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El Gobierno tarda el doble del plazo legal para responder a los diputados

Desde el inicio de la legislatura se han remitido al Gobierno 19.482 preguntas, de las cuales únicamente se han contestado 13.806

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Hasta el pasado martes 2 de abril los diputados han dirigido desde el inicio de la actual legislatura, hace 15 meses, un total de 19.482 preguntas al Gobierno para ser respondidas por escrito. Hasta esa misma fecha el Ejecutivo había despachado una contestación a 13.806 de ellas, casi un 71%. Pero ese porcentaje de respuestas no es significativo en sí mismo para reflejar la diligencia por parte del Ejecutivo en satisfacer la curiosidad de los parlamentarios; incluso puede llamar al engaño.  

Al margen de la calidad de los contenidos de las respuestas, lo cierto es que los servicios del Gobierno no destacan por su rapidez a la hora de dar respuesta a las preguntas de los diputados, al menos a las que son de la oposición. Como norma general, el Gobierno tarda una media de dos meses en enviar la respuesta a los diputados que han formulado preguntas. En ocasiones ese plazo se ve superado. No es un problema del servicio público que presta Correos; la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes remite las contestaciones al correo electrónico personal de cada diputado, además de facilitarla a los servicios de la Cámara baja.

Según el Reglamento del Congreso de los Diputados, artículo 190, el Gobierno dispone de 20 días para dar respuesta a las preguntas escritas formuladas por los parlamentarios una vez se publican en el boletín oficial de la cámara. Eso sucede unos días después de que la Mesa de la institución da el visto bueno a la tramitación de cada una de las preguntas –hay ocasiones en que no se consideran pertinentes determinadas preguntas, pero esa es otra cuestión-. En total, el camino que recorre una pregunta desde que la presenta un diputado hasta que vence el plazo que tiene el Gobierno tarda un mes, como mucho.

El Ejecutivo todavía no ha contestado 5.676 preguntas “La realidad es que el Gobierno invierte alrededor de dos meses en contestar la mayoría de las preguntas parlamentarias. Ese es el tiempo medio que emplea, sobre todo en las preguntas planteadas por los diputados de los grupos de la oposición”, explican a Público fuentes parlamentarias conocedoras de la práctica habitual de este trámite parlamentario. “Esa es la experiencia que tenemos”, sentencia.

Por ejemplo, la batería de preguntas – un conjunto de 25 cuestiones muy concretas - que el pasado martes planteó al Gobierno el diputado del grupo parlamentario socialista Antonio Hernando para conocer todo tipo de detalles de posibles contrataciones de las administraciones públicas con empresas que aparecen en los “papeles de Bárcenas” como donantes de cantidades significativas al PP no tendrán respuesta, como muy pronto, hasta después del puente del día 1 de mayo “como muy pronto”, concretan las fuentes consultadas.

De entrada, esas preguntas deberán ser “calificadas” por la mesa de la Cámara baja en su reunión del próximo martes día 9 de abril. A partir de ahí, como es previsible, se publicarán en el boletín oficial de la cámara al cabo de una semana y a partir de entonces empieza a contar el plazo de 20 días que tiene el Gobierno para dar la contestación. Eso, claro está, en el caso de que cumpla lo que dice el Reglamento. En la mayoría de las preguntas de la oposición ese plazo no se cumple. Lo habitual es que se sobrepase, incluso que llegue a los dos meses”, agregan otras fuentes consultadas por Público. “O más”, insisten.

En concreto, en la reunión celebrada el pasado martes día 2 de abril por la Mesa del Congreso se trataron las protestas planteadas por dos diputados, una del grupo socialista y otra del grupo de La Izquierda Plural por el retraso del Gobierno en dar respuesta a dos preguntas planteadas hace meses y que estaban sin responder. La pregunta de un diputado de IU versaba sobre aspectos de la ley de Tránsito Aéreo, formulada en noviembre de 2012; la otra, relativa a unas obras sobre el hospital de Valdecilla, en Santander, era de principios de enero de este año. No son casos aislados.

El Reglamento de la cámara, aparte del plazo de 20 días - ampliable a otros 20 días a petición razonada por parte del Gobierno -, no impone ninguna otra obligación al Ejecutivo. Tan solo indica que, transcurrido esos plazos, el presidente de la cámara ordenará la inclusión de la pregunta sin respuesta en el orden del día de la comisión correspondiente para que sea contestada en ese ámbito. Es decir, en argot de rugby, “patada a seguir” ya que eso implica alargar “sine die” la contestación a la pregunta.

'El Gobierno tarda sobre todo en las preguntas planteadas por la oposición'

Este es uno de los aspectos que, en opinión de varios grupos de la oposición, “deben cambiarse radicalmente en la reforma del Reglamento que ha de hacerse de forma urgente. En estos momentos el Gobierno está en posición dominante frente a la instancia que debe controlarle, cuando debería ser al contrario”, agrega un conocedor de los trámites parlamentarios vigentes.

La mayoría de las más de 5.000 preguntas formuladas por los diputados que están pendientes de contestar en estos momentos por el Gobierno se han presentado a lo largo de los tres últimos meses. “Es difícil establecer qué porcentaje que ya ha cumplido el plazo de 20 días que marca el Reglamento ya que las estadísticas que recogen los servicios de la Cámara baja no reflejan esa especificidad, pero seguro que más de la mitad ya han superado su plazo; las de la oposición, seguro”, explican las fuentes consultadas por Público.

En cualquier caso, todos los grupos, incluso el popular, consideran que el modelo vigente para el trámite de las preguntas escritas dirigidas al Gobierno “está desfasado”, coinciden en señalar. “Hay que tener en cuenta que este aspecto del Reglamento, como toda la norma en su conjunto, se hizo entre 1980 y 1982 cuando las preguntas por escrito dirigidas al Gobierno en toda una legislatura eran en torno a las 4.000; en las últimas legislaturas ese trámite ha registrado hasta 100.000 preguntas. La mera consideración de esas cifras debería ser suficiente para cambiar el Reglamento de forma radical”, sentencian las fuentes consultadas. Habrá que esperar a la segunda semana de mayo para conocer qué dice el Gobierno a las preguntas que ha planteado el grupo socialista sobre la contratación con las administraciones públicas con las empresas que aparecen en los “papeles de Bárcenas”. Eso como muy pronto.