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Imputados en las listas: "Haberlos, haylos" 

En la Comunidad de Madrid pretenden repetir mandato alcaldes que se las han tenido que ver o verán con la Justicia, como los de Brunete (acusado de intentar comprar a una concejal),  o Las Rozas (prevaricación en permuta de terrenos)

El alcalde de la localidad malagueña de Manilva./EFE
El alcalde de la localidad madrileña de Brunete./EFE

SAGRARIO ORTEGA/EFE

Es un discurso recurrente de los partidos, sobre todo a las puertas de las elecciones: no llevarán a imputados en sus listas. Una declaración de principios que otra vez quedará simplemente en eso, porque a la cita del 24 de mayo concurren decenas de candidatos a los que la Justicia les pisa los talones.

Y eso que algunos partidos se han afanado en hacer una especie de "casting" para evitar los "garbanzos negros" en sus listas. Incluso, otros, como Ciudadanos, ha llevado a cabo una ardua labor de investigación para separar la paja del trigo.

¿De imputado a concejal? Pues puede ser. Los ciudadanos de Manilva (Málaga) tienen todas las papeletas para que así sea. La mitad de los candidatos a su Alcaldía están imputados. Un caso tan curioso como el de La Oliva, en Fuerteventura, donde de ocho de los aspirantes a presidir el consistorio, cinco andan inmersos en causas penales.

Cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, amenazas, lesiones, blanqueo, cobro de comisiones ilegales, falsedad en documento, estafa, fraude, corrupción urbanística... Son delitos que aún pesan sobre decenas de candidatos imputados, una palabra que el actual Gobierno quiere desterrar para pasar a denominarse investigado y luego encausado cuando haya auto formal de acusación.

¿De imputado a concejal? Pues puede ser. Los ciudadanos de Manilva (Málaga) tienen todas las papeletas para que así sea. La mitad de los candidatos a su Alcaldía están imputados.

Si el partido en el que ha militado desde siempre le ha puesto alguna traba por ser sospechoso de alguno de estos delitos, algún aspirante imputado no ha desistido de su deseo de trabajar por sus conciudadanos y se ha cambiado de siglas o, incluso, las ha creado.

Un caso de "cambio de chaqueta" obligado es el del expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, entonces en las filas del PP y quien llegó a estar entre rejas por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Púnica. Pagó una fianza de 30.000 euros, pero sigue imputado y quiere ser el alcalde del municipio leonés de Cuadros por la Agrupación Independiente de ese pueblo.

No dejamos Castilla y León porque otro ilustre munícipe, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, que aspira a la reelección, ya se ha sentado en el banquillo procesado por un delito de desobediencia a una sentencia que declaraba ilegal convertir unos trasteros en áticos en el edificio en el que vive.

Otros imputados han "obedecido" a sus líderes y, o bien han dimitido antes de que llegaran a diseñarse las listas, como la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, imputada por el caso Brugal, o han dejado su puesto en la candidatura, como la exconcejala en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, supuestamente relacionada con una trama de corrupción.

Algunos, como la exregidora de Novelda (Alicante) Milagrosa Martínez, procesada en el Gürtel, ha decidido no repetir.

Pese aunque aún no está imputado, en el fragor de la batalla electoral saltó el caso del presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, sorprendido en una grabación contando billetes que podrían provenir del cobro de comisiones. Suspendido de militancia por el PP, ha delegado sus funciones en esa institución hasta las elecciones, pero mantiene su candidatura al Ayuntamiento de Xátiva.

Más tranquilo afronta la campaña el candidato de CC a presidente de Canarias, Fernando Clavijo, libre ya de imputaciones después de haber sido investigado durante varios meses por tráfico de influencias y prevaricación.

También en las islas, en La Gomera, el que presidiera con el PSOE el cabildo durante 24 años, Casimiro Curbelo, ya famoso como senador por un altercado con la Policía en Madrid y al que la Guardia Civil cuestiona el incremento de su patrimonio, quiere volver a ocupar ese puesto, y como su anterior partido ya no le acepta, ha puesto en marcha otra fuerza política para seguir en su empeño.

Hay al menos una decena de pueblos de Castilla-La Mancha que llevan imputados en sus listas, repartidos casi a partes iguales entre PSOE y PP, algunos por quitar multas de tráfico impuestas, además, por conductas temerarias.

Galicia tampoco se libra de ello y más de 20 alcaldes imputados tendrán su nombre impreso en las papeletas que se expondrán en los colegios electorales del día 24, muchos de ellos relacionados con la operación "Pokemon" y sus derivados.

Fuera de la carrera electoral ha dejado el caso "Mercurio" en Cataluña a los alcaldes de las localidades barcelonesas de Sabadell, Manuel Bustos, y de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, condenados a un año y cuatro meses de cárcel por un fichaje a dedo, el primero, y a 7 años de inhabilitación, la segunda. Sí aspira a la reelección el regidor de Vila-seca (Tarragona), Josep Poblet, imputado por el caso "Innova".

Igualmente, en la Comunidad de Madrid pretenden repetir mandato alcaldes que se las han tenido que ver o verán con la Justicia, como los de Brunete (acusado de intentar comprar a una concejal), Fuenlabrada (de acoso a un letrado) o Las Rozas (prevaricación en permuta de terrenos), por poner algunos ejemplos.

Las listas municipales en Andalucía tampoco andan a la zaga. Muchas son las papeletas salpicadas con nombres de imputados e, incluso, condenados. Como Rafael Gómez, conocido como "Sandokán", que repite con Unión Cordobesa como candidato a la Alcaldía de Córdoba y a quien la Justicia le impuso seis meses de cárcel por cohecho en el caso "Malaya".

Voten a quien quieran. Y que digan lo que digan. Porque imputados en las listas, haberlos, haylos.

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