El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue alertado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de que era investigado por la Audiencia Nacional, según se desprende del escrito de la Fiscalía que se opone a su excarcelación dictada por el juez de la Operación Lezo.

Los fiscales basan su conclusión en la escucha judicial grabada en el despacho del expresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González el 6 de marzo de 2017. En la reunión participaron Ignacio, Pablo e Isabel González, todos ellos hermanos y políticos del PP.

La conversación de los hermanos González interceptada “evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del Secretario de Estado de Seguridad”, indican los fiscales Anticorrupción del caso en el escrito en el que se oponen a la libertad de González.

Los seguimientos policiales realizados a Pablo González y las llamadas interceptadas confirmarían que dos días después de esta cita de los hermanos, Pablo González se reunió con el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, expone el escrito.

"El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el Secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar”, sostienen textualmente los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García.

Puestos en contacto el Ministerio público, la Fiscalía Anticorrupción aclara que la expresión recogida en su dictamen "en modo alguno quiere imputar ningún delito" al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto "chivatazo".

Esta escucha fue autorizada por el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 que llevó el caso, Alejandro Abascal, quien autorizaba las grabaciones policiales en función de las reuniones. El micrófono fue colocado en el despacho tras forzar la puerta por la policía, y en presencia del secretario judicial.

Con estos antecedentes, el riesgo de destrucción de pruebas en el caso de que González fuera excarcelado “es evidente si se tiene en, cuenta que se ha iniciado la verdadera actuación judicial y que se ha acopiado numerosa documentación en los registros que está pendiente” de analizar, indican los fiscales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recurrió a policías, políticos, fiscales y jueces para lograr la impunidad, según sostiene este escrito del ministerio público en el que se opone a su excarcelación.

El escrito de la Fiscalía remitido a las partes tiene 38 páginas censuradas, al estar la investigación bajo secreto. Pero de su lectura se trasluce el alcance de la supuesta organización criminal liderada por Ignacio González.

El ministerio público sostiene que González y su socio principal, Edmundo Rodríguez Sobrino, amplió “su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones”, sostienen los fiscales.

Ignacio González, en su declaración judicial del pasado 21 de abril, reconoció haber recurrido a “alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar a quién”.

Los fiscales sostienen que el propio González reconoció al juez de la Audiencia Nacional del caso Lezo, Eloy Velasco, que contactó con un alto mando policial para saber si era investigado.

​La Fiscalía se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid porque “la realidad judicial de España ha demostrado que en otros casos de notoriedad pública en los que igualmente era impensable la huida, esta se produjo”, sostiene Anticorrupción al aludir, sin citarla, a la fuga de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil. “El carácter público del investigado dificultaría su ocultación en España, no así en otros estados”, apostilla el ministerio público.

Ignacio González expone en su recurso que tiene arraigo familiar suficiente para no eludir la acción de la Justicia, pero la Fiscalía expone a la Sala de la Audiencia Nacional que esto no elude el riesgo de fuga del expresidente de Madrid:
“Sobre la familia del investigado –dice-, lejos de ser un indicativo de estabilidad social y arraigo, debe destacarse que la mayor parte de los miembros de la familia de González presuntamente han intervenido en las actividades investigadas. En este sentido, el recurso a ‘la familia’ como indicativo de arraigo pierde la trascendencia que habitualmente se otorga”.

La Fiscalía Anticorrupción también se opone a dejar libre al presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, ya que las “inversiones fraudulentas presuntamente realizadas en terceros países” y la existencia de un “capital oculto” facilitaría que pueda iniciar su vida en un tercer país.