MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad en funcionas, Luis de Guindos, no piensa comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados tal como han solicitado los grupos parlamentarios socialista y de Podemos, a los que se han sumado otros, para que explicar las circunstancia de la designación del exministro de Industria, José Manuel Soria, para ocupar una dirección ejecutiva en el Banco Mundial con sede en Washington. Soria renunció como ministro en funciones del actual Gobierno el pasado mes de abril tras mentir sobre su relación con empresas en paraísos fiscales después de aparecer su nombre en los papeles de Panamá.

De Guindos sigue a pies juntillas la tesis del Gobierno en funciones, que rechaza someterse al control parlamentario de una Cámara que no le otorgó la confianza. Esa actitud es la misma que el actual Ejecutivo mantuvo en la pasada legislatura y que dio pie a que el pleno del Congreso de los Diputados planteara ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso por entender que existía un conflicto de atribuciones. La Cámara Baja considera que está capacitada para controlar a un Gobierno en funciones.

Sin embargo, el Alto Tribunal todavía no ha resuelto el contencioso planteado antes de finalizar la legislatura pasada siendo presidente del Congreso de los Diputados el socialista Patxi López. Todos los grupos, salvo el PP, respaldaron la presentación del recurso por el conflicto de atribuciones entre las dos instituciones del Estado, el ejecutivo y el legislativo.

El recurso fue presentado por López ante el TC el pasado 3 de junio después de recibir el mandato del pleno de la Cámara en la última sesión antes de disolverse la pasada legislatura. Previamente, el Gobierno remitió a la Cámara sus argumentos contra la presentación del recurso ante el Alto Tribunal. "El Gobierno rechaza el requerimiento del Congreso de los Diputados por estimar que está actuando en el ejercicio constitucional de sus atribuciones y se ratifica en su criterio de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre este y el Congreso de los Diputados", alegó en su escrito.

Pero el TC admitió el recurso a trámite tres días después, dando paso al plazo de un mes para que el Gobierno presentase sus alegaciones ante el Alto Tribunal. En ese tiempo también se personó el Senado, cuyos servicios jurídicos respaldaron los argumentos expuestos por la Cámara Baja, pese a tener una mayoría absoluta del PP.

La resolución de este recurso, que no tiene precedentes desde la vigencia de la Constitución de 1978, está en la agenda del TC, aunque “no hay indicios de cuándo se producirá”, según fuentes parlamentarias conocedoras de los mecanismos de este procedimiento. Formalmente, el TC, tras la admisión de un recurso –incluso los de inconstitucionalidad–, tiene un plazo entre 15 días y un mes para resolver. “Pero es público y notorio que habitualmente dilata sus sentencias cuatro y cinco años”, apuntan fuentes jurídicas consultadas por Público. “Incluso en aquellas de gran trascendencia”, añaden.

Desde el Gobierno en funciones “no hay prisa” por conocer una resolución de este conflicto que mantiene con el Congreso de los Diputados. De hecho, ese retraso puede prolongarse hasta después del 31 de octubre, fecha en la que la actual XII Legislatura quedaría disuelta si no se produce antes la investidura de un candidato como presidente del Gobierno.

“Si esto es así nada habrá cambiado: desde el Ejecutivo se mantendrá la actitud de negarse a comparecer ante un pleno o una comisión pese a ser requeridos algunos de sus miembros”, sostienen fuentes parlamentarias del grupo popular. En ese estado de cosas, agregan, “De Guindos no se someterá a una sesión plenaria del Congreso de los Diputados sobre el caso Soria, sobre todo después de que el exministro haya renunciado”.

No obstante, desde instancias parlamentarias de la oposición se considera que el TC “debería pronunciarse en las próximas semanas para aclarar definitivamente este conflicto. No pueden pasar dos legislaturas en esta situación de obstruccionismo por parte del Ejecutivo a la acción de control que constitucionalmente tiene asignado el Congreso de los Diputados”, explica un portavoz cualificado del grupo socialista.

Ahora bien, a diferencia de la anterior legislatura, la presidencia de la Cámara Baja está en manos de una diputada del PP, Ana Pastor, lo cual confiere a este conflicto una singularidad dado que no se le presume una actitud de beligerancia hacia el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy, con quien mantiene una estrecha relación política y personal. “¿Qué ocurrirá si, en un próximo pleno, la mayoría de la Cámara exige a la presidenta que renueve el recurso ante el Tribunal Constitucional?”, plantean desde la oposición al PP.