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El hombre de confianza de Feijóo en Ourense será juzgado por malversar ayudas europeas

La jueza ordena la apertura de juicio oral contra Rogelio Martínez, ex delegado de la Xunta en la provincia natal del presidente, y otros diez técnicos, concejales y particulares vinculados al PP

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Xosé Luis Baltar, padre del Xosé Manuel Baltar, actual presidente del PP de Ourense, junto a Alberto Nuñez Feijóo

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribadavia (Ourense) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el que fuera durante seis años el hombre de Alberto Núñez Feijóo en la provincia, Rogelio Martínez González, al considerar que existen suficientes indicios de que él y una decena de cargos, técnicos y particulares vinculados al Partido Popular idearon y ejecutaron una trama corrupta para obtener fondos europeos para financiar varios proyectos inexistentes o parcialmente ejecutados mediante la emisión de facturas y certificaciones de obra falsas.

La jueza desestima así la petición de sobreseimiento de los imputados y también la del fiscal, y da vía libre a la demanda de la acusación popular, representada por la Asociación para o Progreso de O Ribeiro, que reclamaba para los acusados penas que suman más de cien años de prisión y casi otros tantos de inhabilitación, además de las correspondientes multas.

El juicio pondrá fin a varios lustros de irregularidades que apuntan directamente al tipo al que Feijóo fio su representación política, y casi personal, en su provincia de nacimiento.

Rogelio Martínez González, alcalde durante 30 años de la localidad de Arnoia, y fue nombrado delegado de la Xunta en Ourense en mayo del 2009, un mes después de que Feijóo, natural de Os Peares, municipio ubicado a 50 kilómetros de Arnoia, fuera nombrado presidente del Gobierno autonómico.

Hasta entonces Martínez había compaginado la Alcaldía con la Vicepresidencia primera de la Diputación de Ourense, que entonces presidía Xosé Luis Baltar y cuyo hijo, Xosé Manuel, heredó de su padre el cargo que hoy sigue ocupando.

Feijóo lo cesó en octubre del 2015, aunque Martínez llevaba siendo investigado varios años. De hecho, el caso se remonta a finales de la década de los noventa y principios de los años 2000, y se refiere a dos proyectos diferentes: la construcción de una planta de tratamiento de biomasa en Arnoia, y la construcción de cinco talleres artesanales en la misma localidad.

En el caso de la planta de biomasa, una empresa sin aparentes vínculos con la actividad de reciclaje y protección medioambiental, Entidad Actividades Culturales y Turísticas SL ACTUAR, presentó en 1999 un proyecto para la construcción del complejo al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño (CEIVAM).

Los grupos de acción local son entidades sin ánimo de lucro encargadas de dinamizar la economía de un territorio rural mediante la gestión de las ayudas de la UE con cargo a los antiguos fondos Leader. La planta de biomasa se presupuestó en más 78.000 euros, y el administrador de ACTUAR, Gumersindo Álvarez Rodríguez, presentó una solicitud de ayudas al CEIVAM, cuyo presidente era el alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez. El CEIVAM aceptó cofinanciar el 50% de la obra a través de las ayudas Leader.

La planta de biomasa se presupuestó en más 78.000 euros, y el administrador de ACTUAR, Gumersindo Álvarez Rodríguez, presentó una solicitud de ayudas al CEIVAM, cuyo presidente era el alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez. El CEIVAM aceptó cofinanciar el 50% de la obra a través de las ayudas Leader. Según la acusación a la que la jueza ha dado validez, Álvarez cobró las ayudas, de más de 40.000 euros, pese a que nunca llegó a construir la planta según estaba redactada en el proyecto, y cuya ejecución, sin embargo, fue certificada por el ingeniero autor del mismo, Miguel Reza Paz.

Lo que sí se hizo para dar apariencia de legalidad al chanchullo fue, según la acusación particular “reconstruir un galpón” en un monte que el Ayuntamiento de Arnoia había adquirido poco antes a tal efecto, y cuya reforma fue encargada a la firma Covelo SL Proyectos y Contratas, propiedad de Gumersindo Álvarez Martínez [no confundir con el promotor del mismo nombre y primer apellido], este último con vínculos de parentesco con el alcalde.

Tanto el gerente del CEIVAM, el concejal de Arnoia Juan Emilio Aparicio Estévez, como su responsable financiero, el secretario municipal Pablo Fernández Loureiro, “autorizaron el abono en diferentes pagos del importe de la subvención” pese a conocer las irregularidades existentes y conscientes de que el alcalde era sabedir de las mismas.

El caso de los talleres artesanales es igual de enrevesado. Otros cuatro acusados (Alfredo Gutiérrez Vázquez, Severino Vieira Nieto, Ramón Souto Domínguez, Adrían Souto Prado y María del Carmen Gallego Nespereira) presentaron también al CEIVAM solicitudes de ayudas con cargo a los fondos Leader para la construcción de sendos talleres artesanales para la elaboración de cerámica, forjas, pan, madera y orfebrería.

Las subvenciones debían cubrir parte del afirmado y pavimentación de las parcelas donde se ubicarían, y su presupuesto era idéntico en los cinco casos: 1.583,68 euros.

Las cinco solicitudes de ayuda fueron firmadas, además, el mismo día. Y de nuevo su ejecución fue certificada por el ingeniero Miguel Reza y validada por los responsables del CEIVAM (su presidente y alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez; su gerente y concejal de la localidad, Juan Emilio Aparicio Estévez; y su responsable financiero y secretario municipal, Pablo Fernández Loureiro) a pesar de que, según obra en los autos, “no se habían ejecutado” tales trabajos.

Por todo lo arriba citado, la jueza acusa a Rogelio Martínez, a Juan Emilio Estévez, a Pablo Fernández Loureiro y a Gumersindo Álvarez Rodríguez de los delitos continuado de falsedad en documentos públicos, de fraude en subvenciones y de malversación de fondos públicos.

A Gumersindo Álvarez Martínez y a Miguel Reza Paz los acusa de falsedad documental y de fraude de subvenciones. Y a los cinco propietarios de los talleres aertesanales, de un delito de fraude en la subvención pública. Además, la jueza exige a los acusados que depositen una fianza solidaria de 106.283 euros.

Los portavoces de la acusación particular, la Asociación para el Progreso do Ribeiro, recuerdan que denunciaron los hechos ante las instancias política y administrativa, pero que la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural, encargada de fiscalizar el correcto uso de las ayudas de los planes Leader, no empezó a investigarlas hasta cinco años después: “Los concejales socialistas de la comarca lamentamos haber tenido que ejercer la acción popular por nuestra cuenta, junto a los compañeros del Bloque Nacinalista Galego, para que se juzguen delitos que la Fiscalía debería perseguir de oficio”.

“Este caso es un símbolo de los numerosos atropellos y abusos en la gestión de fondos públicos en la comarca de O Ribeiro. Fueron muchas las irregularidades, muchos fondos europeos gestionados con secretismo y falta de transparencia en beneficio de intereses particulares”, prosiguen, concluyendo con este deseo: que la justicia obligue a los culpables a devolver el dinero malversado.