El Gobierno reformará la Ley integral contra la violencia de género para incluir a los hijos de las mujeres maltratadas también como víctimas directas, según el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que ha aprobado hoy y que tiene como objetivo reforzar la protección del menor.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Plan, dotado de 5.159 millones de euros, constituirá un marco de trabajo 'muy valioso' para articular tanto en el presente como en el futuro las políticas de infancia en España de una manera 'integrada y transversal'.

Proteger a los menores de la violencia es el principal reto de este Plan, para lo que contempla que los hijos de las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas sean víctima directas, reivindicación que ya hizo el PP cuando se encontraba en la oposición.

Para ello, se deberá reformar la ley aprobada en 2004, y cuyo objeto es actuar contra la violencia que 'como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia'.

El Gobierno quiere, asimismo, que los hijos de las maltratadas permanezcan con la madre en los casos de maltrato, si bien Mato no ha especificado si ello conllevará la retirada del régimen de visitas a los condenados por este tipo de violencia.

No obstante, fuentes del departamento que dirige Mato han señalado a Efe que el Ministerio ha creado en el seno de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género un grupo de trabajo para llegar a este punto El Plan, que conllevará la modificación de once leyes y consta de 125 medidas, consolida el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que servirán de herramienta para combatir abusos, y además introduce novedades en las adopciones.

Además, eleva dos años –de los 14 a los 16– la edad mínima para contraer matrimonio. Aunque en España la edad para casarse se sitúa en los 18 años, en el caso de los menores emancipados, aquellos que cuentan con un permiso judicial o aquellos cuya familia lo permite pueden contraer matrimonio a los 14 años, edad que ahora se eleva a los 16, para lo que será necesario modificar el Código Civil. Respecto al consentimiento sexual, Mato ha explicado que se elevará en línea con los países de nuestro entorno, con el fin de evitar abusos a los menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia.

El Ministerio ha optado por dar prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial, medida que parte de la comprobación médico-científica de que ayuda 'mucho más' al menor formarse 'en un contexto de relaciones sociales-familiares'. Así, los menores de tres años en situación de desamparo no tendrán que pasar por una institución, como hasta ahora, sino que se integrarán en 'familias de urgencia'.

Mato ha recordado que en España hay 35.000 niños bajo tutela o guardia, al tiempo que hay muchas familias que quieren adoptar y tienen que optar por hacerlo fuera de España. Las modalidades de acogimiento pasan de tres –simple, permanente y preadoptivo– a dos: temporal y permanente; y se introduce la figura de la 'guarda con fines de adopción', que posibilitará, por ejemplo, que un bebé dado en adopción nada más nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la definitiva la decida el juez.

Respecto a la salud, el Plan permite a los pacientes menores permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14, como hasta ahora, además refuerza la prevención de trastornos alimentarios y tratará de evitar la obesidad y el sobrepeso.

El Ministerio también pondrá en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil y unificará la edad de acceso al consumo de alcohol en los 18 años. En relación con internet, el Plan introducirá nuevos tipos delictivos en el Código Penal como 'ciberacoso' y potenciará los sistema de seguridad en la red, además, promoverá una actuación responsable de los medios de comunicación.