Algunos de los presos a los que afectará la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la doctrina Parot son históricos jefes etarras, que han mantenido un alto grado de influencia dentro y fuera de las prisiones a pesar de los años de reclusión.

Según las organizaciones de apoyo a las presos de ETA, la decisión de Estrasburgo debe suponer la excarcelación inmediata de 56 presos de ETA, y perjudicó a otros 22 que, tras la prolongación de su estancia en la cárcel por la 'doctrina Parot', ya están en libertad.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior señala que son 61 etarras los que irían quedando en libertad en los próximos meses. Posteriormente el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz cuenta con otro grupo de otros 75 presos terroristas que abandonarían la cárcel en pocos años.

En estos listados figuran pesos pesados de la banda con una intensa actividad criminal que tras su arresto siguieron ejerciendo una ascendencia relevante en el Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) uno de los eslabones más influyentes del mundo etarra. Entre ellos está Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias Txikierdi. Beneficiado por la Amnistía de 1977, fue jefe de comandos, integró el comando de Madrid y el aparato de seguridad contra los GAL entre otras funciones. Con seis asesinatos y 374 años de condena ingresó en prisión donde durante años ejerció como portavoz del Colectivo de Presos, una función que abandonó en 2011.

Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros es otro de este perfil de etarras. Condenado como inductor del atentado contra el Hipercor de Barcelona fue jefe del aparato militar de ETA. En marzo de 2009 fue acercado desde la cárcel de Puerto I (Cádiz) (donde se agrupa a los etarras más irredentos) hasta la prisión zaragozana de Zuera. En aquella época el penal aragonés era el laboratorio en el que Interior trasladaba a los etarras que daban signos de distanciarse de ETA y por esa misma razón eran señalados por el entorno de la banda. Pese a ello, Santi Potros nunca fue expulsado del Colectivo como sí sucedió en otros casos.

Iñaki Arakama Mendía, alias Makario, es otro histórico de ETA al que se le aplicó la doctrina Parot tras un pasado sangriento como militante de ETA. Ya en prisión, en el año 2005 firmó junto a otros presos relevantes como Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, una carta en la que planteaba el abandono de las armas. Se trataba de una época todavía en la que esos planteamiento se entendían como un desafió a la organización criminal, que continuaba con los atentados. Pese a ello tampoco fue expulsado.

También está Josu Amantes Arnaiz, alias Txirlas, quien formó parte del aparato político desde 1986 hasta su detención en 1992, una de las etapas más sangrientas. En aquellos años los ascensos en la banda no eran tan meteóricos como han sido en la última época en la que la ausencia de militantes y los sucesivos golpes policiales obligaban a rellenar puestos vacantes con militantes de escasa trayectoria y preparación. Otros nombres relevantes son el de Jesús María Mendinueta Flores, jefe del comando Vizcaya de ETA desarticulado en 1991 o José Javier Zabaleta Elósegi, alias Baldo, considerado el números dos de ETA y jefe del aparato logístico hasta su arresto en 1990.

Además de los ya citados hay más de 40 terroristas que podrían salir de prisión que cuentan con numerosos delitos de sangres. En este grupo destacan Domingo Troitiño con 22 asesinatos en su historial criminal entre atentados con resultado de muerte y asesinatos directos. Por estos crímenes ha cumplido 26 años de cárcel, apenas un año y un mes por cada asesinato. Por su parte, el etarra Juan Carlos Arruti Azpitarte cuenta con 24 asesinatos por los que lleva 24 años en prisión. En su caso la media sale a un año exacto por cada vida.

También hay 6 miembros de los GRAPO, uno de los GAL (Ismael Miquel), otro independentista gallego así como 15 violadores y otros delincuentes graves.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la denominada doctrina Parot no afecta sólo a miembros de la banda terrorista ETA, sino que también podría poner en libertad a una quincena de peligrosos delincuentes condenados a decenas de años de cárcel. Entre ellos se encuentran al menos ocho agresores sexuales que acumulan un total de 98 violaciones muchas de las cuales generaron una gran alarma social en España.

Pablo Manuel García Ribado, uno de los violadores del portal, tiene una condena de 1.721 años, dos meses y 15 días. Él sólo cuenta en su historial criminal con 74 violaciones además de seis agresiones sexuales, diez robos y dos delitos de lesiones, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Muchas de sus acciones las realizaba junto a otro violador llamado Antonio Barroso. García Ribado y su cómplice fueron una de las principales preocupaciones de la Policía en el Madrid de principios de la década de los noventa pese a que apenas tenían 25 y 24 años. García Ribado fue detenido después de que en un control rutinario a dos agentes les llamasen la atención la negrura de sus uñas, una de las características que advertían sus víctimas a los investigadores (trabajaba en un taller mecánico). Fue detenido el 14 de octubre de 1993 por lo que habría permanecido 20 años en prisión, es decir, algo más de tres meses por cada violación.

El siguiente con más violaciones en su haber es Pedro Luis Gallego Fernández. Actualmente tiene 56 años de edad y fue condenado a 273 años, dos meses y 16 días por un total de diez violaciones y los asesinatos de Marta Obregón, una menor de 17 años, y Leticia Lebrato, de 22 años. Era conocido como El violador del ascensor porque aprovechaba su trabajo como reparador de ascensores para colarse en los portales donde asaltaba a sus víctimas. Su primera violación la realizó en 1976 (con solo 19 años) y desde 1979 ha salido varias veces de prisión en las que ha vuelto reincidir en su conducta delictiva.

En la lista que maneja el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz también figura Arturo Abal Iglesias, condenado a 96 años de cárcel por seis violaciones y uno de los nombres propios de la crónica negra de España, Miguel Ricart Tárrega, condenado por el triple crimen de Alcàsser. En compañía de Antonio Anglés (en paradero desconocido), raptaron, violaron y asesinaron a tres niñas que hacían autostop para asistir a una fiesta de Instituto. Ricart, tiene una condena de 186 años de cárcel, cinco meses y 18 días. Podría quedar en libertad tras 21 años de prisión.

Otro nombre que genera una especial alarma social es el de Juan Manuel Valentín Tejero, condenado a 64 años y nueve meses de cárcel por la violación y asesinato de la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992. El propio Valentín Tejero admitió haber asesinado a la menor golpeándola con una barra de hierro. Estos hechos ocurrieron cuando Valentín Tejero disfrutaba de un permiso extraordinario de salida de prisión.   En situación similar se encuentran Habit Diop Seydi, condenado a 38 años y diez meses por dos violaciones; José Sánchez, condenado a 61 años y diez meses por agresión sexual y varios robos con violencia y Pedro José Romero Hernández, condenado a 32 años y dos meses por tres delitos de detención ilegal y un robo con violación  

Entre los que se beneficiarían de una sentencia favorable a los intereses de la etarra Inés Del Río Prada también se encuentran asesinos múltiples como los ex policías nacionales Manuel Lorenzo Vázquez y Manuel Jesús Vela Martínez, condenados ambos a 220 años de cárcel por secuestrar en 1994 en Pontevedra a seis miembros de una familia para cobrar un dinero por su rescate. Finalmente asesinaron al padre, a la madre y a una de las hijas.