'El derecho a decidir es un reclamo nacionalista que se está disfrazando de exigencia democrática', decía el miércoles el presidente de Asturias, Javier Fernández, en medio de la tormenta política desatada entre el PSOE y el PSC y dos días despues de que los diputados de este último partido rompieran la disciplina del Grupo Parlamentario Socialista por primera vez en 35 años para respaldar la celebración de una consulta en Catalunya para que sus ciudadanos decidan sobre su futuro. 

En la manera en la que unos y otros entienden ese derecho a decidir parece estar una de las claves de la división entre los socialistas catalanes y españoles que está amenazando incluso la hermandad que han mantenido ambos partidos de las últimas tres décadas. Los primeros consideran que la consulta al pueblo catalán para que decida su encaje en el Estado constituye una herramienta imprescindible para zanjar el debate soberanista de los últimos lustros, que se ha encarnizado desde la manifestación de la última Diada, a raíz de los planteamientos del president de la Generalitat, Artur Mas, y del auge del españolismo de la derecha.

La diputada del PSC en el Parlament catalán y exconsejera Marina Geli, que forma parte del ala catalanista del partido que dirige Pere Navarro, recordaba el pasado miércoles en un artículo en Público que según algunas encuestas más de la mitad de la población de Catalunya se declara ya a favor de la independencia. La mayoría es aún más amplia, decía, en torno al derecho a decidir que respaldan casi el 80% de los ciudadanos. Por eso ha optado su grupo por exigir la consulta como derecho.

Desde el PSOE, en cambio, perciben el derecho a decidir como un recurso inviable en el marco jurídico español. Algunos de sus dirigentes más veteranos recalcan incluso que la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser consultados de la manera en la que lo plantean sus socios catalanes 'no es un derecho'. José María Txiki Benegas, histórico del socialismo vasco y hoy diputado en el Congreso, relega ese derecho a decidir a una 'reivindicación', en la misma línea defendida por Fernández la pasada semana.

El parlamentario argumenta, en declaraciones a este diario, que el reclamo que se formula desde Catalunya trata de aludir al derecho de autodeterminación de los pueblos que contempla la ONU, pero 'sin cumplir', en cambio, 'ninguno de los tres supuestos' que establece la organización internacional para reconocerlo: que el territorio esté colonizado, haya sido ocupado militarmente por otro país, o que sus ciudadanos sufran un apartheid.

'La Constitución no lo reconoce como tal, por lo que no puede ser considerado un derecho', añade por su parte otra histórica, la hoy presidenta del PSOE de Andalucía, Amparo Rubiales. Ella recuerda que en su artículo segundo la Carta Magna se fundamenta en la 'indisoluble unidad de España', por lo que no cabría, en su opinión, ninguna consulta de corte soberanista capaz de ser encajada en el marco normativo actual. De la misma idea es otro experto en política territorial, el exalcalde de Getafe y expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro: 'Nunca puede ser un derecho porque no tiene armadura jurídica', sostiene.

¿Qué hacer, por tanto, ante la exigencia de esa inmensa mayoría de catalanes que quieren decidir ellos mismos sobre el futuro de su pueblo y lograr así una mayor capacidad de actuación en su propio territorio? 'La fórmula es profundizar en el autogobierno', propone Benegas, antes de recordar que la Constitución es 'muy flexible' a la hora de permitir el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. El socialista reconoce, además, que 'no se está tratando adecuadamente' a Catalunya por la cuestión de la financiación. 

El diputado del PSE rememora la reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy en la que este último se negó a aceptar el pacto fiscal aprobado por el Parlament y que desembocó en la oleada independentista. Pero atribuye la responsabilidad de la situación actual a la propia CiU. 'Adolfo Suárez ofreció a [el expresident de la Generalitat, Jordi] Pujol el mismo concierto económico que a las provincias vascas y Pujol dijo que era muy duro gestionar impuestos y lo rechazó'. 

La solución que plantean tanto Rubiales como Castro pasa por la reforma de la Carta Magna en la misma clave federalista que lleva proponiendo la dirección federal de su partido con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza. La histórica dirigente socialista andaluza afirma que se trata de 'reconocer la diversidad dentro de la igualdad'. 'Se tiene que hablar y sentarse a negociar porque el problema territorial no está cerrado con la Constitución de 1978. Nunca se ha abordado el problema de fondo que es de las competencias, y creo que hay que fijarlas en la propia Constitución', recalca fiel a la línea oficial de su partido. 

Castro apunta, por su parte, que nunca se puede descartar de plano la idea de celebrar una consulta, si bien en el caso de Catalunya debería formularse sin tener ninguna aspiración jurídica. 'Una parte del país no puede decidir cómo es el país', sentencia.