Los indicios de que el PP de Valencia encabezado por Rita Barberá se financió de manera ilegal son cada vez más evidentes después de que el levantamiento del sumario de caso Taula haya sacado a la luz que el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pagó parte de la campaña de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 con dinero en efectivo, en concreto 350.000 euros que abonó en billetes de 500 euros. El dinero provenía de la caja B del partido que durante años manejó el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. 

El pago de Grau lo ha revelado Jesús Gordillo, exasesor de Grau en el Ayuntamiento y testigo del caso Taula, en declaraciones a la Guardia Civil incluidas en el sumario del caso. 

Grau entregó este dinero a Gordillo en 2008 para liquidar las deudas del PP de Valencia con sus proveedores. Gordillo asegura que se llevó el dinero "a casa" y lo utilizó "los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 para pagar a los distintos proveedores" electorales "y de esa forma saldar la deuda y cumplir lo que le habían encargado". Grau dirigió campaña electoral de 2007 en la que Barberá obtuvo mayoría absoluta. En esos comicios el PP invirtió tres millones de euros, 20 veces más de lo declarado.

Investigan a constructoras que financiaron la campaña

Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que supuestamente realizaron aportaciones económicas encubiertas a la campaña de Rita Barberá en 2007.

Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, que hasta ahora había permanecido secreto y al que ha tenido acceso Efe, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña, Laterne, pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones. En dicha pieza se investigaba hasta la fecha un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015.

Tras las nuevas pesquisas se investigan además supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho. Esta parte de la investigación tiene origen en la confesión y documentación de Laterne revelada por Jesús Gordillo.