Publicado: 30.04.2015 23:35 |Actualizado: 30.04.2015 23:35

El inspector que vio compatible el 'holding' de Villarejo sancionó
a tres policías rasos

José Ángel Gago, mano derecha del director operativo de la Policía, firmó este abril la incompatibilidad de tres agentes: uno pilotaba helicópteros, otro daba clases y el tercero era portero de discoteca.

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MADRID.- José Ángel Gago es la mano derecha del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, que es quien dirige a los agentes al margen de cargos políticos.

Es considerado por el comisario José Manuel Pérez Villarejo como el jefe de gabinete de Pino, “a pesar de que ese puesto era desconocido en la Policía hasta estos momentos”, según le confirman a Público fuentes de diferentes sindicatos policiales. Es inspector destinado en Santander, pero Pino decidió llevarle consigo como su mano derecha. Según algunas fuentes, “cobra dietas como si estuviera en Santander y su sueldo asciende fácilmente a más de 3.000 euros”.

Tanto Pino como Gago, al igual que el comisario Villarejo, autodenominado agente encubierto, son miembros del Sindicato Profesional de la Policía y, como sindicalista, Gago forma parte del Consejo de la Policía, donde se dirimen las cuestiones laborales de los agentes, incluidas las incompatibilidades laborales. Para algunos sindicatos, “es una contradicción que la mano derecha del superjefe haga tareas sindicales, pero es así”.



Según la declaración realizada por el comisario Villarejo ante el juez que instruye el caso Nicolás, el inspector José Ángel Gago es el “jefe de gabinete del DAO” y fue la persona a la que el supermando policial le encargo verificar si las actividades mercantiles privadas que desempeña Villarejo son compatibles con la ley que rige a los funcionarios de la administración pública.

El informe de Gago asegura que las empresas de consultoría, de centros de estética o de venta de hortalizas (donde el comisario Villarejo acumula casi 16 millones de euros de capital y en las que desempeña funciones en el consejo de administración) no son incompatibles con su puesto de adjunto a la cúpula de la Policía, donde, según fuentes sindicales de la Policía, cobra un salario de alrededor de 5.000 euros.

Pero basándose en esa ley de funcionarios de la Administración Pública dictada en 1985, este mismo abril Gago estuvo de acuerdo en declarar la incompatibles las actividades de tres agentes rasos cuyo salario ronda los 1.500 euros.

Por ejemplo, es el caso del agente J.M, a quien se le ha abierto expediente disciplinario por incompatibilidad, por realizar “una actividad como piloto de helicópteros para el operador aéreo privado Intercopters”. La actividad de este policía, a priori “un hobby llevado a la profesionalidad”, según conocedores del caso, fue llevada a cabo simplemente durante dos horas y 20 minutos en el mes de enero, tres horas en febrero y una hora y 40 minutos durante el mes de marzo. Sin embargo, este agente tendrá que hacer frente a un expediente disciplinario.

Sin compatibilidad

Los otros dos casos, aseguran fuentes sindicales, “podrían ser más sancionables teniendo en cuenta que el Régimen Disciplinario de la Policía es más riguroso si cabe que la ley que rige al personal de la Administración Pública”. Se trata de los agentes (empleamos siglas falsas por su seguridad) L.P. y F.R, a quienes también se les abre un expediente disciplinario.

L.P. dio siete cursos durante los años 2010 y 2012 “sobre terrorismo yihadista en el centro privado Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE), sin haber solicitado ni tener el preceptivo reconocimiento de compatibilidad”. Choca esta afirmación en la resolución del Consejo de la Policía, de la que es vocal José Ángel Gago, teniendo en cuenta que según confirmó a Público el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, “no existe ninguna compatibilidad concedida a nombre de José Manuel Pérez Villarejo”.

El tercer caso es sin duda el que más a menudo se da en los Cuerpo de Seguridad y el que más castigado está. Las tareas relacionadas con la seguridad privada son incompatibles según el Régimen Disciplinario. Se consideran en este sector los porteros de discoteca y las actividades de detectives o guardaespaldas, entre otras. F.R., un agente raso cuyo salario ronda los 1.500 euros, fue pillado por sus jefes ejerciendo de portero de discoteca en Ibiza. Sus jefes de la Jefatura Superior de Islas Baleares detectaron que “desde al menos el año 2012 viene desempeñando en época veraniega funciones de seguridad y control de accesos en la Discoteca DC-10 de Ibiza”. Por ese motivo se envió su caso al Consejo de la Policía para que se abriera un expediente disciplinario por el que podría ser apartado durante dos años de su puesto policial e, incluso, expulsado del cuerpo.

Para las fuentes sindicales consultadas, “resulta chocante la conclusión de Gago sobre el comisario Villarejo, teniendo en cuenta que existe una denuncia ante la Secretaria de Estado de Seguridad en la que a Villarejo se le acusa de haber sido contratado por un importante empresario para hacer tareas de seguridad o investigación y que no se está investigando”. Este policía se refiere a la denuncia interpuesta por la doctora Elisa Pinto contra Villarejo, por haber prestado presuntamente servicios para el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, y que fue derivada a los juzgados sin abrir una investigación interna por el comisario Eugenio Pino.

De hecho, aunque fuentes cercanas a la dirección adjunta operativa de la Policía defienden a Villarejo alegando que él es accionista o miembro de los consejos de administración pero no trabaja, varias sentencias del Tribunal Supremo y la propia ley que rige a los trabajadores de la Administración Pública hace mención a que para ostentar cargos en los consejos de administración “debe estar expedida la autorización de compatibilidad”.

Hombre de confianza de Pino

El malestar dentro de los sindicatos policiales es grande. “Somos casi 70.000 agentes que trabajamos en condiciones muy duras y a los que no se nos deja compatibilizar por nada. Esta guerra que se ha desatado deja claro que las cosas se cuecen en las alturas entre los comisarios, mientras que a los agentes de a pie nos aplican la ley sin miramientos”.

Las fuentes sindicales y policiales consultadas aseguran que resulta “extraño que sea un inspector como José Ángel Gago quien realice un informe sobre un comisario. Claro, Villarejo sólo tiene por encima a Eugenio Pino, el DAO, pero por eso habría sido más estético entregarle la investigación a Régimen Disciplinario y no que la mano izquierda del DAO valore lo que hace su mano derecha”.

Las dudas de las fuentes consultadas se acrecientan después de hacerse pública la declaración del comisario Villarejo ante el juez que instruye el caso del pequeño Nicolás, investigación que ha desatado la guerra dentro de la Policía. Según Villarejo, hubo una reunión en el mes de octubre a la que asistieron el DAO, su jefe de gabinete, José Ángel Gago, el propio Villarejo y el inspector que investiga el caso Nicolás. Aunque el comisario Marcelino Martín Blas, que dirigía la investigación como jefe de la Unidad de Asuntos Internos, no fue invitado a la reunión, en ella se habló sobre la supuesta grabación en la que Martín Blas manipulaba pruebas. Es más, según Villarejo, “en esa reunión se habló de temas como que el comisario de Asuntos Internos estaba muy preocupado de quien había hecho esta grabación y esto lo dijo el Director Adjunto Operativo [Eugenio Pino]”.

Pero a pesar de haberse puesto de manifiesto un delito por parte del comisario Marcelino Martín Blas, según la declaración de Villarejo, y de no tener este ninguna denuncia por manipular pruebas, finalmente Eugenio Pino decidió destituir al jefe de Asuntos Internos y apartarle de la investigación. Sin embargo, el juez del caso del pequeño Nicolás ha decidido volver a restituir como jefe de la investigación del caso Nicolás y donde ya está imputado el comisario de la Policía Miguel Ángel Barrado y también a sus hombres para que continúen con la investigación aplicando la fórmula de enviados en comisión judicial. 

Los sindicatos de la Policía están a disgusto con este asunto que se ha creado entorno al DAO. Según el sindicato mayoritario SUP, "no queremos meternos en esta guerra porque creemos que supera la esfera policial y pasa a la política. Pero no nos gusta nada ver los nombres de comisarios en los periódicos, sobre todo si lo que hacen es cumplir órdenes ya sean judiciales o policiales".