Publicado: 05.11.2013 18:46 |Actualizado: 05.11.2013 18:46

El Gobierno valenciano cierra RTVV horas después de anularse su ERE

La Generalitat ha tomado la drástica decisión en una reunion presidida por Alberto Fabra y a la que ha asistido su vicepresidente, José Ciscar, ejecutor del expediente

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El Gobierno valenciano ha anunciado hoy el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) haya declarado nulo el expediente de regulación de empleo que afectaba a un millar de empleados.

En un comunicado de prensa, el Ejecutivo ha considerado que la readmisión de esos más de mil empleados "hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros". A esa cantidad, recuerda la nota, habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, "un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".

El Consell indica igualmente que tiene "la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos" y "ése es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell".

La Generalitat manifiesta que la difícil decisión de abordar un ERE en la Radio Televisión Valenciana se engloba dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible. En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat superaba los 1.000 millones de euros, una cifra que "dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento".

El comunicado recuerda que ante esta situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa pública o el redimensionamiento de la misma, que afectaba de manera directa al tamaño de la plantilla. En este sentido asegura que la voluntad del Consell ha sido desde el primer momento la de mantener abierta RTVV, en tanto que ofrece un servicio público y por ello se optó por la segunda opción, de tal forma que "se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE".

Asimismo, continúa el comunicado, se promovió una nueva Ley de RTVV que "ahondara en la vocación de servicio público, pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión públicas". Destaca la nota que en este punto "acaban las decisiones del Consell respecto a RTVV", puesto que el proceso de ejecución del ERE "siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública, en tanto que ésta siempre ha tenido entidad jurídica propia".

Resalta el Ejecutivo valenciano que, según la sentencia del TSJCV, dos son las causas concluyentes de que el ERE haya sido declarado nulo. La primera, la aplicación del criterio social sólo para trabajadores afectados por el ERE que, en el momento de la aplicación, aún realizaban sus funciones en la empresa, es decir, con posterioridad a la salida del ente de empleados susceptibles de beneficiarse de dicho criterio y a quienes no se tuvo en cuenta a la hora de aplicarlo.

La segunda, la desafección de 186 trabajadores bajo el criterio único de que eran los que, estando afectados, aún permanecían en la empresa debido a la salida escalonada de los trabajadores afectados, "sin tener en cuenta a los trabajadores que ya habían salido en ese momento". Según la sentencia, ambas decisiones vulneran el derecho fundamental a la igualdad, tal y como señala el TSJCV, "un derecho que se negó a los empleados que ya no prestaban sus servicios en RTVV como consecuencia del ERE".

El fallo del TSJCV, hecho público hoy, obliga a readmitir a sus correspondientes puestos de trabajo al millar de empleados que se vieron afectados por el ERE. El fallo de la Sala de lo Social del TSJCV llega apenas quince días después de la celebración del juicio, en el cual el fiscal pidió esa nulidad del ERE por posible vulneración de derechos fundamentales, al entender que la "alteración" del listado de afectados supuso un "trato discriminatorio". También consideraba el ministerio público que no se aportó la documentación necesaria a la representación de los trabajadores.

La decisión se adoptó en una reunión a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente, José Císcar. Císcar ya anunció el pasado 20 de septiembre que si se anulaba el ERE "no podría permitirse una televisión pública con casi 1.300 trabajadores". El Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) se reunió de urgencia tras el anuncio del Gobierno valenciano de cerrar el ente público, según ha publicado Intersindical Valenciana en su cuenta en Twitter.

El cierre se ha conocido también después de que el conseller valenciano de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, declinase pronunciarse sobre la nulidad del ERE. "No toca", se limitó a decir, aunque sólo ante la prensa, ya que posteriormente el asunto sí tocó para el Consell, que acordó el cierre de la radiotelevisión pública.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, ha declarado tras el anuncio de cierre que tanto los informadores como los ciudadanos están pagando las consecuencias de "la irresponsabilidad de los políticos" en la gestión de medios públicos de comunicación como la Radio Televisión Valenciana (RTVV).

"Tenemos estos lodos por los charcos causados por los políticos y no sólo en la Comunidad Valenciana, por desgracia, en otras ya están sufriendo las consecuencias los trabajadores de estas empresas, gran parte periodistas, y en otras pueden sufrirlas en cualquier momento", ha declarad.

Los grupos políticos de la oposición habían reclamado al Gobierno valenciano que no recurriese al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de declarar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y han exigido la dimisión del vicepresidente del Consell, José Císcar.

Así se han expresado los portavoces de los grupos de la oposición tras la Junta de Portavoces de las Cortes, en la que han valorado la decisión del TSJCV, donde han informado de que también pedirán la comparecencia en sede parlamentaria de la directora general de la sociedad pública, Rosa Vidal.

De este modo, el portavoz socialista, Antonio Torres, ha sido quien ha anunciado la petición de comparecencia de Vidal, y también la de Císcar, para quien ha pedido la dimisión porque "tenía claro que el ERE tenía que afectar a más de 1.000 personas" y "no había posibilidad ninguna de negociación". "Es el resultado de una actuación que nos deja en ridículo", ha apostillado.

Torres ha recordado que el PSPV "ya advirtió a Císcar, que era quien llevaba el asunto de la televisión, de que si el ERE no se hacía de acuerdo con los trabajadores y siguiendo los trámites administrativos que corresponden, sería nulo".

El portavoz socialista ha reconocido la necesidad de un ERE en RTVV porque el número de trabajadores es "excesivo". Sin embargo, la propuesta socialista es un expediente "a varios años y negociado con los trabajadores", ha dicho Torres, quien ha agregado que "no se quiso hacer caso a la propuesta y el resultado se ve ahora".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, que también ha pedido la comparecencia de Vidal, ha instado al Consejo a no recurrir el fallo y a "sentarse a negociar" con los trabajadores la nueva situación de la cadena pública. "Estamos en manos de unos incompetentes", ha lamentado el portavoz de la coalición, que ha advertido que no dejarán perder RTVV, "como se ha dejado perder las cajas de ahorro".

Morera ha apuntado que RTVV "solo se justifica si es servicio público y si sirve como motor de la industria audiovisual valenciana", cosa que "no está sucediendo", ha afirmado. Tras esto, ha reclamado a Fabra que "se siente a negociar el nuevo modelo de RTVV incorporando a los trabajadores injustamente despedidos" y que el PP "pida perdón por el mal que ha hecho".

Asimismo, el portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, que también ha exigido que no se recurra la decisión judicial, considera que el fallo es un "varapalo tremendo" para el Gobierno valenciano.

Blanco, antes de conocer el fallo del TSJCV, había anunciado que en el pleno de la próxima semana se debatirá una proposición no de ley de su grupo para que las Cortes insten al Consejo a "garantizar la pervivencia" de RTVV "sea cual sea la sentencia". Tras ser informado de la decisión judicial, Ignacio Blanco, que había "apostado por la nulidad", ha insistido en exigir al Gobierno valenciano que no recurra la sentencia, que negocie con los trabajadores el futuro de la sociedad y que "garantice" su "pervivencia".

Desde el PP, su secretario general en la Comunidad Valenciana (PPCV) y consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha defendido "el trabajo serio y responsable del vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para buscar la viabilidad de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y asegurar el futuro del ente".

Castellano se ha pronunciado de esta manera en un comunicado con motivo de las declaraciones realizadas por el secretario general del PSPV, Ximo Puig, en relación a la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en RTVV, y le ha recriminado "la política del oportunismo y la demagogia" que, a su juicio, caracteriza a Puig, y "a toda la oposición".

"La oposición no tiene altura política, proyecto ni alternativa y su única estrategia es la de la crítica y el ataque", ha sostenido el dirigente 'popular', quien ha aplaudido la "responsabilidad y el esfuerzo que se está llevando a cabo desde la Generalitat para hacer una administración más ágil y eficiente y garantizar todos los servicios, entre ellos una televisión pública de calidad".