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"Esos informes ¿quién los hace?", pregunta el CGPJ al juez investigado Ruiz de Lara

El Promotor de la Acción Disciplinaria quiere saber qué magistrados de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial elaboran los estudios que cuestionan algunos nombramientos de la cúpula judicial realizados por el órgano de gobierno de los jueces

El portavoz de la Plataforma por la independencia judicial, Manuel Ruiz de Lara

JULIA PÉREZ

El Consejo  General del Poder Judicial (CGPJ) quiere saber qué jueces realizan informes que críticos a sus decisiones a través de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Así se desprende del interrogatorio al que fue sometido el pasado viernes su portavoz, Manuel Ruiz de Lara, a quien se le abrió unas diligencias informativas mantenidas en secreto durante un año y tres meses, hasta que fueron comunicadas al afectado en agosto de 2016, como reveló Público.

"Esos informes que emite la Plataforma, ¿quién los hace?"; "¿Son personas individuales o es la propia Plataforma?" Una y otra vez el encargado de interrogar al juez -Antonio Fonseca-Herrero, el  Promotor de la Acción Disciplinaria- requería a Ruiz de Lara para que revelara la identidad de sus compañeros que denuncian con estudios las posibles arbitrariedades del órgano de gobierno de los jueces. O para que aclarara si existía una decisión previa de dicha asociación antes de difundirlos entre la carrera judicial, insistió durante ocho minutos de un interrogatorio que no duró una hora.

Ruiz de Lara negó haber elaborado estos informes, o haberlos conocido previamente.  A preguntas del Promotor, también aclaró que sus autores "quieren permanecer en el anonimato", al tiempo que aseguró a Fonseca-Herrero que los estudios no se someten a la aprobación de órgano internos.

La Plataforma es una asociación especialmente incómoda para el CGPJ ya que ha creado un Observatorio de Nombramientos, a través del cual señala las posibles arbitrariedades cometidas en la designación de la cúpula judicial.

Dichos nombramientos son claves en la Justicia: se trata de los cargos discrecionales que presiden desde las salas de los órganos jurisdiccionales, a las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o los magistrados del Tribunal Supremo.

Estas designaciones se rigen, en teoría, por los principios de mérito y capacidad. Pero la Plataforma ha denunciado desviaciones, como el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Murcia, Miguel Pascual Riquelme, elegido frente a Pilar Alonso Saura, otra candidata que ocupaba 1.160 puestos por encima del escalafón de la carrera judicial.

En la Plataforma "hay magistrados, abogados, notarios...", explicó Ruiz de Lara mientras aclaraba que él era el portavoz pero desconocía la identidad concreta de los autores de estos informes críticos al CGPJ que preside Carlos Lesmes.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial defiende la erradicación de toda influencia política en el ámbito del Poder Judicial, en especial del CGPJ cuyos miembros son elegidos por los grupos parlamentarios, tras la última reforma realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Es más, la citación de Ruiz de Lara para que compareciera ante Fonseca-Herrero se produjo tres días después que la Plataforma difundiera un vídeo donde denunciaba la politización de la Justicia y el pasteleo de los partidos políticos para repartirse los vocales del CGPJ.

En busca de más vinculaciones

El Promotor centró su interrogatorio en un torneo de debates entre varios jóvenes universitarios que Ruiz de Lara ha patrocinado en parte con dinero de su bolsillo, pagándoles el viaje y la estancia en Bruselas y París, en 2015, al igual que les ha invitado a alguna comida o cena. Al parecer, Fonseca-Herrero buscaba vincular estos desafíos de oratoria con la Plataforma crítica, según fuentes conocedoras de este interrogatorio.

El encargado de sancionar a los jueces también preguntó por la petición que Ruiz de Lara trasladó en 2016 a la embajada en Estados Unidos y al juez de enlace -Jorge Carrera-, ya que los jóvenes querían realizar allí un debate para formar parte de una competición internacional. La final se celebró en la Universidad de Harvard, pero los estudiantes no pudieron asistir por falta de dinero.

Ruiz de Lara negó todo ingreso o remuneración por parte de esta asociación estudiantil, que inicialmente se autodenominó Consejo General de Debate Judicial y ahora Liga Nacional de Debates. No tiene más ingresos, dijo, que su profesión como titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona.

También negó que, como decía en su primera misiva de presentación, formara parte de un grupo de magistrados que hubieran iniciado una formación de futuros opositores de manera gratuita. Fueron los estudiantes los que se lo propusieron, explicó, pero él no ha emprendido esta actividad. Si algún día decide hacerlo, aclaró al Promotor, solicitará "la compatibilidad" al CGPJ y "será gratuito para posibilitar que universitarios sin recursos puedan acceder a la carrera judicial", indican las mismas fuentes.

"Entonces, ¿usted es un benefactor? ¿Paga gastos a universitarios para que realicen actividades privadas en las que usted no tiene más participación que ir a verlos?", llegó a preguntar el Promotor. "Pues sí", respondió Ruiz de Lara. También fue preguntado sobre qué beneficio obtenía a cambio y respondió que "la satisfacción de ver a unos chicos que, en vez de estar en actividades menos formativas" se dedican a los debates y a los desafíos entre universidades. Pagó de motu proprio los gastos de algunos con los que mantiene amistad porque no tienen muchos ingresos, según aseguró a Fonseca-Herrero.

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