el partido socialista, un interés que En Comú Podem interpreta como "el único acuerdo" que interesa al Partido Popular "para luego imponer el modelo a las comunidades autónomas".