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El Gobierno amenaza a García Page con imponer el almacén nuclear por la vía del "interés general"

El Ejecutivo busca la fórmula para dejar sin efecto la iniciativa manchega de declarar los terrenos protegidos e impedir la construcción del ATC en Villar de Cañas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

PÚBLICO/ EFE

La guerra abierta por el almacén nuclear de Villar de Cañas promete ser larga. Después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, contrario al proyecto, decidiera ayer comenzar los trámites para declarar la zona como espacio protegido e impedir su construcción, el Gobierno central ha advertido de que podría declarar el proyecto "de interés general" para asegurar su desarrollo.

En un acto junto a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el Gobierno estudiará "adecuadamente" la tramitación del gobierno manchego "para valorar si es una negociación de ámbito político o competencial". "El Estado puede tomar alguna declaración de interés general para determinadas actuaciones que pueda superar las limitaciones impuestas por la Comunidad Autónoma", ha dicho. "Si cada uno actúa dentro de sus competencias no hay nada que decir", en el caso contrario "ahí está la justicia que tendrá que decidir cuando hay discrepancia".

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear y las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción han anunciado que recurrirán en los tribunales cualquier intento del Gobierno de autorizar las obras tanto por la vía convencional como intentando declarar esta infraestructura de "interés público". En una rueda de prensa celebrada este miércoles, los ecologistas han argumentado que cualquier permiso sería "ilegal" después de la publicación hoy del inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en el entorno de la laguna de El Hito. "A efectos prácticos, las obras que se pretendían realizar gracias al visto bueno del CSN, quedan en suspenso", ha dicho Francisco Castejón, portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción..

El lunes el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó, con condiciones, la autorización para el emplazamiento del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), pese a que faltan varios informes técnicos y que algunos colectivos ecologistas y profesionales, como el Colegio de Geólogos, han mostrado sus dudas sobre la idoneidad de los terrenos.

En respuesta a la autorización del CSN, la Junta de Castilla-La Mancha anunció que comenzaría los trámites para ampliar de 1.000 a 25.000 hectáreas el espacio protegido de la Laguna del Hito e incluir en él los terrenos comprometidos para el almacén nuclear en una medida que obligaría al Gobierno central a respetar el espacio y a contar con la autorización de la Junta para el desarrollo de actividades.

La ministra Isabel García Tejerina ha dicho, no obstante, que la propuesta manchega todavía no está sobre la mesa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quien a su vez debe cursar una petición a la Unión Europea al tratarse de una zona que pertenece a la Red Natura, la red de áreas de conservación de la biodiversidad en la UE.

En una entrevista con la agencia Efe este miércoles, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha descartado que la decisión del Gobierno manchego vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del ATC y ha afirmado que la Enresa (la empresa encargada de los residuos radiactivos que albergará el almacén) podrá iniciar los trámites pendientes para la construcción "en los próximos meses". Además, ha acusado a la Junta de querer "hacer ruido". "Es lo que hace normalmente este tipo de gobiernos, sobre todo cuando inician una legislatura", ha dicho el ministro.

Los ecologistas han iniciado una campaña para solicitar el apoyo de los 217 municipios españoles "amenazados" por el futuro transporte de residuos nucleares de alta actividad a Villar de Cañas a la paralización del proyecto.

Solicitan también una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos, ya que el actual -de hace una década- está "obsoleto", que se identifiquen "las alternativas técnicas al ATC más seguras" y que se opte por la que sea "más aceptada socialmente".

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