Publicado: 12.09.2016 21:43 |Actualizado: 13.09.2016 07:00

Las graves sanciones de Empleo a 2.000 jornaleros andaluces por una falsa “estafa” de sus peonadas

Los jornaleros de la Vega de Sevilla llevan más de 18 meses luchando por las graves sanciones impuestas por el SEPE ante la “falsa connivencia” con la empresa agrícola que nunca los dio de alta en la Seguridad Social. Con un auto por lo penal impuesto a cada de uno de los afectados, se enfrentan a penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años.

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Pancarta de los jornaleros.

Pancarta de los jornaleros.

“Solo esperamos que nos devuelvan la dignidad y que los jornaleros del campo no tengamos que estar en un auto por lo penal por habernos engañado”, apunta Loli Moreno en la marcha convocada ayer por la Plataforma de Afectados por el PER hasta las puertas del Parlamento andaluz. 2.000 jornaleros de los pueblos de la Vega de Sevilla siguen afectados por un supuesto fraude en la Seguridad Social, cuando el terrateniente que los contrató para cultivar sus tierras no cumplió con lo acordado. Firmaría sus peonadas pero nunca serían entregadas de forma legal al Estado. “Hace 18 meses llegaron las primeras multas dejándolos con graves embargos, desahucios y en situaciones de absoluta miseria”, apunta a Público David Pérez, coordinador en Sevilla del sindicato Cobas, que ha llevado desde el principio este caso. Las sanciones del SEPE a los jornaleros han oscilado desde los 3.000 a los 14.000 euros, en función del tiempo trabajado en campaña. El motivo, estar en connivencia con la empresa que los estafó. Los propietarios de las tierras afectadas, Agrícola Espino y Baena Franco, se han declarado insolventes dejando esta deuda pendiente ante la justicia. “Se han quitado literalmente de en medio, negándose a pagar los seguros sociales de sus trabajadores con una deuda de sus cotizaciones que oscila los 72.514 euros”, aclara Pérez.

Trescientos de ellos, en una situación de grave desamparo, decidieron realizar el pasado domingo una marcha de protesta al Parlamento andaluz convocando a los diferentes grupos políticos para hablar del asunto. Pérez señala que el “SEPE no se ha quedado contento con las sanciones y ahora ha tomado la decisión de juzgar cada uno de los casos por vía penal”. Ya están llegando las primeras cartas para juicio, lo que podría multiplicar por seis la cifra de la deuda y sufrir penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años.



Marcha hacia el Parlamento

Marcha hacia el Parlamento

Defendiendo el empleo del campo en la Comarca

La marcha al Parlamento comenzó en San José de la Rinconada, el pueblo afectado más cercano a la capital andaluza. Tres horas a pleno sol, cargados de pancartas e ilusiones. Loli ha sido una de las manifestantes. Procedente del pueblo de Osuna, cogería el autobús a las seis de la mañana para no perderse el acto. Tiene 58 años y más de 33 cotizados en el campo. Ha sido temporera en muchas campañas con Baena Franco y no se rinde a pesar de la dura marcha a pie que le ha provocado graves heridas en los pies. “Qué bonito fue que la gente estuviera allí esperándonos. Ojalá nos quiten la multa por lo penal porque muchos no lo van a poder resistir”. Moreno ha devuelto toda la deuda. 4.400 euros del régimen del paro agrario con mucho esfuerzo, descontándole 96 euros mensuales. “Muchos están con fuertes depresiones y han tenido que ir a centros. La Guardia Civil se pasea encima por las casas de los trabajadores para decirle que pronto tendrán que declarar y no a horas normales a las once de la noche y enseñando la placa a niños muy pequeños”, apunta. Para la ansiada jubilación, le queda mucho a pesar de estar fuera de la edad contemplada en el campo, 52 años. “Hasta 2020 no me dan nada y todo por este asunto que nos ha quebrado la vida a muchos”.

La amenaza de la Guardia Civil

Agustín es otro jornalero afectado. Vive en Cantillana (Sevilla) y ha terminado de pagar la deuda de 5.000 euros que pesaba sobre él. “De mi paga solo me han quedado ciento y pocos euros. Menos mal que mi mujer va por las casas a limpiar y podemos sacarnos algo para no malvivir”. Agustín se siente casi un privilegiado dentro de sus compañeros. “Tengo dos hijos pequeños y una vivienda pagada. A muchos los he visto tener que irse de su casa por un dinero que nadie ha robado”, cuenta. El peor momento para Agustín es cuando relata el día en que la Guardia Civil llegó a su casa vestido de paisano. “Yo no estaba y mi mujer tampoco y cuando dieron mi nombre le enseñaron a mi hijo pequeño una placa de policía para asustarlo y decirle que buscaban a su padre”. Las amenazas han llevado a estos trabajadores del campo afectados a una situación de desesperación. “Parece que estamos en otros tiempos cuando realmente nos tiene que llegar la citación por correo pero es una manera de hacernos hablar para que digamos que pactamos con la empresa. Es una vergüenza”.

Diego Cañamero en la marcha con los afectados

Pérez apunta que el perfil de los trabajadores afecta a todas las edades y la grave impunidad que se cierne sobre ellos. Solo la Diputación de Sevilla ha realizado una declaración institucional condenando esta trama. “El SEPE ha vulnerado la presunción de inocencia de las trabajadoras, sin ninguna prueba que demostrara la culpabilidad de los mismos e hizo recaer en las espaldas de las víctimas todo el peso”, afirma Pérez.

De todos los grupos políticos convocados a la marcha, tan solo Podemos e Izquierda Unida acudieron para comprometerse y llevarlo hasta el Parlamento. Diego Cañamero estaba entre los presentes.

En beneficio del terrateniente

Los culpables siguen impunes y desde Cobas apuntan en un comunicado como la Política Agraria Común, la conocida PAC, muestra una clara radiografía de los beneficiarios de siempre, los terratenientes. En el documento el sindicato aclara que “de los 5.160 millones que recibe el campo en España en subvenciones de la PAC, el 80% se lo reparten entre un 20% de beneficiarios, independientemente de si trabajan la tierra o no, por el mero hecho de ser terratenientes (son entre otros, la Casa de Alba; los Mora-Figueroa; los Domecq; los Aristraín; la familia Botín…)” En este contexto de clases, los jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco, piden que les devuelvan el importe de las sanciones porque lo necesitan para su supervivencia. La mayoría de ellos quieren poder seguir alimentando a sus hijos y padres con una pensión de 426 euros “limpia” para sus gastos.