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“Hay que avanzar hacia que las grandes fortunas aporten en función de su riqueza real”

Helena Franco fue diputada de Hacienda y Finanzas en Guipúzcoa durante la pasada legislatura y la impulsora del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

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La exdiputada de Hacienda y Finanzas en la Diputación Foral de Guipúzcoa, Helena Franco.

BARCELONA.- Diputada de Hacienda y Finanzas en la Diputación Foral de Guipúzcoa durante la pasada legislatura, Helena Franco (Getxo, 1967) fue la encargada de impulsar el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF). El tributo, inédito en el Estado español, fue una de las grandes apuestas políticas del gobierno de Bildu.

La llegada al ejecutivo foral del PNV tras las elecciones del mayo supuso el fin de un impuesto de claro carácter redistributivo. Franco, que en doctora en Economía y Ciencias Empresariales, ha vuelto a dar clases en la Universidad del País Vasco (UPV) tras su paso por la política institucional. El sábado participó en Barcelona en la II Jornada por una Fiscalidad Justa.

El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos incluye la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. ¿Qué le sugiere?

Que van a estudiar la posibilidad de establecer un impuesto sobre las grandes fortunas que, con esta información, me parece poco claro y poco preciso. Me gustaría más que remodelaran de una manera eficaz el impuesto de Patrimonio para que las grandes fortunas también tributen, cosa que no pasa en la actualidad. No me gustan estos parcheos de un impuesto temporal para grabar una cosa concreta cuando no estás tocando los impuestos de carácter más estructural, que son los que garantizan a medio y largo plazo una suficiencia recaudatoria y los que dan estabilidad al sistema. Ya veremos en que queda.

Se ha pasado de unos años en los que parecía imposible plantear un impuesto sobre las grandes fortunas a qué ahora, como mínimo, sea un tema de debate.

Hasta el año 2007-2008, antes del inicio de la crisis, en política fiscal el enfoque neoliberal estaba justo sobre la reducción de la presión fiscal de los grandes propietarios del capital. Hay un replanteamiento por la dualización creciente que se está dando en la sociedad, con una concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Crece la consciencia que los más ricos tienen que aportar más, lo que está posibilitando que el debate vuelva a emerger. Entre un montón de cosas negativas y dolorosas, la crisis también ha provocado el replanteamiento de algunos modelos totalmente caducos.

Sin duda, uno de los mayores impactos planetarios en este debate lo originó Thomas Piketty con su libro 'El capital en el siglo XXI', en el que plantea un impuesto anual a la riqueza de hasta el 2%, superior al que se aplicó en Guipúzcoa. ¿Por qué no llegaron a este nivel?

La tributación a la riqueza es una cosa que deberían trabajar movimientos sociales y fuerzas progresistas a nivel europeo y a otros niveles para que vuelva a emerger. En la medida que se vaya generalizando la existencia de estos impuestos es más fácil que los países asuman riesgos estableciendo tipos más exigentes. Pero cuando la exigencia de tributación se limita a espacios muy pequeños, los riesgos tienen que ser acotados. Alrededor de Guipúzcoa están Vizcaya, Álava, y Navarra, cada uno con su sistema fiscal propio. Y desde una posición de gobierno no puedes trabajar como si fuera un folio en blanco en el que defines tu impuesto ideal sin tener en cuenta las consecuencias reales que genera este impuesto. Lo que decimos es que hay que avanzar en la armonización fiscal, también en el impuesto sobre la riqueza, y lo que no puede ser es estar parados. Hay que avanzar hacia que las grandes fortunas aporten en función de su riqueza real. ¿A qué ritmos? Cada uno tiene que ver. Nosotros planteamos que el 1% era un nivel de exigencia asumible desde el capital. Y al mismo tiempo le estábamos exigiendo mucho más al quitar la exención a las participaciones en empresas familiares y el escudo fiscal . En un nivel ideal a mi me gustaría elevar la tarifa y más en un momento en el que las rentabilidades medias del capital son bastante superiores al 1,5% o al 2%.

Bildu empezó a gobernar la Diputación Foral de Guipúzcoa en 2011, pero no introduce el IRGF hasta 2013. ¿Por qué?

Más que nada porque necesitamos tiempo para diseñarlo. Entendimos que el primer año teníamos que dar un empujón a los ingresos fiscales y a una serie de modificaciones fiscales en general de todos los impuestos para hacerlos más progresivos y equitativos. Y por esto recuperamos Patrimonio, pero teníamos muy claro que no era el impuesto que queríamos. No queríamos sólo recaudar más, sino hacerlo exigiendo más a los que más tienen, no estableciendo una presión mayor sobre los patrimonios medianos, que casi todos ya tributan en función de lo que tienen y casi no les afecta el escudo fiscal para eludir impuestos. Teníamos que cerrar las vías de escape a los grandes patrimonios, que seguían estando bastante cómodos con un impuesto que tenía muchas grietas de elusión. Cuando planteamos la recuperación primero de Patrimonio nadie más en el Estado abogaba por ello y la tendencia era eliminarlo. Y una vez lo recuperamos, lo reformulamos.

¿Si los resultados de las elecciones forales hubieran permitido a EH Bildu continuar en el gobierno, la idea era hacer más ambicioso el IRGF?

Algunas cosas estábamos valorando, aunque hace falta seguridad jurídica y tampoco puedes marear al contribuyente y hacer modificaciones fiscales continuamente. Por ejemplo, estábamos analizando el tema de las participaciones en empresas familiares, a la que habíamos puesto una bonificación del 75%, y estábamos pensando un poco en la fórmula que han aplicado en el gobierno de Navarra, con el primer millón bonificado al 100% y a partir de allí al 80%. Nos parecía que era una forma de no presionar más fiscalmente a las empresas familiares de verdad. Hay que tener en cuenta que nuestra reforma fiscal incluía más medidas, aunque nos las echaron todas para atrás, como aumentar la tributación en el IRPF a las rentas del capital, poner un recargo en el IBI [impuesto de bienes inmuebles] de hasta el 150% a las viviendas vacías,...Y más que avanzar en Guipúzcoa, lo que estaba en mente de Bildu era ampliar el modelo a otros territorios. En Navarra se ha podido profundizar un poco, pero en el resto no se pudo.

En diciembre, el PNV y el PSE-PSOE modificaron el impuesto sobre la riqueza. El PNV se opuso a él desde el primer momento, mientras que el PSE-PSOE votó en 2012 a favor de su implantación. ¿Qué ha cambiado?

En los primeros dos años de legislatura tuvimos un pacto fiscal con el PSE y creo que fue muy fructífero, y sé que algunos miembros del partido se sentían muy cómodos en la línea de una política realmente de izquierdas. Pero en septiembre de 2013 firmaron un pacto de legislatura con el PNV, en el que entraban también las cuestiones fiscales, con una apuesta por un modelo caduco. Se echaron para atrás las medidas que trabajamos con ellos sobre IRPF y tras las elecciones han hecho un acuerdo con el PNV tanto en el gobierno vasco como en diputaciones y en el paquete ha entrado el impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Por qué lo han hecho? Habría que preguntarle a ellos. Parece que en algunos casos los principios programáticos pasan a un segundo término.

En el caso del PNV sí que hubo un rechazo ideológico desde el minuto cero.

Desde el gobierno vasco se atacó el impuesto, una y otra vez. El concierto económico da una serie de competencias en fiscalidad que te permite hacer un sistema más justo o con más agujeros, depende de como lo utilices. El PNV ha utilizado mucho el concierto económico en el sentido de facilitar una fiscalidad a la baja a las empresas que creo que no es un factor determinante para atraerlas. Hay otros factores más importantes, como costes laborales, costes energéticos, el nivel de infraestructuras, el tejido productivo y de empresas auxiliares,... Su línea y lo que defienden públicamente es que se paguen menos impuestos y la propuesta no les gustó. Decimos que está muy bien que las empresas tengan sus medidas de competencias y competitividad, pero también tienen que aportar al funcionamiento de la sociedad y la economía, ya que también les revierte en su rentabilidad muchos de los gastos que hace el sector público, como la educación o las infraestructuras.

¿Qué le parece la reforma que han hecho PNV y PSE?

Han vuelto a poner la exención a las participaciones empresariales, lo que nos parece un error. Primero porque no contabilizas la riqueza real y se da la situación ilógica que si un trabajador tiene una participación minoritaria en una empresa se le contabiliza como patrimonio y, en cambio, grandes propietarios que tienen participaciones de más del 5% en varias empresas esto no se les contabiliza como patrimonio. Hablábamos de la equidad horizontal. No es lo mismo una persona que tenga un patrimonio de tres millones de euros, que sea todo en inmuebles o en cuentas, y le cuentas el 100% de este patrimonio, que una persona que tenga tres millones de la misma forma y luego diez millones en una empresa familiar. La segunda tendría una riqueza de 13 millones, pero con el impuesto de patrimonio clásico pagarían lo mismo las dos personas. Y esto no nos parece lógico ni justo. Es mucho mejor la bonificación que la exención, porque te permite al menos la función censal de control de la riqueza. Si además la bonificación es inferior, mucho mejor para las arcas públicas. Hay gente que plantea que no haya bonificación, pero en este momento es complicado y la reacción en contra hubiera sido mucho mayor.

El IRGF tal como lo diseñaron funcionó dos años, ¿qué balance hace?

Muy bueno, fue un impuesto muy bueno, muy claro y que la gente lo aceptó muy bien. Afectó al 1,1% de la población, que fueron 7.800 personas el primer año y 8.000 el segundo, y con él recaudamos unos 60 millones al año, el 1,5% de la recaudación de la diputación, y el 0,29% del PIB. Es bueno porque fue muy bien recibido por la ciudadanía en general, ayudó a concienciar a la gente de que realmente había un cambio en la fiscalidad y que había la voluntad de intentar exigir más a los que más podían hacerlo, y al ser los riesgos más o menos acotados, no hubo una desbandada de capitales. Hubo unos pequeños movimientos, pero muy controlados. En 2013, fueron 49 personas las que se movieron por motivos fiscales. La clave fue que el capital no se sintió muy atacado. Si en vez de poner un 1% hubiéramos puesto un cinco, entonces sí que hubiera habido movimientos serios. La exigencia era bastante acotada, pero veníamos de cero y la presión [contra el impuesto] ha sido fuerte.

En un artículo en 'Sin Permiso' defiende el impuesto y subraya que sirvió para tapar agujeros del Impuesto de Patrimonio. ¿Cuáles?

Básicamente las participaciones en empresas familiares y el escudo fiscal, que es el límite conjunto entre la cuota a pagar entre el IRPF y Patrimonio, que era del 60%. Por ejemplo, si declaras una renta de 50.000 euros, no puedes pagar entre IRPF y Patrimonio más de 30.000. En algunos casos está muy bien, pero si hay una persona que tiene muy poca renta declarada porque tiene inmuebles que no saca en alquiler o porque tiene parte de sus activos en fondos de inversión que van acumulando la rentabilidad, ¿quiere decir que no tiene renta? No, pero lo que pasa es que no se está realizando y tiene un patrimonio grande y una renda pequeña. Y se pueden organizar los patrimonios para que den una renta pequeña y se pague poco. Por equidad había que quitarlo y para desincentivar prácticas que no son fraudulentas pero sí muy perjudiciales. De momento no han tocado el escudo en la modificación, pero me temo que tarde o temprano lo van a retocar. Si tienen el objetivo de la armonización fiscal a la baja, la sensación es que van a quitar el escudo, pero lo harán progresivamente para que no se note tanto en la recaudación.

¿Ahora que Catalunya está diseñando su Hacienda propia, le recomendaría un impuesto de este tipo?

Como mínimo, tiene que pelear la competencia para poderlo tener y para poder decidir sobre temas como la exención por la participación en empresas familiares y sobre el escudo. Me parece que es de justicia fiscal y social que la exigencia vaya un poquito más en relación con la capacidad económica real de los contribuyentes.