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Los gobiernos de Suárez y González evitaron presionar a Videla por los españoles desaparecidos

Una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo en 1986 –hasta ahora guardada en secreto- reveló la falta de gestiones de las autoridades para salvar a más de 200 compatriotas secuestrados. En ese mismo periodo, España hizo millonarios negocios con el régimen genocida.

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El dictador argentino Jorge Rafael Videla.

Ramón García Ulloa fue uno de los tantos hijos de Galicia que creció al otro lado del océano. En los años treinta, sus padres se vieron obligados a abandonar la pequeña Antas de Ulla, en Lugo, e instalarse en la gigantesca Buenos Aires. Ramón creció allí. En octubre de 1976, un comando de la dictadura militar entró a su casa y se lo llevó para siempre. También secuestraron a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias. Al día siguiente del secuestro, los genocidas volvieron a su casa para robar todo lo que había dentro. Sus pertenencias nunca aparecieron. Sus huesos, tampoco.

Desde entonces, Ramón figura en los listados de españoles desaparecidos en Argentina. Es un documento amplio, en el que aparecen unos 200 nombres. La nómina es aún más larga cuando se añaden a los ciudadanos hispano-argentinos de segunda y tercera generación. Así suman algo más de 700. Todos estos casos siguen hoy en los archivos del ministerio de Relaciones Exteriores de España, donde también se encuentra otro documento guardado, hasta hace muy poco, bajo llave: se trata de una investigación realizada por el Defensor del Pueblo entre 1986 y 1987, dirigida a conocer los parámetros en los que habían actuado los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González ante los secuestros y desapariciones de compatriotas en Argentina. Las conclusiones fueron elocuentes.

“De las investigaciones realizadas se deduce lo siguiente: a) Que salvo contadas excepciones, la Embajada y el Consulado se limitaron durante el período dictatorial a cursar oficios de petición de información por la vía administrativa ordinaria (Ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto)”, señala el informe presentado el 7 de octubre de 1986 por el primer Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, quien dejó al descubierto las omisiones de Madrid ante esta tragedia: “Las respuestas en las que se decía desconocer el paradero de la persona secuestrada eran aceptadas sin más trámite”.

“Archivado”

Precisamente, distintos documentos a los que ha accedido Público confirman los aspectos denunciados por el Defensor del Pueblo. El mecanismo solía ser siempre igual: cada vez que llegaba una denuncia sobre la desaparición de un ciudadano español, los diplomáticos de este país en Argentina cursaban una carta a las autoridades locales, solicitando información. “No se registran antecedentes, desconociéndose su paradero”, respondía una y otra vez la dictadura. A veces se extendía un poco más, pero para decir lo mismo: “No figura que haya sido detenido ni alojado en ningún establecimiento carcelario dependiente del Ministerio del Gobierno ni de autoridades militares”. “Archivado”, zanjaba entonces la diplomacia española. En el mejor de los casos, dos o tres años más tarde volvían a mandar una “nota reiterativa” que ni siquiera era respondida por los militares. Nada más.

El Defensor del Pueblo también dejaba en evidencia que “según los reclamantes” –en alusión a los familiares de desaparecidos -, “a pesar de la evidente vulneración de derechos de españoles, no les consta que se haya presentado durante la dictadura militar, nota de protesta, verbal o escrita, en la que el Estado español comunicase al Estado argentino su disconformidad con su conducta en estos casos de desaparición y rogando o exigiendo el restablecimiento o reparación de la situación anterior”. En tal sentido, señala que “la primera nota de protesta parece que se presentó el 2 de mayo de 1983, es decir, cuando el proceso dictatorial era muy débil, aunque formalmente aún n se había recuperado la normalidad democrática”. El régimen dio paso al gobierno de Raúl Alfonsín en diciembre de ese año.

Asimismo, tildaba como “inoperante” el recurso de Habeas Corpus presentado por el gobierno de Felipe González en 1983, “un promedio de siete años después de que se produzcan la mayoría de los secuestros y cuando el proceso democrático estaba ya iniciado”. “Además, desde la presentación del recurso colectivo por la Embajada, los reclamantes no tienen constancia de que se haya llevado un seguimiento adecuado del procedimiento y consideran que no han sido informados con exactitud sobre su resolución, archivo o conclusión”, subrayaba.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo también abordaba en su informe la “precaria situación económica”, en la que se encontraban varios hogares de españoles “debido al secuestro y desaparición de las personas que contribuían o sostenían las familias”. “No han recibido ayuda económica del estado español, ni siquiera simbólica”, puntualizaba.

Negocios millonarios

El desinterés de las autoridades españolas hacia sus compatriotas desaparecidos chocaba con las excelentes relaciones económicas que habían establecido con el régimen de Videla. Esas relaciones se incrementaron casi al mismo ritmo que crecían los muertos: de acuerdo a distintos documentos obtenidos por Público, en abril de 1977 -coincidiendo con innumerables secuestros, torturas y asesinatos de civiles- fueron firmados varios contratos entre el Estado argentino y la empresa “Astilleros Españoles” por un valor aproximado a los 220 millones de dólares.

De hecho, varios informes elaborados por el ministerio de Exteriores de la dictadura daban cuenta de la exitosa relación comercial entre ambos países, que llegó a su máximo histórico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 el comercio global alcanzó los 450,8 millones de dólares, una cifra sin precedentes. Las cosas fueron aún mejor en 1978, un año que Videla jamás olvidaría: en noviembre recibió la visita de los reyes españoles, quienes llevaron varios negocios bajo el brazo.

“Se hallan en juego intereses que pueden suponer muchos millones de dólares, que sería una grave responsabilidad (sic) desperdiciar ante la tan favorable coyuntura que representa el viaje Real”, escribía un par de meses antes el entonces embajador de España en Argentina, Enrique Pérez-Hernández, en una carta remitida al subsecretario de Asuntos Exteriores en Madrid, José Joaquín Puig de la Bellacasa. En esa nota, el diplomático revelaba que la dictadura argentina había aceptado una línea de crédito española por 100 millones de dólares, así como una posible venta de patrulleros por otros 100 millones, además de “servicios y municiones para cuatro fragatas por valor de 15 o 20 millones y la constitución de empresas pesqueras mixtas (la parte española aporta barcos) por valor de unos 45 millones de dólares”.

Además, el embajador subrayaba que estaban “pendientes de autorización argentina” varios suculentos contratos “por 34 millones de dólares de material ferroviario, planta de cemento en muy difícil tramitación por valor de 65 millones de dólares en Salta (norte argentino) y contratos de suministros para la Represa de Yaciretá, en el que se podrían obtener contratos y suministros por unos 100 millones de dólares (siempre que se pudiera financiar el eventual componente español de la obra)”. Los negocios, entonces, estaban por encima de las vidas.