MADRID.- Ni cometió delito ni desobedeció al Tribunal Constitucional al permitir la consulta del 9 de noviembre de 2014. El diputado y exportavoz del Govern Francesc Homs ha sido tajante esta mañana ante el Tribunal Supremo al explicar su participación en la consulta, un proceso "imparable" frente al que defiende soluciones políticas.

Homs sólo ha respondido a las preguntas que le ha realizado el juez instructor, el magistrado Andrés Palomo, y se han negado a responder a las preguntas del fiscal del caso, Jesus Moreno. Su equipo de defensa no ha hecho preguntas.

La declaración de Homs ha durado cerca de dos horas y se ha centrado en que considera que no cometió delito alguno porque la suspensión cautelar dictada previamente por el Tribunal Constitucional era "inconcreta".

El decreto del TC contenía una prohibición  muy “genérica” y "no concretaba qué ámbitos” quedaban dentro y fuera de dicha prohibición, ha explicado Homs según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El magistrado ha incidido en un escrito firmado por el propio Homs que dirigió de respuesta a una empresa contratada para diseñar programas informáticos de cara a la consulta, , en la que aclaraba que los trabajos encargados no estaban afectados por la suspensión cautelar del TC. En la carta, Homs advierte a la compañía "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" y pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.

El político ha enmarcado el proceso del  9-N dentro del ámbito político, ha hecho un alegato sobre la participación ciudadana en la consulta y ha relatado que era un proceso imparable, no en vano participaron dos millones y medios de personas en dicha consulta no vinculante.

Politización de la Fiscalía

Al comienzo de su declaración ante el Supremo, Homs ha cuestionado la politización de la Fiscalía, que pasó de no ver delito en el proceder del Govern frente a esta consulta a abrir una causa contra los máximos responsables del gobierno de la Generalitat en 2014 de este proceso, entre los que se encuentran Homs y el expresident Artur Mas.

Para ello, ha expuesto que los fiscales adscritos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) descartaron que hubiera delito en la consulta del 9-N. En cambio, el ministerio público dio un giro posterior y acusa a Mas, Homs, a la entonces vicepresidenta Irene Rigau y a la exconsejera Joana Ortega de los delitos de desobeciencia, prevaricación y malverasión de caudales públicos.
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Homs considera que el cambio de criterio del ministerio público fue realizado bajo instrucción de la Fiscalía General del Estado que entonces dirigía Eduardo Torres Dulce.

El fiscal Jesús Moreno ha intervenido al final de la declaración para

Fiscalía, "brazo armado del PP"

Homs ha comparecido en una rueda de prensa posterior, arropado por la plana mayor de su partido, para explicar que la consulta del 9-N fue "claramente legal", que el Gobierno catalán actuó "de acuerdo con los mandatos del Parlament de Catalunya" y que se trata de una causa política.

"Su actuación no se sostiene por derecho sino por intentar impedir lo que hacemos en Catalunya de forma democrática y pacífica", ha aseverado en referencia a la postura del Gobierno al tiempo que ha añadido que existe una "obsesión política partidista" por parte del Partido Popular que, según defiende, no sabe abordar "con sentido de estado" la cuestión catalana.

En su intervención, Homs ha acusado a la Fiscalía que ser un "brazo armado del PP", porque ha actuado bajo su instrucción.

Es más, Homs ha llegado a decir que tiene la sensación de que la sentencia abierta por el 9-N está ya dictada. La sentencia está "muy cocinada" y cree que está redactada antes de empezar. No espera una sentencia absolutoria y "políticamente no va a acatar" la resolución judicial del Supremo,